Polémica en Brasil por la modificación de la Ley de Impeachment del Tribunal Supremo: “Ataque a la estructura del Estado de derecho”

(Desde San Pablo) A menos de un mes del inicio del año electoral en Brasil, el país se ha visto sumido en una crisis institucional que podría tener repercusiones en las elecciones presidenciales previstas para octubre de 2026. En el punto de mira de las críticas se encuentra la decisión tomada la semana pasada por el juez del Tribunal Supremo Federal (STF) Gilmar Mendes de modificar la Ley de Impeachment de 1950, impidiendo de hecho la posibilidad de iniciar procesos de impeachment contra los jueces del Tribunal. Solo el Fiscal General de la República podrá presentar acusaciones por delitos de responsabilidad contra ellos. Antes de la modificación de Mendes, la ley de destitución establecía que “todo ciudadano tiene derecho a denunciar ante el Senado Federal, los jueces del Tribunal Supremo Federal y el Fiscal General de la República (PGR) los delitos de responsabilidad que cometan”. Además, el quórum para la destitución de un juez del Tribunal se ha elevado ahora a dos tercios del Senado. Se necesitarán 54 votos de 81, mientras que hasta ahora bastaba con una mayoría simple. También se han eliminado dos secciones que suspenden el ejercicio del cargo y retienen un tercio del salario en caso de aceptación de la acusación de destitución. Por último, se ha prohibido la posibilidad de que los jueces sean juzgados por delitos de responsabilidad en función del contenido de sus decisiones.

Mendes justificó su decisión diciendo que la ley de 1950 había perdido su validez a la luz de las transformaciones institucionales introducidas por la Constitución de 1988, redactada cuando Brasil salió de la última dictadura militar (1964-1985). El juez dice que la posibilidad de que cualquier persona pida la destitución de un juez ha generado un ambiente de inseguridad legal, lo que ha llevado a “destituciones abusivas” por intereses políticos o luchas de poder, y no por delitos específicos de responsabilidad. “La práctica de acusar a los jueces, cuando se utiliza de forma abusiva o instrumental, no se limita a un ataque contra individuos concretos, sino que constituye un ataque a la propia estructura del Estado de derecho”, afirmó Mendes. En los últimos años, el STF ha acumulado decenas de solicitudes de destitución contra jueces, muchas de las cuales, según Mendes, se basan en divergencias jurisprudenciales o críticas políticas.

Si para el juez este uso masivo y repetido de la ley amenaza la independencia del poder judicial y el propio equilibrio de poderes, la opinión contraria la comparten tanto el poder legislativo como una significativa parte de los expertos. El presidente del Senado, Davi Alcolumbre, del partido Unión Brasil, ha criticado la medida, afirmando que una ley aprobada por el Congreso no puede ser modificada por una decisión monocrática de un juez. “Tengan por seguro que no me faltará el valor para hacer todo lo necesario para proteger el poder legislativo brasileño. Busco la moderación, busco la pacificación, busco el diálogo institucional, pero todos aquellos que intenten usurpar las prerrogativas del Senado Federal tendrán en todo momento un presidente del Congreso que se adelantará para defender la legitimidad del voto popular, porque lo que nos ha traído hasta aquí ha sido el sufragio a través de las urnas. Y es a esas urnas a las que debemos una explicación”, declaró Alcolumbre.

Para muchos juristas, la decisión de Mendes viola el principio de separación de poderes y el papel del Congreso como órgano de supervisión y control de los magistrados. Para Lexum, una asociación brasileña del sector, esta decisión es “incompatible con la separación de poderes” y socava el sistema de controles y contrapesos que estructura el constitucionalismo brasileño. “Al imponer condiciones que limitan la acción del Senado y el proceso legislativo en materia de responsabilidad política, la decisión compromete el mecanismo republicano de moderación mutua, indispensable para el equilibrio democrático”, se lee en un comunicado. Katia Magalhães, abogada especializada en responsabilidad civil, declaró al sitio web Gazeta do Povo que “hay varias solicitudes de inicio de un proceso de destitución en el Senado Federal, algunas de ellas derivadas de la movilización social. Gilmar Mendes invalida estas solicitudes contra él y sus colegas y concentra este poder en manos de una sola figura, el fiscal general, que, como sabemos, está alineado con él”. Según la periodista del Estado de São Paulo Carolina Brígido, en cambio, “la motivación es loable” porque “el proceso de destitución se ha utilizado como forma de intimidación (...) En tiempos de tensiones institucionales, una sola coma fuera de lugar es suficiente para detonar la bomba. El Congreso está insatisfecho con la Corte Suprema por motivos pasados, pero también por los planes futuros de iniciar procesos contra diputados y senadores acusados de irregularidades cometidas a través de las enmiendas parlamentarias”, es decir, fondos erogados por el ejecutivo sin necesidad de rendir cuentas.

El impacto en el caso Bolsonaro

La decisión llega en un clima de intensas críticas a los jueces del Tribunal por la gestión del proceso contra el ex presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años y 3 meses de cárcel por su participación en un plan de golpe de Estado. También se han dirigido críticas a la condena del general Augusto Heleno, condenado a 21 años de prisión. Heleno, de 78 años, padece Alzheimer, según la defensa. De hecho, la decisión de Mendes hace ahora casi imposible que una eventual futura mayoría bolsonarista en el Senado pueda iniciar procesos de destitución contra los jueces del STF, para luego nombrar magistrados favorables a Bolsonaro y a su amnistía. Para alcanzar el nuevo quórum, el bolsonarismo debería ganar 37 de los 54 escaños en disputa en 2026, un resultado considerado irrealizable, sobre todo por la fuerte polarización y la sólida presencia de la izquierda y los partidos de centro (el llamado centrão) no bolsonaristas en muchas regiones del país, en particular en el noreste. La situación se complica aún más porque el Senado ha prorrogado por dos años más el mandato del fiscal general Paulo Gonet, alineado con el Tribunal Supremo, y solo la Fiscalía General podrá presentar solicitudes de destitución, una hipótesis que se considera improbable. Gilmar Mendes también ha descartado que el fondo de las decisiones judiciales pueda utilizarse como base para acusar a un ministro de “delito de responsabilidad”, neutralizando así los principales argumentos de los bolsonaristas.

Si la decisión monocrática de Gilmar Mendes es confirmada por el pleno del STF en los próximos días, el Tribunal Supremo podría desempeñar un papel muy significativo en los próximos meses. “Esta decisión es la culminación de un año en el que la República está fuera de control y los poderes son ilimitados. El presidente Lula hace campaña electoral abiertamente a través de viajes y programas de televisión, la Cámara de Diputados legisla constantemente en su propio interés, el Senado intenta arrebatar prerrogativas al Ejecutivo y se venga del presidente con medidas ajenas al interés público. En resumen, todos se protegen y se atacan entre sí. ¡Los ciudadanos, que pagan impuestos (¡altos!) y sus salarios, pueden irse al infierno!”, escribe Eliane Cantanhede en O Estado de São Paulo.

Los jueces del Supremo, en la mira en vísperas del año electoral

El año 2026 será una prueba de fuego para Brasil, que llega a la campaña electoral presidencial con un gasto y una deuda pública críticos y con mucha polémica sobre los candidatos. Precisamente la semana pasada, el senador Flávio Bolsonaro, el primero de los hijos del ex presidente, oficializó su candidatura. “Con gran responsabilidad, confirmo la decisión del mayor líder político y moral de Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de confiarme la misión de continuar con nuestro proyecto nacional. No puedo, y no aceptaré, ver a nuestro país atravesar un período de inestabilidad, inseguridad y desánimo”, escribió el hijo de Bolsonaro en sus redes sociales. La reacción de los mercados fue inmediata, ya que vieron desaparecer, al menos por el momento, la hipótesis del gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas, considerado también por las encuestas como el candidato más fuerte contra Lula. Pocas horas después del anuncio, el dólar subió un 2 % frente al real.

El caso Bolsonaro ha servido de pararrayos para las recientes críticas contra el STF y el relator del proceso, Alexandre de Moraes, contra quien se ha lanzado la administración Trump, que acusa al Tribunal por la condena al expresidente y por la censura a las redes sociales estadounidenses como X. En los próximos meses, el juicio sobre las noticias falsas, cuyo ponente es Moraes, también influirá en la percepción pública del STF. Este juicio se prolonga desde 2019 y, según O Estado de São Paulo, continuará sin previsión de cierre “para disponer de una herramienta que permita investigar y contrarrestar cualquier nuevo ataque potencial contra el Tribunal, las instituciones y la democracia”. El caso se abrió para investigar la difusión de noticias falsas contra los jueces del STF, pero sin una solicitud del Ministerio Público y con Moraes elegido sin sorteo, prácticas poco habituales en el Tribunal. “También hay que levantar el secreto de sumario. De lo contrario, habrá dudas sobre lo que puede ocurrir”, declaró al Estado de São Paulo el jurista Miguel Reale Junior, exministro de Justicia.

En estos días, otro juez del STF, José Antonio Dias Toffoli, también ha recibido nuevas críticas. Tras anular las condenas de varios acusados de la operación Lava Jato, entre ellos Marcelo Odebrecht, en los últimos días se ha convertido en el relator del proceso relativo al Banco Master, sospechoso de un fraude colosal de 12.000 millones de reales (2.206 millones de dólares) y cuyo principal acusado, Daniel Vorcaro, fue puesto en libertad pocos días después de su detención. Toffoli ha impuesto el secreto de sumario sobre el caso. A raíz de su decisión, el Tribunal Federal ordenó a la Policía Federal que suspendiera todas las investigaciones sobre el caso y remitiera todo el procedimiento al Tribunal Supremo. Ayer, el periodista Lauro Jardim reveló que Toffoli había viajado en los últimos días en un jet privado junto con un exsecretario nacional de Justicia del Gobierno de Lula, que también es abogado del director de Cumplimiento Normativo del Banco Master. El motivo del viaje era asistir a la final de la Copa Libertadores en Lima, Perú, entre Palmeiras y Flamengo, dos equipos brasileños.

“A menudo se olvida que la corrupción es un delito que tiene víctimas. Con la decisión del ministro Toffoli de crear una ‘caja negra’ en el caso Vorcaro y Master, miles de empleados públicos estatales y municipales jubilados, estafados por el banco, se ven privados del derecho a seguir el proceso a través de la justicia (¡por la propia Justicia!)”, comentó la organización no gubernamental Transparencia Internacional. La ONG recuerda también en sus redes sociales que fue Toffoli quien suspendió el pago de la multa a J&F, propiedad de los hermanos Batista, “que habría ido a parar a los fondos de pensiones de PETROS y FUNCEF, cuyos jubilados aún tienen que pagar el precio de la corrupción, que se les retiene mensualmente de sus nóminas”.

A complicar esta desconfianza en las instituciones se suma también la penetración del crimen organizado. En una entrevista al sitio web de noticias Poder360, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (STJ), Herman Benjamin, declaró que la venta de sentencias descubierta por la operación Sisamnes de la Policía Federal en noviembre de 2024 puede estar relacionada con el crimen organizado, que se estaría infiltrando a través de empleados públicos que son cambiados continuamente, un fenómeno preocupante que él denomina “nomadismo”. “Es precisamente este nomadismo el que está relacionado con el crimen organizado. El proceso en cuestión ha terminado en la oficina del juez X, por lo que el empleado es trasladado a esa oficina. Por eso debemos replantearnos este nomadismo”, declaró Benjamin.