Estados Unidos lanzó este viernes un reclamo público a las autoridades del régimen nicaragüense, liderado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, a quienes calificó de dictadores, exigiendo la liberación inmediata de “todos los presos políticos”.
“Los Estados Unidos están vigilando”, advirtió la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado a través de la red social X.
El organismo destacó que “en estas fiestas, demasiados nicaragüenses verán en sus mesas asientos vacíos donde deberían estar sus seres queridos, mujeres y hombres detenidos injustamente o desaparecidos arbitrariamente por la dictadura Murillo-Ortega”.
En el mismo mensaje oficial, la administración del presidente Donald Trump remarcó: “Su dolor e incertidumbre son un recordatorio diario de la inhumanidad del régimen. Liberen ya a todos los presos políticos nicaragüenses”.
De acuerdo con el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas —avalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos— son al menos 62 los opositores y críticos del régimen que siguen tras las rejas en Nicaragua, entre ellos 18 adultos mayores y 28 en condición de “desaparición forzada”.
Figuran en la lista el ex comandante sandinista Henry Ruiz, en arresto domiciliario desde marzo, el ex asesor de Ortega Álvaro Baltodano, además de líderes indígenas como Brooklyn Rivera Bryan y varios militares retirados.
El reclamo estadounidense se produce después de que el mandatario norteamericano calificara a Nicaragua, junto a Cuba y Venezuela, como países “tomados por narcoterroristas”. Washington confirmó días atrás que estudia el aumento de aranceles en un 100% y la expulsión de Nicaragua del DR-Cafta (Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos), debido a políticas “irrazonables” en materia de derechos humanos y laborales.
En febrero, el secretario de Estado Marco Rubio también arremetió contra la dictadura sandinista, resumiendo que “se convirtió en una dinastía de familia con una copresidencia (Rosario Murillo, la esposa de Ortega) donde básicamente trataron de eliminar la iglesia Católica, todo lo religioso y todo lo que pueda amenazar el poder a ese régimen”.
En materia interna de la política nicaragüense, la Asamblea Nacional juramentó el jueves 27 de noviembre a cinco nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entre los cuales figuran tres jueces sancionados por Estados Unidos por su presunto apoyo a la “represión” contra opositores bajo el régimen de Ortega y Murillo.
Los designados son la ex fiscal general Ana Julia Guido, los jueces de apelaciones Octavio Rothschuh y Ernesto Rodríguez, la jueza de Bluefields Shura Bonilyn Welcome Crawford y el abogado y exsecretario político del Frente Sandinista en Boaco, José Manuel Fuertes Toledo.
Guido, quien también se desempeñó como subdirectora de la Policía Nacional y participó como guerrillera sandinista, recibió sanciones de Washington por “permitir y beneficiarse de las actividades represivas” del régimen, así como por “crear una unidad especializada que fabrica acusaciones contra personas manifestantes y que realiza procedimientos jurídicos contra ellas”.
Octavio Rothschuh y Ernesto Rodríguez, por su parte, están entre los jueces que despojaron de la nacionalidad a más de 300 disidentes, incluidos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, así como los obispos Rolando Álvarez y Silvio Báez, y fueron sancionados por Estados Unidos.
(Con información de EFE)
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