El gobierno de Luis Arce dejó la ejecución de la inversión pública en Bolivia en apenas 36,5 % hasta octubre de 2025, lo que representa “la cifra más baja de los últimos seis años”, según informó el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo.
El viceministro a cargo, Fernando Jiménez, atribuyó este bajo rendimiento a “una limitada capacidad institucional”, señalando entre los principales problemas la escasez de equipos técnicos y legales en las entidades ejecutoras, contratos mal preparados, alta rotación de personal y deficiencias en la supervisión y monitoreo de proyectos.
“Este porcentaje está muy por debajo del promedio observado en los últimos seis años”, afirmó Jiménez al señalar que el Ministerio de Planificación del Desarrollo trabaja en mejorar la eficiencia del gasto público. Sin embargo, según el viceministro, el bajo nivel de ejecución tendrá un impacto negativo en la tasa de crecimiento económico nacional.
El diagnóstico interno también reveló que una serie de proyectos con deficiencias. Por ejemplo, en una institución descentralizada de 112 proyectos evaluados, 25 presentan “serios problemas de ejecución”, incluidos diseños incompletos, como el caso de una planta cuya construcción carecía hasta de conexión eléctrica planificada.
Este panorama contrasta con periodos anteriores: según datos oficiales, en 2023 la inversión pública ejecutada alcanzó cerca del 66,3 % del presupuesto aprobado para ese año y fue el mejor desempeño de los últimos años. Sin embargo, en 2024 cayó al 50% del presupuesto asignado, lo que representa un retroceso respecto al año anterior.
Los datos recientes de inversión pública —36,5 % del presupuesto hasta octubre de 2025— representan una disminución significativa del gasto público, lo que puede generar consecuencias negativas en el desarrollo, infraestructura y crecimiento económico del país.
Desde 2014, Bolivia entró en un período sostenido de desaceleración económica, tras años de crecimiento impulsado por las exportaciones de gas y una inversión pública sostenida. Desde ese año, la producción de hidrocarburos disminuyó, los ingresos externos se redujeron y se agotó el modelo basado en exportaciones de materias primas, lo que limitó la capacidad del Estado para sostener inversión y subsidios.
Los síntomas de la crisis empezaron a sentirse en las calles en el primer trimestre de 2023 cuando se limitaron las transacciones en dólares y surgió un mercado paralelo de divisas donde la moneda norteamericana se cotiza por encima del tipo de cambio oficial, lo que provocó el incremento de los precios de la canasta familiar.
En paralelo hubo una importante pérdida del poder adquisitivo y periodos prolongados de escasez de combustible, ante las crecientes dificultades de importación. En 2025 el país entró en una recesión que se prolongará al menos hasta 2027, según proyecciones de organismos internacionales.
En medio de esta crisis económica, el nuevo gobierno encabezado por Rodrigo Paz asumió funciones el 8 de noviembre con el desafío de estabilizar las cuentas fiscales, asegurar el abastecimiento de combustibles y divisas, además de restablecer el flujo de inversiones.
En sus primeras semanas de gestión, el presidente aseguró créditos internacionales por más de 550 millones de dólares, suprimió algunos impuestos y anunció que hasta marzo se dictarán políticas de ajuste para estabilizar la economía del país, entre las que los economistas presumen la liberación del tipo de cambio y reformas en la política de subsidio a los combustibles, que constituye uno de sus mayores gastos públicos.
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