Persecución en Nicaragua: una mujer fue desaparecida por la dictadura por tener una foto del obispo Silvio Báez en su celular

La suerte de Eveling Carolina Matus Hernández quedó condenada por una foto que mantenía en su teléfono celular. Se trataba de la imagen del obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio Báez, quien se encuentra en el exilio desde abril de 2019, y en la que Matus puso la leyenda: “Mi verdadero líder”.

La empresaria de 36 años, madre de dos hijos, desapareció desde la tarde del 25 de junio de 2024, cuando agentes de la Policía Nacional la detuvieron sin orden judicial al salir de su negocio en Managua. Nadie volvió a informar oficialmente su ubicación, ni su situación.

Ese día, la Policía interceptó el vehículo en el que se movilizaba Matus junto a su esposo. Luego, la hicieron regresar al local de su empresa, una agencia de envíos llamada ASAP, propiedad de la mujer.

En ese allanamiento, realizado sin orden judicial, las autoridades confiscaron los bienes y clausuraron el negocio. Su esposo fue detenido y luego liberado bajo advertencia. A ella la mantuvieron retenida.

Según sus familiares, uno de los argumentos que dio la Policía para dejar a Matus Hernández detenida fue la fotografía de monseñor Báez encontrada en su teléfono celular.

“Nicaragua. A Eveling Matus le encontraron una foto mía en la que me llamaba ´su verdadero líder´ y por eso la Policía de la dictadura la apresó en junio pasado. Está desaparecida. Pido a Dios que sea respetada y puesta en libertad”, posteó en X, monseñor Báez, en septiembre de 2024, cuando se conocieron detalles de su detención.

Desde el 2018, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantienen una feroz ofensiva contra la Iglesia Católica de Nicaragua.

Según la investigadora Martha Patricia Molina, la Iglesia Católica había sufrido hasta julio de 2025, 1010 ataques, y 302 religiosos, entre sacerdotes, monjas, seminaristas, obispos y hasta un nuncio, debieron salir al exilio.

“Los religiosos/as han sido expulsados, prohibido su ingreso al país, desterrados o ellos/as, porque su vida corría peligro, fueron obligados/as a salir al exilio, la mayoría se ha reintegrado en otras comunidades extranjeras continuando así con la vida religiosa para los que fueron formados”, expone Molina en su informe “Nicaragua: Una iglesia perseguida”.

Monseñor Silvio Baéz fue el primero de los cuatro obispos que han sido desterrados de Nicaragua por la dictadura.

Matus Hernández es originaria de Jinotepe, en el departamento de Carazo. Estudió Publicidad y Mercadeo en la Universidad Centroamericana (UCA). Tras trabajar un tiempo en el área de publicidad de una empresa de telecomunicaciones, decidió crear la agencia de paquetería ASAP. Es madre de dos menores de edad.

Además de la fotografía de Báez, la Policía encontró en su teléfono fotografías que la mostraban participando en las manifestaciones ciudadanas de 2018. Todo eso se utilizó como “evidencia” para acusarla de “terrorismo” y “traición a la patria”.

Tras su arresto fue trasladada al Distrito III de la Policía Nacional, donde la mantuvieron en interrogatorios. Su esposo quedó en libertad días después, mientras ella era retenida.

El 3 de julio de 2024, la trasladaron en un autobús al llamado Centro Penitenciario Integral de Mujeres (EPIM). Pero cuando sus allegados acudieron para verla, las autoridades penitenciarias dijeron que no estaba registrada allí.

Durante 16 meses no se supo de ella. En al menos 22 ocasiones su familia solicitó información sobre ella al Sistema Penitenciario, sin respuesta alguna.

“Estuvo desaparecida, pero en octubre 2025 le permitieron ver a alguien de su familia, pero no a sus hijos que son menores”, informó el Monitoreo Azul y Blanco, una entidad de varios organismos de derechos humanos que da seguimiento a la situación de los presos políticos en Nicaragua.

Estas organizaciones consideran a Matus una presa política porque, aunque no tiene vida opositora, las razones de su detención y juicio fueron “su participación en las protestas del 2018 y le daba like a mensajes de Silvio Báez”.

En la consulta que hizo Infobae, el Monitoreo Azul y Blanco contestó que se sabe que Eveling Carolina Matus Hernández “tuvo juicio y la Fiscalía pidió 10 años de prisión por menoscabo a la integridad nacional (traición a la patria) y (difusión de) noticias falsas, pero no se sabe si ya hubo sentencia”.

El caso de Matus se definió como “desaparición forzada” porque fue detenida arbitrariamente, sin orden judicial, sin que se le informara el motivo, y después se le mantuvo sin proceso judicial y sin ubicación conocida.

El 24 de octubre de 2024 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Matus Hernández, en virtud del grave riesgo que implicaba su desaparición.

Al ver que el Estado nicaragüense no cumplió con dichas medidas, el 5 de marzo de 2025 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) amplió esas medidas de protección, ratificándolas el 27 de marzo. Exigió al régimen que revelara su paradero, permitiera contacto con sus familiares y abogados, garantizara su integridad física y mental, así como acceso a alimentación, medicamentos y atención médica.

El 30 de septiembre de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un comunicado denunciando la desaparición forzada de Matus. En ese pronunciamiento, reclamó su liberación inmediata y calificó las acusaciones de terrorismo y traición como infundadas.

El gobierno estadounidense consideró que su caso representa la continuidad de una política sistemática del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para silenciar voces críticas.