El periodismo independiente de Nicaragua enfrenta una crisis persistente que afecta a quienes ejercen la profesión, resultado de un éxodo masivo de comunicadores, condiciones laborales inestables y un ambiente de inseguridad.
Un reciente estudio presentado en Costa Rica por la Asociación de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) reveló que cientos de comunicadores siguen informando desde el exilio, en muchos casos sin derechos laborales básicos y bajo el temor constante a la represión transfronteriza.
El diagnóstico del PCIN advierte que la crisis limita seriamente el derecho de los ciudadanos a recibir información confiable y variada. La centralización de los medios y la narrativa oficialista impuesta por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo reducen de forma drástica el acceso a contenidos independientes.
El informe destacó que esta situación se agravó a partir de la crisis sociopolítica de 2018, que aumentó el número de periodistas expulsados y se vulneró la pluralidad informativa indispensable en la sociedad.
A través de entrevistas a 112 comunicadores desplazados, el informe señaló que quienes han logrado salir del país y se han reubicado en lugares como Costa Rica o Estados Unidos viven en condiciones de precariedad y desprotección. Muchos exiliados carecen de seguro, ingresos regulares o acceso a derechos básicos.
Según datos de la agencia EFE, los periodistas han debido priorizar la supervivencia personal y familiar, alternando el trabajo informativo con ocupaciones técnicas, oficios o emprendimientos para afrontar sus gastos cotidianos.
Angélica Cárcamo, directora de la Red Centroamericana de Periodistas, enfatizó en un encuentro realizado en Tegucigalpa, en fines de agosto, que Nicaragua es hoy el país más crítico para ejercer el periodismo en la región, con más de 200 comunicadores exiliados solo en Costa Rica y una criminalización permanente hacia quienes continúan ejerciendo dentro del territorio nacional.
Este fenómeno se inscribe en un proceso de deterioro de las libertades democráticas reflejado en el informe “Voces desplazadas: radiografía del exilio periodístico latinoamericano 2018-2024”, el cual documenta que al menos 913 periodistas se han visto forzados a abandonar sus países, un tercio de ellos de origen nicaragüense.
De acuerdo con el tercer Informe Trimestral 2025 de la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), desde 2018 han debido exiliarse 304 periodistas nicaragüenses y se han registrado 31 ataques o agresiones a comunicadores y medios entre julio y septiembre del año pasado.
El informe calcula que la represión ha provocado pérdidas superiores a USD 57 millones por confiscaciones, embargos, destrucción de bienes, pérdida de equipos y la desaparición de más de 500 empleos directos en medios independientes.
Una víctima visible es la periodista y promotora de lectura Fabiola Tercero Castro, quien, luego de 16 meses de desaparición tras un allanamiento policial en julio de 2024, reapareció en medios oficialistas en condiciones de control y vulnerabilidad, sin contacto personal ni autonomía comunicacional.
Este episodio, documentado por PCIN y reseñado por la vicepresidenta de la organización, evidencia los métodos de coacción y manipulación informativa empleados por el Estado.
Otro caso emblemático en la represión al periodismo en Nicaragua es el de Víctor Ticay, periodista que fue condenado a ocho años de prisión tras ser acusado de “traición a la patria” y “difusión de noticias falsas”.
Su detención y sentencia reflejan las tácticas del régimen nicaragüense para silenciar a las voces independientes, criminalizando la labor periodística y enviando un mensaje de intimidación a quienes intentan informar sobre la realidad del país. La condena contra Ticay simboliza el alto riesgo que enfrentan los comunicadores que desafían la censura y documentan abusos en este país.
(Con información de EFE)
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