Amnistía Internacional (AI) hizo público esta miércoles un informe en el que documentó casos sistemáticos de represión ejercida por el régimen cubano contra mujeres activistas, defensoras de derechos humanos y periodistas.
La organización demandó al líder Miguel Díaz-Canel el cese inmediato de estas prácticas y la aprobación de una ley integral contra la violencia de género.
El estudio de AI, titulado “Nos quieren calladas, pero seguimos resistiendo: prácticas autoritarias y violencia estatal contra las mujeres en Cuba”, recopila 52 testimonios que detallan situaciones de violencia ejercida por autoridades entre 2014 y 2025.
Entre los abusos identificados figuran registros corporales invasivos, desnudos forzados, estigmatización vinculada al género, la maternidad o la orientación sexual, así como el uso de amenazas hacia familiares para forzar el silencio o la renuncia a la actividad pública.
Johana Cilano Peláez, investigadora regional de la ONG y autora principal del informe, señaló que los relatos muestran cómo el régimen “utiliza el rol materno para intentar que las mujeres abandonen el activismo”. La investigación también resaltó amenazas de restricción de visitas, alimentos, medicinas y comunicaciones a quienes perseveran en la defensa de derechos, además del uso de presiones sobre hijos y parejas.
AI advirtió que la represión no afecta a todas las mujeres por igual. Las entrevistadas relatan que mujeres negras, residentes en barrios marginales o fuera de La Habana están especialmente expuestas a la violencia física y a formas más graves de hostigamiento.
Según Cilano Peláez, “las mujeres negras sufrían procesos más agravados y la violencia física llegaba antes que en el caso de las mujeres blancas. También vimos que activistas de barrios más empobrecidos o alejados de la capital eran más vulnerables”.
El informe denuncia la falta de una ley integral contra la violencia de género en Cuba, la existencia de un sistema judicial subordinado al poder político y la ausencia de mecanismos efectivos de denuncia, lo que asegura la impunidad y prolonga el riesgo para quienes levantan la voz.
Entre los casos relatados figura el de la periodista cubana Luz Escobar, quien desde su exilio en España describió vigilancia constante, censura, cortes de internet y hostigamiento a sus hijas y entorno escolar, lo que incidió en su decisión de abandonar el país. Escobar sostuvo que la denuncia pública sigue siendo la única vía: “Denunciar siempre vale la pena. El silencio no te protege: solo te aísla”.
AI acompañó el lanzamiento del informe con una petición internacional dirigida a Díaz-Canel y las autoridades cubanas para poner fin al acoso, aprobar legislación específica y aplicar medidas de protección para defensoras de derechos humanos. La ONG instó a la comunidad internacional a una vigilancia sostenida y subrayó la especial vulnerabilidad de quienes cuentan con menos recursos o visibilidad.
“Lo que vimos es que la represión contra las mujeres es sistemática y diferenciada. El Estado instrumentaliza la maternidad y castiga con más dureza a las que tienen menos visibilidad o recursos. Por eso se necesita una acción internacional sostenida”, concluyó Cilano Peláez.
El panorama en Cuba es crítico: el país caribeño lidera el ranking mundial de países con mayor cantidad de condenas por detenciones arbitrarias dictadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas (WGAD) desde 2019, de acuerdo con un informe difundido por la organización Prisoners Defenders.
Según el reporte, el WGAD emitió recientemente dos resoluciones adicionales referentes a 49 personas encarceladas por su participación en las protestas masivas del 11 de julio de 2021 (conocidas como 11J), lo que eleva a 93 el número total de casos reconocidos en suelo cubano en los últimos seis años.
Esta cifra coloca a la isla por encima de cualquier otro país, incluido Egipto, que figura en segundo lugar con 73 casos documentados de detenciones arbitrarias.
(Con información de EFE)
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