La captura en España de Wilmer Geovanny Chavarría Barre, alias Pipo, máximo cabecilla de Los Lobos, reactivó el proceso judicial que había sido extinguido en 2021 tras su falsa defunción. El gobierno ecuatoriano anunció que solicitará su extradición mientras la justicia de Cuenca declaró nulo el cierre del caso por el que cumplía sentencia cuando fingió su muerte.
El cabecilla fue detenido en Málaga durante una operación binacional que incluyó cooperación policial e intercambio de información con agencias europeas. Tras su captura, el tribunal que en 2021 declaró extinta su pena por muerte anuló esa resolución y dispuso que la sentencia por robo con muerte recupere plena vigencia.
El ministro del Interior, John Reimberg, afirmó desde España que Chavarría Barre “es responsable de al menos 400 muertes” y que durante años dirigió operaciones criminales desde prisiones ecuatorianas. El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, anticipó que, una vez extraditado, el cabecilla sería trasladado a la Cárcel del Encuentro, un centro de máxima seguridad en Santa Elena.
Alias Pipo fue sentenciado en 2010 a 25 años de prisión —reducidos después a 16— por un asalto armado en una agencia bancaria en Cuenca que dejó tres muertos y tres heridos. Alcanzó la prelibertad y, en 2021, presentó certificados falsos que registraban su fallecimiento por un supuesto infarto asociado a la covid-19. Con ese documento, su defensa obtuvo la extinción de su pena ante el Tribunal de Garantías Penales de Cuenca.
El cabecilla llegó a Málaga procedente de Marruecos portando una identidad falsa a nombre de un ciudadano colombiano. Las autoridades españolas confirmaron que alternaba residencia con Dubái y transitaba entre Europa, Oriente Medio y el norte de África. Su detención fue posible gracias a alertas migratorias, seguimiento documental y verificación de antecedentes impulsadas por unidades policiales europeas y ecuatorianas.
La defensa de Chavarría Barre alegó ante el tribunal de Cuenca que la reapertura del caso carece de fundamentos claros y cuestionó la validez jurídica del auto que anuló la extinción de la pena. Sostuvo que ninguna sentencia en firme ha invalidado el acta de defunción presentada en 2021 y pidió precisar la base procesal utilizada.
El expediente judicial señala que el formulario del INEC utilizado para registrar su defunción presenta anomalías y que una investigación fiscal determinó la falsificación del documento firmado por una profesional de salud. En 2022, la Fiscalía dispuso que cualquier actuación relacionada con su defunción solo pueda realizarse mediante trámite judicial, debido a la sospecha de manipulación documental y fraude procesal.
Tras conocerse la captura, el presidente Daniel Noboa la calificó como la detención del “objetivo de más alto valor”. Autoridades de seguridad destacaron la cooperación internacional, mientras organizaciones de derechos humanos señalaron la importancia de permitir supervisión independiente en los centros donde eventualmente sería recluido el cabecilla.
La detención de líderes criminales ecuatorianos en Europa replica patrones observados en otras redes latinoamericanas con presencia transnacional, donde cabecillas operan desde el extranjero para dirigir actividades ilícitas. Casos similares en Colombia y México evidencian la expansión continental de organizaciones aliadas con carteles internacionales, lo que ha obligado a reforzar mecanismos de extradición y cooperación binacional.
Un informe policial español confirmó que Pipo coordinaba operaciones desde Europa y financiaba atentados destinados a intimidar al gobierno ecuatoriano. El documento detalla conexiones con redes de narcotráfico en Países Bajos, Italia, Alemania y México, además de vínculos con minería ilegal.
Estudios sobre crimen organizado en la región señalan que la fragmentación carcelaria y las disputas entre bandas han impulsado la expansión de estructuras híbridas con proyección internacional. Estos análisis destacan que la movilidad transnacional y la diversificación criminal, incluida la minería ilegal, favorecen la consolidación de liderazgos desde el exterior.
Además, el retorno del cabecilla podría incidir en disputas internas de bandas y en la estrategia estatal contra organizaciones transnacionales.
El gobierno insistió en que la captura demuestra avances en cooperación internacional, mientras la justicia ecuatoriana recalca que la sentencia de 2010 sigue vigente y deberá cumplirse de acuerdo con la ley.
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