Persecución transnacional: denuncian asesinatos de exiliados nicaragüenses en Costa Rica y Honduras ordenados por el régimen de Ortega

El Colectivo de Derechos Humanos Nunca Más documentó nueve atentados por razones políticas cometidas contra opositores o disidentes en Costa Rica y Honduras bajo órdenes que se originarían en Nicaragua, y advirtió que otras cuatro muertes de exiliados en suelo costarricense deben investigarse como presuntas ejecuciones extrajudiciales.

El abogado Yader Valdivia, coordinador del área de documentación del colectivo, explicó que estas muertes no pueden analizarse como hechos aislados de criminalidad común, sino dentro de un patrón de persecución transnacional que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha extendido más allá de su territorio desde 2018, cuando comenzó la gran ola migratoria provocada por la represión estatal.

El informe del Colectivo Nucas Más, hecho público esta semana, parte de nueve casos que la organización sí clasifica como ejecuciones políticas. Entre ellos figuran dos sobrevivientes, Joao Maldonado y Nadia Robleto, atacados por sicarios en condiciones que los defensores consideran claramente vinculadas al régimen.

Joao Maldonado y su pareja, Nadia Robleto, fueron atacados el 10 de enero de 2024 cuando se movilizaban en San José, Costa Rica, por dos hombres a bordo de una motocicleta. Los dos sobrevivieron con graves heridas y posteriormente fue enviada a un tercer país para proteger su vida.

Los otros siete casos terminaron en muerte. Tres ocurrieron en Honduras y cuatro en Costa Rica. En Honduras, el informe incluye las ejecuciones de Gerardo de Jesús Gutiérrez, Rodolfo Rojas y Santiago Rivera Müller, asesinados en circunstancias que la organización vincula a persecución política.

En Costa Rica, los nombres que aparecen en el documento son Jaime Luis Ortega Chavarría, y Roberto Samcam, todos con perfiles que los defensores consideran vulnerables dentro de un contexto de exilio forzado y participación política.

Roberto Samcam, mayor en retiro del Ejército de Nicaragua y reconocido opositor a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, fue asesinado la mañana 19 de junio de 2025 por sicarios en su domicilio en Costa Rica, país donde vivía exiliado desde 2018.

El militar recibió ocho disparos en el tórax cuando en su vivienda, en un condominio del cantón de Moravia, en San José, Costa Rica, y con anterioridad había denunciado redes que redes de espías y matones del régimen de Ortega operan en Costa Rica, y que él mismo había sido amenazado.

Gerardo de Jesús Gutiérrez, conocido como comandante “El Flaco”, y quien se había alzado en armas contra el régimen de Ortega en 2013, fue asesinado en 2020 de 12 balazos en Trojes, en el departamento El Paraíso, Honduras. “Lo persiguieron hasta quitarle la vida”, declaró una de sus hermanas.

Santiago Rivera Müller, un guerrillero de la Contra, alias Tigre León, que luchó contra el primer régimen sandinista en los 80, fue asesinado en junio de 2023, también en Trojes, Honduras. “Fue una pasada de cuentas por cuestiones políticas”, denunció Luis Fley, un antiguo compañero de armas conocido como “Johnson”.

Valdivia explicó que los asesinatos que registra el informe fueron reconstruidos a partir de testimonios, documentación internacional, reportes policiales y confirmaciones cruzadas con activistas que conocían a las víctimas.

Lo que los une, dice Valdivia, es que eran opositores, solicitantes de refugio o personas que habían huido tras la represión de abril de 2018 y que no existían indicios serios de que estuvieran relacionados con delincuencia común.

Además de estos nueve casos, el Colectivo Nunca Más exigió que Costa Rica investigue cuatro asesinatos más que no se han clasificado como ejecuciones políticas, pero que presentan los mismos rasgos del patrón identificado.

Según Valdivia, se trata de casos sospechosos que cumplen los mismos criterios. Eran solicitantes de refugio, habían huido de Nicaragua por razones políticas según sus familiares, no tenían vínculos con criminalidad y fueron asesinados a balazos de forma directa y sin que existan avances en investigaciones formales.

El abogado dijo que por esos motivos pidieron al Gobierno de Costa Rica que analice estos crímenes en el contexto de posibles ejecuciones políticas y no como delitos comunes.

El primero de esos casos es el de Giancarlos Díaz Sevilla, de 26 años, asesinado el 26 de agosto de 2018 en una cancha de fútbol del barrio antiguo IMAS en Río Azul, La Unión de Cartago. Había llegado a Costa Rica solo tres semanas antes, huyendo de la crisis política.

Dos hombres en motocicleta se acercaron, lo llamaron por su nombre y le dispararon varias veces en la cabeza, según la reconstrucción de la policía. Fue asesinado frente a su novia. La muerte quedó registrada como un ataque directo y selectivo, sin relación aparente con algún conflicto local.

El segundo caso es el de Rubén Amado Loáisiga Rodríguez, asesinado el 26 de agosto de 2019 en un hecho que desató un roce diplomático. Según las autoridades costarricenses, seis militares de Nicaragua cruzaron alrededor de 150 metros hacia territorio de Costa Rica, lo ejecutaron y luego regresaron a Nicaragua.

La cancillería costarricense calificó lo ocurrido como una grave violación de la soberanía nacional. El régimen respondió diciendo que Loáisiga había huido hacia Costa Rica tras cometer un delito, pero Costa Rica sostuvo su versión inicial. El caso no ha avanzado desde entonces.

El tercero es el de Luis Alberto Olivas Aguilar, de 37 años, originario de Nagarote, quien tenía dos años de ser solicitante de refugio. Fue asesinado el 26 de mayo de 2021 en las cercanías de la municipalidad de San José.

Recibió varios disparos en pecho, abdomen y espalda. Un costarricense de apellido Segura también murió en el ataque. La policía señaló que Olivas fue el blanco principal del hecho.

El cuarto caso es el de Wilfredo Moreno Tinoco, de 42 años, asesinado el 21 de agosto de 2021 en La Uruca, San José. Viajaba en un vehículo cuando un sujeto se acercó y disparó directamente al rostro del nicaragüense. Dos personas que lo acompañaban resultaron heridas. Ningún avance sustancial se ha reportado desde entonces.

Si se incorporan estos cuatro casos a la lista de nueve ejecuciones ya documentadas, la cifra de nicaragüenses asesinados o atacados fuera de Nicaragua por motivos políticos asciende a trece.

Nunca Más sostiene que tanto Costa Rica como Honduras se han convertido en territorio donde la persecución del régimen sigue activa, a pesar de que las víctimas estaban bajo estatus o trámite de refugio.

El personal y las oficinas del Colectivo Nunca Más también han sido vigilados y monitoreados por sujetos que se movilizan en motocicletas y vehículos, persiguen a sus trabajadores y les toman fotografías, según explicó el abogado de la organización, Gonzalo Carrión, en una entrevista con La Prensa.

La periodista nicaragüense, naturalizada española Jennifer Ortiz, directora de la plataforma Nicaragua Investiga, denunció que, tras recibir amenazas de muerte, las autoridades de Costa Rica le recomendaron abandonar el periodismo y borrar el contenido de su trabajo en el medio que dirige desde hace casi ocho años, así como sus redes sociales.

“Por ciertas amenazas y advertencias que recibí, hace algunas semanas acudí a las autoridades de Costa Rica. Su respuesta: un ‘análisis’ de riesgo con una recomendación: retirarme del periodismo, borrar todo el trabajo de Nicaragua Investiga hecho en estos casi 8 años y borrar también mis redes personales”, relató la comunicadora nicaragüense que fue despojada de su nacionalidad en febrero de 2023.

El informe del Colectivo Nunca Más señala que el régimen de Ortega y Murillo ha desarrollado al menos ocho formas de represión transnacional. Entre ellas están las amenazas directas, el hostigamiento a familiares en Nicaragua como mecanismo de castigo, la negación del retorno al país, la vigilancia de exiliados en Costa Rica mediante redes afines al régimen, los destierros forzados, el despojo de nacionalidad, la negación de servicios consulares y la persecución judicial más allá de las fronteras.

Valdivia afirma que todo esto está respaldado por 199 testimonios recabados por la organización y que está práctica tiene su partida de nacimiento en agosto de 2018, cuando el gobierno de Ortega pidió la lista de refugiados nicaragüenses en Costa Rica, un hecho que, según él, marcó el inicio de la persecución más allá del territorio nacional.

La intención del régimen, según el análisis del colectivo, es mantener la persecución contra periodistas, activistas, campesinos, líderes sociales y defensores de derechos humanos incluso después de haber abandonado el país.

“La persecución no terminó con su salida de Nicaragua, continúa en el exilio”, resume Valdivia. El objetivo, dice, es desarticular a la oposición, a los medios de comunicación y a la sociedad civil.

Muchos exiliados relataron a la organización que han optado por bajar su perfil público o abandonar completamente su labor política o periodística para evitar convertirse en víctimas de ataques selectivos.