La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó al régimen de Nicaragua por la desaparición forzada del coronel retirado José Ramón Silva Reyes, quien fue detenido en 1983 por agentes de la Dirección General de Seguridad del Estado (DGSE).
Según la sentencia, Silva Reyes fue privado de su libertad el 30 de octubre de 1983 tras ser inducido con engaños a salir de la Embajada de Guatemala en Managua, en el marco de una operación de la DGSE.
La Corte sostuvo que, desde ese momento, Silva Reyes se encuentra desaparecido y que Nicaragua no ha entregado información sobre su paradero, limitándose a sostener que el coronel habría escapado de la embajada, sin registros oficiales de detención o liberación. El tribunal determinó que la detención ocurrió sin orden judicial y en condiciones clandestinas, constituyendo una privación arbitraria de libertad.
De acuerdo a la denuncia presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el caso se remonta a 1979, cuando Silva Reyes, ex oficial de la Guardia Nacional y tras el triunfo de la Revolución Sandinista, buscó asilo político junto a familiares en la embajada guatemalteca. Durante sus años de asilo, solicitó en reiteradas oportunidades un salvoconducto, sin éxito.
La Corte señaló que Silva Reyes quedó expuesto al riesgo de violencia y ejecución en un contexto de represión contra ex miembros de la Guardia Nacional, lo que derivó en la violación de los derechos a la vida y a la integridad personal. Además, el documento afirma que el régimen incumplió con su deber de investigar y buscar a la víctima, a pesar de estar al tanto de los hechos desde al menos 1990.
El fallo establece que la falta de acción estatal y la ausencia de medidas reales constituyeron violaciones a las garantías judiciales, la protección judicial y el derecho a la verdad de los familiares. La CIDH resaltó el profundo y duradero impacto emocional sobre la familia, quienes sufrieron angustia, estigmatización e incertidumbre durante más de cuarenta años.
El organismo interamericano exigió al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo la implementación de varias medidas de reparación. Entre ellas, ordenó que se inicie de manera inmediata la búsqueda de José Ramón Silva Reyes, así como la realización de investigaciones penales para esclarecer completamente los hechos ocurridos, identificar a todos los responsables y partícipes, y proceder a su enjuiciamiento y eventual sanción por la desaparición forzada del coronel retirado.
Cabe recordar que la CorteIDH declaró a Nicaragua en desacato en 2022 por no respetar medidas provisionales referentes a la liberación y resguardo de opositores encarcelados bajo el régimen nicaragüense. Desde entonces, Nicaragua se negó a cumplir órdenes del tribunal y a enviar representantes a sus audiencias.
Los magistrados responsabilizaron también en enero al régimen sandinista de Nicaragua por la falta de integridad en el proceso electoral de 2011 y el uso abusivo del aparato estatal para asegurar la reelección del dictador Daniel Ortega.
En el acto de notificación, la presidenta de la CorteIDH, Nancy Hernández, afirmó que la falta de garantías en la elección facilitó la permanencia del presidente en el poder y subrayó que tanto la Corte Suprema de Justicia como el Consejo Supremo Electoral actuaron con parcialidad, sin ofrecer vías judiciales efectivas para revisar las denuncias sobre irregularidades.
El fallo determinó que la dictadura violó los derechos políticos, las garantías judiciales y la protección judicial de Fabio Gadea Mantilla, candidato presidencial en 2011 que denunció múltiples anomalías, entre ellas la inconstitucionalidad de la reelección.
La jueza Hernández detalló que las resoluciones de la Corte Suprema, tanto a nivel Constitucional como Pleno, dejaron sin efecto una disposición constitucional que explícitamente prohibía la reelección presidencial. Dichas decisiones, declaró, intentaron “dar una apariencia de legalidad” a la habilitación de una nueva postulación de Ortega.
(Con información de EFE)
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