Aunque la red social X permanece bloqueada en Venezuela desde agosto de 2024, una red de cuentas anónimas continúa difundiendo mensajes a favor del régimen de Nicolás Maduro. Una investigación de Cazadores de Fake News –una ONG dedicada a la verificación de datos– revela que parte de esta operación digital estaría coordinada desde el propio Ministerio de Comunicación e Información venezolano.
El bloqueo, anunciado como temporal por el gobierno, sigue vigente más de un año después. Sin embargo, perfiles aparentemente ciudadanos impulsan campañas con etiquetas progubernamentales y mensajes contra adversarios políticos. La investigación detectó vínculos entre estos usuarios y programas de capacitación oficialistas administrados por funcionarios del régimen.
“En Twitter (X) hay una guerra importante que librar. Abandonar este espacio es dejar flancos libres para el enemigo histórico. ¡En X no hay retirada!”, publicó una cuenta anónima con un avatar de dragón, que figura entre las más activas en la difusión de propaganda oficialista y cuyo origen se vincula al aparato comunicacional del chavismo, según la investigación.
Desde que el entonces ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, impulsó la “guerrilla comunicacional” en 2010, el chavismo ha desarrollado estructuras de propaganda digital articuladas con su narrativa política. En 2021 –cuenta el reporte– Maduro ordenó formalizar programas como la Escuela Influye, destinada a entrenar militantes para operar campañas en redes. El bloqueo de X marcó una nueva etapa de control y centralización comunicacional.
La cuenta “Dracarys”, símbolo de la campaña digital, ha difundido etiquetas como #VenezuelaSeEscribeConVDeVietnam, tras un comentario irónico de Donald Trump sobre la milicia venezolana. Las publicaciones usaron videos manipulados e inteligencia artificial para amplificar mensajes de respaldo a Maduro y atacar figuras como Trump, María Corina Machado y Volker Türk, alto comisionado de la ONU.
La investigación forense digital, elaborada por Cazadores de Fake News, comprobó que “Dracarys” comparte el mismo ID en X que antiguas cuentas como @RespetoXTodos y @PiensaIA, administradas por Dayra Rivas, directora de Medios Digitales del Ministerio de Comunicación. Rivas y otros funcionarios habrían coordinado campañas mediante la aplicación oficial Siscom, utilizada para enviar manuales y contenidos a miles de usuarios.
Organizaciones defensoras de derechos digitales como VE Sin Filtro y Espacio Público denunciaron el uso desigual de las plataformas: mientras la población requiere VPN para conectarse, el gobierno conserva pleno acceso. Esta dinámica, sostienen, configura una “asimetría informativa” que combina censura y propaganda con recursos públicos.
La estrategia venezolana se asemeja a tácticas digitales aplicadas en Nicaragua y Cuba, donde gobiernos aliados restringen plataformas y, simultáneamente, difunden propaganda a través de cuentas anónimas o institucionales. En todos los casos, el objetivo es mantener control narrativo en entornos digitales mediante censura selectiva y producción masiva de contenidos políticos.
El Observatorio VE Sin Filtro reportó que el bloqueo de X afecta a millones de usuarios y solo puede evadirse mediante redes privadas virtuales. Advirtió que la restricción “carece de fundamento legal” y vulnera derechos reconocidos por la Constitución venezolana.
La persistencia de la censura en X refuerza la dependencia de los venezolanos de fuentes no verificadas y agrava la desinformación. La operación “Dracarys” también ha contribuido a estigmatizar activistas y opositores, debilitando el debate público dentro y fuera del país.
“El gobierno usa las mismas herramientas que prohíbe a sus ciudadanos”, señaló Andrés Azpúrua, de VE Sin Filtro, al advertir que la censura y la propaganda “terminan reforzándose mutuamente”.
Mientras el gobierno controla el acceso, sus redes continúan activas, demostrando que en Venezuela la censura también sirve para amplificar la propaganda.
En Ecuador, las investigaciones sobre la consultora Neurona, publicados en 2023, han revelado un patrón similar de manipulación informativa, en el que estructuras privadas de comunicación diseñan campañas políticas para gobiernos y movimientos afines al socialismo del siglo XXI. Según la investigación transfronteriza coordinada por CLIP, la firma trabajó para Rafael Correa y su plataforma Unión por la Esperanza (UNES), replicando estrategias de propaganda digital inauténtica en redes sociales.
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