La defensa del ex presidente brasileño Jair Bolsonaro presentó este lunes un recurso ante el Supremo Tribunal Federal (STF) para intentar revertir la condena de 27 años de prisión dictada en septiembre, que lo responsabilizó como instigador del intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 ante Luiz Inácio Lula da Silva.
El ex mandatario ultraderechista permanece en prisión domiciliaria preventiva desde agosto, ya que la sentencia no quedará firme hasta agotar todas las instancias judiciales disponibles.
En el recurso, conocido como embargo de declaración y presentado en la fecha límite, los abogados de Bolsonaro piden al tribunal que corrija “ambigüedades, omisiones, contradicciones y obscuridades” en el fallo histórico. Alegan que existen “aspectos relevantes que deben aclararse” en la motivación y la magnitud de la pena.
El equipo legal denunció además haber afrontado obstáculos para ejercer plenamente la defensa y reclamó una reducción de la condena.
La estrategia jurídica se centra en que la condena por “abolición violenta del Estado democrático de derecho” no debería sumarse a la de “golpe de Estado”, ya que ambas derivan del mismo conjunto de hechos.
En el escrito presentado al STF, los abogados argumentaron: “Si hay unidad de designio y encadenamiento único de conductas, la tentativa de golpe de Estado es mero medio normal de ejecución de la abolición violenta de la orden democrática. Es contradictorio que el fallo reconozca una misma secuencia y, aun así, sancione ambos delitos por separado”.
El equipo defensor también cuestionó el proceso en sí. Sostienen que no dispusieron del tiempo suficiente para analizar los más de 70 terabytes de pruebas digitales incluidos en el sumario y criticaron que el ministro Alexandre de Moraes, relator del caso, negara los pedidos de postergación de audiencias. Consideraron que esto vulneró el derecho a la defensa y rompió la igualdad procesal ante la justicia.
En otro punto clave, la defensa de Bolsonaro rechazó la validez de la delación premiada de Mauro Cid, ex militar y colaborador del ex presidente, cuyo testimonio consideran inconsistente y obtenido bajo presión. Insistió en que la declaración de Cid no debería haber servido como fundamento principal de la condena.
El STF condenó a Bolsonaro en septiembre por cinco delitos: intento de golpe de Estado, abolición violenta del orden democrático, organización criminal armada, daño calificado y deterioro de patrimonio protegido.
El fallo se centró en su papel como líder y catalizador de la asonada que culminó con el asalto a las sedes de los tres poderes públicos en Brasilia el 8 de enero de 2023, en un esfuerzo coordinado para desconocer la victoria electoral de Lula.
La defensa ya anunció que en caso de un nuevo revés irá a organismos internacionales. El Supremo no tiene plazos estrictos para resolver este tipo de recursos, que primero serán revisados por el relator Moraes. La expectativa es que el análisis concluya antes de fin de año. Si se rechazan los nuevos recursos sin fundamentos, el tribunal podría emitir la prisión definitiva e inmediata.
La batalla legal se desarrolla mientras Brasil y Estados Unidos buscan retomar el diálogo bilateral después de años de tensiones exacerbadas por la situación judicial de Bolsonaro.
Tras la condena, el presidente estadounidense Donald Trump impuso aranceles al comercio brasileño en repudio a lo que describió como una “caza de brujas” judicial, aunque en días recientes tuvo un encuentro con Lula en Malasia en busca de normalizar las fricciones.
Los abogados de Bolsonaro también planean solicitar que, por razones de salud, el ex presidente (operado varias veces tras el atentado de 2018 y tratado por cáncer de piel) pueda cumplir su eventual condena en prisión domiciliaria, como ya ocurrió con otros ex líderes brasileños sentenciados por corrupción.
El fallo final del Supremo definirá el devenir político y judicial del mayor referente de la derecha brasileña.
(Con información de AFP)