El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, propuso abrir la puerta a la creación de una base internacional de seguridad y control en las islas Galápagos, con el objetivo de fortalecer la lucha contra el narcotráfico y otras amenazas ilícitas en el Pacífico oriental.
El mandatario anunció que el tema será incluido en el referendo nacional del 16 de noviembre, con la intención de modificar el artículo constitucional que prohíbe la presencia de fuerzas extranjeras en suelo ecuatoriano desde 2008.
Noboa defendió la propuesta como una respuesta urgente al flujo de narcotráfico, pesca ilegal y tráfico de combustibles en las rutas marítimas que rodean el archipiélago, ubicado a mil kilómetros del continente.
“Una base en Baltra no solo aportará seguridad, sino beneficios para la población local”, afirmó el presidente en una entrevista en Guayaquil.
La iniciativa contempla la cooperación de varios países en la vigilancia y fiscalización sobre el tráfico ilícito en aguas internacionales.
Noboa explicó que el proyecto podría incluir instalaciones para control pesquero multinacional, operaciones antidrogas y la eventual llegada de agencias especializadas como el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, con experiencia en prevención de delitos trasnacionales y terrorismo.
El mandatario subrayó que la eventual instalación estará supeditada a una supervisión estricta del gobierno ecuatoriano y negó que implique la “entrega” de soberanía.
“La última palabra será siempre del gobierno de Ecuador. No es regalar territorio ni recursos; es proteger a Galápagos y al país”, señaló Noboa, al tiempo que subrayó que la opción responde a una coyuntura de graves amenazas en la región.
La historia regional respalda la importancia estratégica de Galápagos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ya operó bases militares en la isla Baltra y en Salinas bajo acuerdos bilaterales temporales. Más tarde, la ciudad de Manta acogió una base antidrogas hasta su cierre en 2009 por mandato constitucional.
Noboa considera la reactivación de estos esquemas, con actualizaciones en infraestructura y controles, como parte de la respuesta a los nuevos desafíos.
Entre las voces críticas a la propuesta figuran opositores políticos, ambientalistas y científicos que advierten del impacto sobre ecosistemas únicos.
Las Galápagos, Patrimonio Natural de la Humanidad, albergan especies endémicas que podrían verse amenazadas por el despliegue militar y el aumento del tráfico asociado. En el pasado, la presencia de bases y personal extranjero alteró algunas dinámicas de la fauna, como la introducción de animales domésticos y desplazamientos no planificados de especies nativas.
Los argumentos en contra incluyen el temor a perder autonomía sobre decisiones estratégicas, la posibilidad de alteración de la convivencia pacífica regional y el riesgo de convertir el archipiélago en un foco de tensiones geopolíticas.
Noboa ha respondido descartando que la soberanía esté en juego.
“El control y beneficio será solo para Ecuador y para la conservación de Galápagos”, dijo.
La consulta popular se dará en un contexto de máxima presión internacional. Estados Unidos ha intensificado desde septiembre sus operaciones militares en el Caribe y el Pacífico, como parte de su lucha antidrogas.
Solo en las últimas semanas, los ataques ordenados desde Washington contra narcoembarcaciones dejaron al menos 57 muertos cerca de las costas de Venezuela, Colombia y Ecuador.
Mientras Ecuador se prepara para el referendo, el futuro del control en Galápagos y la eventual cooperación internacional se ha convertido en uno de los debates clave sobre seguridad, soberanía y protección ambiental en el país y la región.
De cara a la consulta del 16 de noviembre, las fuerzas armadas y la policía ecuatoriana han puesto en marcha un plan especial para resguardar las zonas más afectadas por la violencia.
El general Kleber Guaytarilla informó que ya se han identificado localidades críticas donde se desplegará inteligencia militar y protección reforzada tanto para los votantes como para los centros electorales. Ciudades como Guayaquil —escenario reciente de ataques con explosivos— y otras urbes costeras de Manabí, Los Ríos y El Oro tendrán vigilancia adicional.
El general Renato Cevallos, de la policía, señaló que los equipos antiexplosivos están preparados y distribuidos en todo el territorio, listos para reaccionar ante cualquier amenaza. El operativo prevé el despliegue de 61.500 militares y 57.460 policías en todo el país, complementados por tres aeronaves y 41 drones, en uno de los mayores dispositivos de seguridad para una jornada electoral en Ecuador.
(Con información de AFP y EFE)
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