Más de 20 años de cárcel efectiva pidió este fin de semana la Fiscalía de Alta Complejidad de Antofagasta (1.300 kms al norte de Santiago), para el ciudadano iraní Ali Bagheri, señalado por sus presuntos nexos con el grupo terrorista Hezbollah y quien es acusado de uso de visas y pasaportes falsificados, receptación y usurpación de identidad.

Los hechos se remontan el 30 de abril de 2023, cuando trabajadores de la aerolínea British Airways se dieron cuenta de que los pasaportes británicos presentados por dos pasajeros de un vuelo entre Santiago y Londres estaban denunciados por robo en su país origen.

La PDI tomó detenidos a los individuos que resultaron ser Alí Basheri, (quien aseguró que su oficio era soldador), y de Abolfazl Delkhahfar, de 23 años (quien dijo ser peluquero), ambos iraníes, los que se encontraban en tránsito en Santiago tras un sospechoso periplo que incluyó vuelos entre Teherán, Moscú, Caracas y Ciudad de Panamá. Desde allí embarcaron con destino a Chile, con el objetivo de partir nuevamente a Europa, según consigna una nota de El Mostrador.

A poco andar, la investigación policial determinó que un chileno fue quien les había entregado los pasaportes adulterados: se trata de Carlos Samuel Gazzano Vega, quien dejó al interior de un baño del Aeropuerto de Santiago los dos pasaportes británicos y se llevó los documentos iraníes. En su casa de San Bernardo, al momento de ser allanada, se encontraron dichos papeles y seis teléfonos celulares.

Gazzano confesó que el trabajo había sido hecho a petición de un ex trabajador del aeropuerto, Carlos Abraham Lagos Rivera, “a cambio de una suma de dinero por pasajero”. También aseguró que Lagos “le había pagado en al menos 12 ocasiones por realizar este tipo de conductas permitiendo que, con identidades falsas, salieran ciudadanos extranjeros de Chile e ingresaran a terceros países”, agregando que “los pasaportes falsos ingleses se los entregó una mujer en cercanías del metro Gruta de Lourdes y que siempre mantuvo coordinación con Carlos Lagos, vía telefónica”.

Alí Basheri y Abolfazl Delkhahfar quedaron en prisión preventiva en el penal Santiago 1, pero el 25 de mayo, en una audiencia de revisión de medidas cautelares, se decidió cambiar la prisión preventiva por arraigo nacional, arresto domiciliario nocturno y la prohibición de los imputados de mantener comunicación entre ellos. Los imputados fijaron como su domicilio en la embajada iraní en Chile, ubicada en Las Condes, Santiago.

El 19 de julio, Basheri, sin embargo, informó de un cambio de domicilio al tribunal: El Olimpo 857, comuna de Maipú. Se trata de una vivienda que –según un reportaje de BBCL Investiga– “en el pasado habría estado vinculada con movimientos de Hezbollah”, cuyas posibles actividades en Chile fueron advertidas por la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich.

En septiembre de 2023, el Ministerio Público pidió al tribunal ampliar el plazo de investigación en otros cuatro meses, lo que fue concedido. Sin embargo, ninguno de los imputados se presentó a las audiencias posteriores y desde esa fecha se dejó de tener conocimiento respecto del paradero de los imputados.

Recién en junio de 2024, agentes de la PDI se apersonaron en el último domicilio entregado por Bagheri a la justicia, en Maipú, pero la casa se encontraba vacía y una vecina aseguró que “el requerido no vive hace un año en el inmueble”, según el informe policial, consignado por el citado medio.

A esas alturas, era obvio que ambos habían huido del país por pasos no habilitados y según señaló en mayo pasado el defenestrado ex subsecretario de Interior, Manuel Monsalve -hoy acusado de violación por una subalterna-, “la información de la cual dispone la PDI para ubicarlos, que se encuentra fundamentalmente por análisis de redes sociales, es que ellos estaban en territorio colombiano”.

Finalmente, Basheri fue detenido en Estados Unidos, país desde donde fue extraditado a Chile a inicios de diciembre de 2024. Por sus delitos, la Fiscalía pide 5 años de presidio menor por el delito de receptación; 15 años de presidio mayor por falsificación de sello de Estado y 540 días de presidio menor por usurpación de nombre.