La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) exigió al Gobierno de Daniel Noboa que eleve el salario básico unificado de USD 470 a USD 650, tras la eliminación del subsidio al diésel. La solicitud fue planteada por su presidente, Marlon Vargas, durante una asamblea extraordinaria de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), en la que participaron representantes de distintos pueblos y nacionalidades amazónicas.
“La Amazonía no aguanta más. Han saqueado nuestros territorios por más de 50 años y seguimos sin salud, sin educación, con ríos contaminados y comunidades empobrecidas. Si el Gobierno sube el precio de los combustibles, entonces que el salario básico suba a 650 dólares para todo el pueblo ecuatoriano”, afirmó Vargas en su intervención pública. La declaración se difundió a través de las redes oficiales de la Conaie y de la Confeniae, en el contexto del llamado a un paro nacional contra las medidas económicas del Ejecutivo.
El dirigente argumentó que la eliminación del subsidio impactará directamente en el costo de vida de las comunidades rurales e indígenas, cuyos ingresos ya son precarios. “Así como alza los precios de los combustibles, el sueldo de los servidores públicos, de los maestros y de todos los pueblos del Ecuador entero tiene que ser de USD 650”, dijo, al advertir que el movimiento indígena mantendrá las movilizaciones mientras el Gobierno no revierta la decisión.
Durante la asamblea, las organizaciones indígenas adoptaron cinco resoluciones. La primera consiste en sostener la protesta nacional por lo que calificaron como “abandono estatal” y “devastación petrolera y minera” en los territorios amazónicos. En segundo lugar, ratificaron su postura de impulsar el voto “No” en la consulta popular y referéndum convocados por el presidente Noboa, y rechazaron la posibilidad de una Asamblea Constituyente. Según Vargas, estas propuestas “atentan contra los derechos de los pueblos conquistados con una lucha histórica”.
El tercer punto aprobado fue expresar solidaridad con las movilizaciones en la provincia de Imbabura, donde denuncian represión y cierre de radios comunitarias. Como cuarto punto, rechazaron la ronda petrolera suroriente y el catastro minero, y como quinto, desconocieron a la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Amazónica (CTA) y a la Secretaría de Pueblos por “dividir y debilitar a las organizaciones amazónicas”.
“El petróleo, el oro y el cobre son de la Amazonía, salen de la Amazonía para financiar el presupuesto del Estado y así nos quieren criminalizar. Rechazamos de manera rotunda los actos de criminalización”, declaró Vargas, al tiempo que responsabilizó al Gobierno de promover una política extractivista que no beneficia a las comunidades locales. El dirigente insistió en que el porcentaje de las ganancias petroleras debería llegar directamente a las organizaciones amazónicas, en lugar de pasar por la CTA, a la que acusan de ineficiencia y de no rendir cuentas sobre la gestión de los recursos públicos.
El Gobierno, por su parte, ha defendido la eliminación del subsidio al diésel como una medida necesaria para “sanear las finanzas públicas” y redirigir los recursos hacia programas sociales. El Ministerio de Economía y Finanzas señaló que los subsidios representan un gasto superior a los USD 1.300 millones anuales, y que su reducción permitirá equilibrar el presupuesto estatal. Sin embargo, la Conaie y la Confeniae consideran que estas políticas profundizan la desigualdad social y trasladan el costo de la crisis a los sectores más vulnerables.
Marlon Vargas advirtió que las movilizaciones continuarán con el respaldo de las comunidades amazónicas y que no se descarta un paro nacional indefinido si el Gobierno no da marcha atrás. “La Amazonía se respeta, la Amazonía es digna”, dijo al cerrar la asamblea, exigiendo justicia ambiental y social para los pueblos que, según él, han soportado más de medio siglo de contaminación y exclusión.