Bolivia registró un crecimiento negativo del Producto Interno Bruto (PIB) en el primer semestre de este año. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) el crecimiento negativo es de -2,40%, que se atribuye a una coyuntura desfavorable y al “exceso de bloqueos políticos” que interrumpieron el transporte y la cadena productiva.
Según los datos históricos del Banco Mundial, Bolivia no tenía un decrecimiento en su economía desde 1986; a excepción de 2020 por la emergencia sanitaria del Covid-19. Es decir que, en condiciones regulares, el PIB no decrecía desde hace 39 años, cuando se registró una tasa de -2,6%. El promedio en los últimos diez años, a excepción del 2020, del crecimiento del país fue de 3,9 % anual.
Los datos presentados este martes distan de la proyección del Gobierno de Luis Arce, que en noviembre de 2024 estimó un crecimiento económico del 3,51 % para este año, según el Presupuesto General del Estado (PGE).
El director del INE, Humberto Arandia, atribuyó el decrecimiento de la economía a una coyuntura política desfavorable y los bloqueos de caminos hubo en marzo, mayo y junio; que no solo afectaron al transporte, sino a la cadena productiva en general. “Si bien es cierto que estamos con una tasa negativa de 2,40 %, esperamos que los próximos trimestres se tenga una recuperación gradual de la economía, no completa, pero sí gradual”, manifestó el funcionario en conferencia de prensa.
Arandia añadió que las actividades extractivistas, hidrocarburos y minería, registraron un decrecimiento del -12,98%, el mayor porcentaje en comparación con otras. En tanto el comercio registró una tasa de crecimiento negativa del -5,18 %, las actividades inmobiliarias, un -3,56 %; el suministro de electricidad, agua y recolección de desechos, un -2,45 %; el transporte y las comunicaciones, -2,24 %, y la administración pública, salud y educación de no mercado, un -0,90 %.
Por el contrario, las actividades que registraron crecimiento fueron la agricultura, silvicultura, ganadería y pesca, con un 3,71 %; las actividades financieras y seguros, 2,59 %; de alojamiento y servicio de comidas y bebidas, un 2,38 %, la industria manufacturera, un 0,80 %, las actividades comunales, sociales, personales y domésticas, un 0,52 %, y la construcción, un 0,46 %.
La economía boliviana atraviesa un periodo de menor dinamismo desde 2014, año en que comenzó a reducirse el ingreso nacional principalmente por la caída de los precios internacionales del gas y la disminución de las exportaciones.
Durante una década, el país había mantenido un modelo basado en la redistribución del excedente generado por el sector hidrocarburífero, lo que permitió sostener el gasto público y los subsidios. Sin embargo, la reducción sostenida de las reservas de gas, el descenso de la producción y el aumento del déficit fiscal han limitado la capacidad del Estado para mantener el ritmo de inversión y transferencias, lo que ha generado un creciente desequilibrio en las finanzas públicas.
A partir del primer trimestre de 2023, los efectos de esta desaceleración comenzaron a sentirse en las calles cuando se limitaron las transacciones bancarias en dólares, surgió un mercado paralelo de divisas y aumentó sostenidamente el precio de los alimentos. En paralelo, surgieron periodos de escasez de combustible que provocaron largas filas en los surtidores de vehículos y afectaron industrias estratégicas como el transporte y la agricultura.
Estas señales reflejan el agotamiento de un modelo que durante años se apoyó en la bonanza gasífera, ahora enfrentado a un contexto de menor ingreso externo, mayores presiones inflacionarias y un mercado cambiario tensionado.
Tras darse a conocer el balance de la economía, cuando faltan solo cuatro días para el balotaje en el que los bolivianos elegirán al próximo presidente, varios sectores expresaron su preocupación por la situación del país y la incertidumbre que se genera para las futuras inversiones.
El panorama para los próximos años no es alentador: el Banco Mundial proyectó que el país estará en recesión al menos hasta 2027, y proyectó una caída del PIB del -1,1% y -1,5%, respectivamente, lo que aumenta el desafío para el próximo Gobierno.