Cada vez son más los niños que en Uruguay están bajo el cuidado del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), el organismo estatal a cargo de los centros de albergue de menores. Y cada vez son mayores los problemas que tienen estos centros educativos que, en muchos casos, no reparan el daño que estas personas desamparadas viven. Y también lo profundizan.

A esta conclusión llega el informe titulado Panorama de las infancias y adolescencias en mirada regional. Niñas, niños y adolescentes en el sistema de protección, que fue elaborado por la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh).

Los centros a cargo del INAU tienen una capacidad de atención sobrepasada y personal insuficiente. Allí se dan situaciones de malos tratos, y violencia física y psicológica. Los hermanos son separados y se registran salidas no acordadas que se extienden durante meses. Estos son algunos de los principales problemas detectados por el equipo del Mecanismo Nacional de Prevención.

Los niños, a su vez, tienen que esperar meses para ser atendidos por especialistas, en especial en el área de salud mental. Aquellos que tienen un consumo problemático de drogas no reciben una atención adecuada. En cuanto a la educación, hay una interrupción de trayectorias en las escuelas y liceos por la captación de redes de tráfico sin estrategias de respuesta. Y también se registran omisiones de todos los organismos del Estado en la protección y la intervención frente a la situación de adolescentes que son víctimas de explotación sexual.

El informe de la institución, además, comparaba la situación actual con lo que sucedía hace 10 años cuando se realizó el último diagnóstico sobre estos centros de menores. Varios de los problemas siguen vigentes, pero hay un agravante: el sistema está cada vez más exigido porque los menores son cada vez más. Y, además, los niños ingresan con un nivel mayor de daño.

Son casi 8.000 los menores que están al cuidado del INAU. Esta cantidad hace que Uruguay tenga una de las tasas de institucionalización más altas de América Latina, según otro de los datos consignados por Búsqueda. El número sigue creciendo. En 2010 la cantidad de personas atendidas por el organismo era 4.671; en 2024, 7.832.

La alta necesidad de protección es un elemento que preocupa a las autoridades, en un país que tiene cada vez menos menores de edad. El crecimiento del número de niños y adolescentes institucionalizados también va en contra de todas las recomendaciones internacionales, que sugieren que esta opción sea el último recurso.

Pero este no es el primer informe crítico respecto a la situación de los menores en Uruguay. En 2024, el Sistema Integrado de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav) registró 24 situaciones diarias de violencia hacia menores en 2024. En total, fueron 8.924 situaciones de violencia, según dijeron las autoridades en la presentación del estudio.

“En Uruguay, la violencia hacia niños, niñas y adolescentes continúa siendo un problema social grave y representa una de las formas más extremas de vulneración de derechos”, dijo la directora del Sipiav, María Elena Mizrahi, al presentar los datos de 2024. El tipo de violencia con mayor cantidad de registros fue el maltrato emocional, con un 38%; seguido por negligencia, 23%; violencia sexual, 22%; y maltrato físico, 17%.

El 38% de las personas agresoras son padres y el 23% madres, según los datos presentados por el Sipiav. El 90% de quienes ejercen la violencia integran la familia de manera directa o son parte del núcleo de convivencia de quienes la padecen. Además, en 2024 hubo cuatro víctimas de edad infantil cuyas muertes se ocasionaron por violencia vicaria (la que ocurre cuando se daña a un hijo para lastimar a sus madres).