Dos desconocidos ingresaron este domingo en la madrugada al domicilio de la fiscal de Corte (Ministerio Público) de Uruguay, Mónica Ferrero, efectuaron varios disparos y huyeron, en un hecho sin precedentes que ha conmocionado al sistema político del país sudamericano.
El ataque ocurrió alrededor de las 5:00 de la madrugada y no dejó personas heridas, confirmaron fuentes del Ministerio del Interior al diario El Observador. Los atacantes lograron ingresar a la casa y realizaron al menos dos disparos, provocando daños materiales en la propiedad.
La Policía investiga un pozo hallado en el patio del domicilio donde se sospecha que los autores podrían haber dejado o intentado colocar un artefacto explosivo, según informó el diario La Diaria. El departamento de Investigaciones trabaja junto con Policía Científica para esclarecer los hechos.
El episodio, registrado únicamente en el patio de la casa, generó reacciones inmediatas en todo el espectro político uruguayo, con dirigentes calificándolo como un ataque directo a la institucionalidad democrática.
El presidente Yamandú Orsi utilizó sus redes sociales para expresar su apoyo a Ferrero y para destacar la labor de las autoridades policiales y judiciales tras lo sucedido. Comentó, además, que las autoridades cuentan con “pistas firmes” sobre los posibles autores del hecho, y advirtió que Uruguay seguirá haciendo frente al crimen organizado y al narcotráfico.
“Debido a la grave situación por la que le tocó atravesar, quiero expresar todo mi apoyo y solidaridad con la fiscal de Corte”, señala el jefe de Estado. Y agrega: “Gracias al trabajo serio y paciente de nuestra policía y Fiscalía, quiero adelantar que ya hay indagados y pistas firmes sobre los posibles responsables. Las investigación rápida y eficiente es la única opción válida y garantista frente a lamentables hechos como estos. Sigamos teniendo confianza en nuestra institucionalidad, porque el país entero jamás bajará los brazos ante el crimen organizado y el narcotráfico”.
El senador del oficialista Frente Amplio Daniel Caggiani expresó “todo el respaldo político e institucional a las autoridades nacionales para la investigación y resolución y toda nuestra solidaridad con la Fiscal de Corte, Mónica Ferrero”, agregando que “sobre estos solo corresponde una mirada común y nacional del sistema político”.
El ex presidente Luis Lacalle Pou se comunicó con el actual mandatario Yamandú Orsi tras conocerse la noticia. “En este tema no puede haber diferencias, ni dos opiniones. Del lado de la institucionalidad, del lado del orden, del lado de la protección”, escribió Lacalle Pou en la red social X, trasladando su solidaridad con Ferrero y su familia.
El senador del opositor Partido Nacional Javier García calificó el hecho como de “gravedad institucional incalculable, un antes y un después en Uruguay”, pidiendo “todo el peso del Estado para investigar y perseguir a los terroristas que están atrás de esto”.
Álvaro Delgado, presidente del Partido Nacional, consideró el atentado como “un ataque directo a la institucionalidad democrática del país”, exigiendo que el Estado “debe dar una respuesta inmediata y firme” y que “los responsables deben ser identificados y castigados”.
El diputado colorado Gabriel Gurméndez advirtió que el episodio “es un vuelco dramático en el escenario de la inseguridad pública” y representa “la mayor amenaza a las garantías y a la independencia de magistrados de nuestro sistema judicial: el miedo a actuar”.
Pablo Mieres, líder del Partido Independiente, describió el hecho como “de una gravedad inmensa”, señalando que Ferrero “representa más que nunca, la defensa de la institucionalidad democrática”.
El senador Pedro Bordaberry declaró su solidaridad con Ferrero, afirmando que “el enfrentamiento con la delincuencia nos encontrará juntos siempre a los uruguayos de bien” y prometiendo ir “hasta el final contra los delincuentes, narcotraficantes y el hampa”.
El ex ministro del Interior Nicolás Martinelli consideró que “atentar contra la fiscal de Corte es atentar contra la República”, exigiendo que “debe caer todo el peso del Estado para investigar, dar con los responsables y garantizar la seguridad de la fiscal y su familia”.
El ataque representa un escalón inédito en la violencia contra funcionarios judiciales en Uruguay, país tradicionalmente considerado uno de los más seguros de América Latina.