Siete empresas chilenas fueron acusadas de colusión en el mercado de la compra de centolla por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), la que pidió al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) multas que superan los USD 54 millones para ellas y los ocho ejecutivos que concertaron dichas acciones a partir de 2012 y al menos hasta el 2021, en detrimento de los pescadores artesanales de la Región de Magallanes, en el extremo sur chileno.

Según la FNE, los ejecutivos de las compañías denunciadas se reunían en muelles de desembarque o ferias internacionales y se ponían de acuerdo a través de grupos de WhatsApp para establecer los precios de compra de este crustáceo al principio de la temporada de extracción, cuya producción se exporta casi por completo.

Las empresas imputadas son Elaboradora de Alimentos Porvenir, International Seafood, Pesquera Cabo Froward, Productos Marinos Puerto Williams, Proyecta Corp, Sociedad Pesquera Bahía Chilota y Bakkavör, las que entre 2017 y 2021 compraron hasta el 88% de la centolla viva extraída para luego enviarla principalmente a China, Estados Unidos y México.

La FNE logró constatar que dichas compañías obtenían así un precio más bajo de compra al inicio de la temporada y luego contenían o retrasaban las alzas posteriores, operando de manera concertada frente a los pescadores artesanales.

“Al comunicarse, las Empresas Requeridas corroboraban, por ejemplo, cuánto estaban efectivamente pagando sus competidores -para confirmar o descartar la información entregada por los proveedores-, o cuál sería su estrategia en futuras compras, neutralizando de esta forma la independencia en la toma de decisiones y la incertidumbre sobre el comportamiento de los rivales que deben existir en un entorno competitivo”, se lee en el requerimiento de la FNE.

La FNE partió su investigación en 2020 y en enero del año siguiente, tres ejecutivos de la empresa Bakkavör se acogieron al beneficio de la delación compensada, aportando información relevante de las otras compañías que participaron de este verdadero cartel.

Gracias a interceptaciones telefónicas y decomisos en dependencias de dichas factorías ubicadas en Porvenir (3.140 km al sur de Santiago), la FNE recopiló evidencia suficiente para acreditar los delitos presentados ante el TDLC.

Según el Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg, “con este requerimiento, la Fiscalía reafirma su compromiso de desplegarse en cualquier rincón del país donde exista alguna infracción anticompetitiva y de perseguir con el máximo rigor las colusiones en los mercados regionales”.

El persecutor valoró la acción puesto que “resulta indiscutible el daño que este comportamiento ha provocado en el mercado chileno, particularmente a los pescadores artesanales que viven de la extracción de este recurso”.

Cabe destacar que esta acusación se suma a la estampada en marzo de este año por la FNE contra un grupo de panaderos industriales de la región de Iquique (1.750 kms al norte de Santiago), acusados también de coludirse entre 2019 y 2022 en la comercialización del pan que se vende a almaceneros de esa zona, lo que implicó un significativo aumento de su precio sobre todo durante la época de pandemia.