La ex presidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez, anunció la madrugada de este miércoles que la Justicia rechazó la apelación planteada en el caso Senkata y ratificó la incompetencia de los tribunales ordinarios para juzgarla por esa vía.
“Por unanimidad la Sala Penal Tercera de La Paz, ratificó que he sido injustamente procesada y privada de libertad por cuatro años y medio”, informó y agregó que aguarda la nulidad de la sentencia de diez años, que obtuvo a mediados de 2023 por la forma en la que asumió el Gobierno en 2019.
“Fue muy fácil quitarme la libertad y está siendo muy difícil recuperarla”, escribió en su cuenta de X.
Este es el tercer fallo favorable para la ex presidenta. Anteriormente, se anularon dos procesos ordinarios -por las masacres de Senkata y Sacaba- y se los remitió a la Fiscalía General del Estado para que fueran tratados mediante juicio de responsabilidades. Posteriormente, se ordenó su liberación en el caso Sacaba, aunque ésta no fue ejecutada por la condena anterior.
Estos giros en las decisiones judiciales responden a una instrucción del Tribunal Supremo de Justicia, emitida el 22 de agosto, que ordenaba revisar los plazos de la detención preventiva de tres figuras políticas que habían sido encarceladas sin juicio por tiempos superiores al establecido en la ley.
Esta instrucción derivó en la liberación de los opositores Marco Antonio Pumari y Luis Fernando Camacho, quienes lideraron las protestas sociales de 2019 que precedieron al a renuncia del ex presidente Evo Morales (2006-2019). Pumari obtuvo libertad plena y Camacho detención domiciliaria con permiso laboral.
Los casos de Sacaba y Senkata se refieren a dos hechos de violencia ocurridos en noviembre de 2019, durante los primeros días del gobierno interino de Añez, cuando fuerzas policiales y militares intervinieron protestas en Cochabamba y en El Alto, en las que al menos 30 personas murieron por impacto de bala. En ambos episodios se cuestionó la aplicación del Decreto Supremo 4078, que otorgaba a las Fuerzas Armadas un marco de actuación sin responsabilidad penal inmediata.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras una investigación independiente, concluyó que en ambas operaciones se produjeron ejecuciones extrajudiciales, uso desproporcionado de la fuerza y violaciones graves a los derechos humanos.
En el marco de la instrucción de revisión de detenciones preventivas emitido por el TSJ, al menos cinco jefes militares involucrados en estos casos fueron liberados porque su encarcelamiento superó los seis meses reglamentarios.
El Gobierno anunció que apelará estas decisiones al considerar que “la justicia para las víctimas es una deuda pendiente del Estado”, según manifestó la ministra de Justicia, Jessica Saravia, en una línea que también manifestó el presidente Luis Arce.
La liberación de los opositores y los fallos favorables para Añez generan debate y avivan la polarización en Bolivia. Mientras sectores de la oposición los celebran como un acto de reparación institucional, el oficialismo cuestiona la imparcialidad de los fallos.
En paralelo, varios expertos y analistas cuestionan la independencia judicial que ordenó revisar la situación jurídica de los líderes opositores cinco días después de la derrota del oficialismo en las urnas.
El analista y consultor en comunicación política, Carlos Saavedra, considera que estas resoluciones representan “la materialización del derrumbe político y electoral del MAS” y que simboliza el cambio de inclinación de los poderes fácticos del Estado hacia el nuevo poder constituido en la elección del 17 de agosto, que será de oposición al masismo.
“Lo que ha hecho la Justicia es darle la espalda al MAS y liberar a tres iconos de la oposición”, sostiene Saavedra y subraya que el Poder Judicial ha estado siempre subordinado a los intereses del Poder Ejecutivo. “La reflexión es que urge una reforma de la Justicia para que deje de ser el látigo con el que se castiga al opositor”, señaló.
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