El Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) emitió un comunicado oficial en el que denunció un presunto intento de asesinato contra Leonidas Iza, expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), y acusó directamente al Gobierno del presidente Daniel Noboa de llevar a cabo una persecución política contra dirigentes indígenas.
Según el MICC, agentes de la Dirección General de Inteligencia habrían ingresado de forma irregular a la comunidad de San Ignacio, en la provincia de Cotopaxi, “sembrando terror y atentando contra la vida del compañero Leonidas Iza”, como se detalla en el documento publicado en sus canales oficiales. El movimiento, que agrupa a 33 organizaciones y más de 500 comunidades indígenas y campesinas de la región, calificó el hecho como parte de una política sistemática de hostigamiento, intimidación y deslegitimación contra las estructuras organizativas que se oponen a las decisiones del actual régimen.
El pronunciamiento fue firmado por José Rafael Negrete Cofre, presidente del MICC y autoridad del pueblo Panzaleo, y sostiene que la irrupción en San Ignacio no fue un evento aislado, sino la expresión de una estrategia prolongada de criminalización y persecución estatal. “Vivimos no en democracia, sino en la dictadura de los ricos disfrazada, sostenida por la violencia estatal y el miedo”, se afirma en el comunicado.
En respuesta a lo que considera una escalada de agresiones, el MICC declaró una asamblea permanente e indefinida y exigió que se sancione a los responsables del operativo, así como a los mandos de inteligencia involucrados. El movimiento pidió también a las nacionalidades del Ecuador y a la comunidad internacional mantenerse alertas ante lo que describe como “el autoritarismo y el terrorismo de Estado que se pretende instalar en el país”.
El contexto de esta denuncia está marcado por un clima de creciente confrontación entre el Ejecutivo y los movimientos indígenas. En días previos, Leonidas Iza había convocado a una movilización en Quito y criticado abiertamente al presidente Noboa, a quien acusó de implementar un modelo económico al servicio de las élites. Las tensiones no han pasado desapercibidas para el Gobierno. La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, reconoció en declaraciones públicas que el Ejecutivo busca acercamientos con los sectores sociales del movimiento indígena, aunque no necesariamente a través de sus líderes visibles. “El movimiento indígena no es propiedad de Iza”, dijo Rovira, anticipando que los espacios de diálogo se abrirán cuando se supere la coyuntura política más compleja .
En el comunicado del MICC, además de responsabilizar al Gobierno de Noboa “por cualquier atentado a la vida e integridad de Leonidas Iza y de nuestros dirigentes”, se hace un llamado a la resistencia activa y pacífica en defensa de la justicia y la dignidad de los pueblos indígenas frente al “capitalismo, el colonialismo y el patriarcado”. La organización denunció que sus miembros han sido víctimas de amenazas de muerte, campañas de desprestigio y operativos represivos desde que comenzaron a levantar su voz contra políticas oficiales.
El mensaje concluye con una condena explícita a lo que denominan la “dictadura de la burguesía” y con un llamado a la comunidad internacional a observar con atención la situación de los derechos colectivos en Ecuador.
Hasta el momento, el Gobierno Nacional no ha emitido una respuesta formal al comunicado del MICC ni ha confirmado la realización del operativo en San Ignacio. La Dirección General de Inteligencia tampoco ha ofrecido declaraciones sobre los hechos denunciados.
A medida que se desarrolla esta controversia, se prevé que el tema escale a instancias de mayor alcance político y judicial. El MICC ha anunciado que acudirá a instancias internacionales si no se reciben garantías de parte del Estado ecuatoriano sobre la seguridad de sus dirigentes y el respeto a sus territorios.
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