El barrio privado Haras del Lago, ubicado en la zona del aeropuerto de Carrasco de Uruguay, tiene como slogan “disfrutarlo es vivirlo”. Ofrece en su página web apartamentos de entre uno y cuatro dormitorios, rodeados de verde y de “una gran variedad de servicios”. Quienes van a vivir allí lo hacen en parte buscando alejarse del ruido de la ciudad. Pero esa paz buscada fue interrumpida por la policía en algunas ocasiones.
El 21 de julio, la Policía realizó un allanamiento en una vivienda en ese complejo. En el procedimiento resultó detenido un hombre de 21 años, que tenía antecedentes penales y una requisitoria vigente, y una mujer de 19 sin antecedentes. En el operativo los agentes incautaron siete kilos de cocaína, una pistola con 17 cartuchos, dinero en pesos uruguayo y dólares, una balanza de precisión, elementos para fraccionar drogas, celulares y un auto.
El hombre fue condenado por un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes, dos delitos de porte y tenencia de armas de fuego, dos delitos de tráfico de armas y un delito de atentado agravado. Fue sentenciado a tres años de cárcel.
El narco vivía allí, en ese country ubicado en el departamento de Canelones pero cercano a Montevideo.
El allanamiento generó tensión en los vecinos, no solo por la imagen que genera el ingreso de la Policía a ese lugar sino porque los efectivos se confundieron de casa en una primera instancia, informó El País este lunes. Los efectivos primero fueron a la casa de una pareja, que está esperando un bebé. “Me apuntaron con un revólver en la frente, y a mi mujer en el tironeo le dejaron un chichón en la frente”, relató el hombre al diario uruguayo.
La pareja se tuvo que mudar a otro apartamento y todavía no saben si hacer una denuncia por este tema porque son “reacios al conflicto”.
Este no era el primer allanamiento que hubo en el barrio. En marzo fue allanada la casa de Jonathan Mastropierro, uno de los denunciantes de la casa del exsenador Gustavo Penadés y quien cumple prisión domiciliaria por facilitación de la difusión de material pornográfico con la imagen de un menor de edad.
A los vecinos les molestó ver la imagen de policías ingresando al edificio y montando un operativo, según el artículo del medio uruguayo.
Después de estas dos situaciones, los grupos de WhatsApp explotaban a mensajes y se convocó a una asamblea de copropietarios para tomar definiciones. Estos fueron los cinco puntos acordados:
1- Se autorizó a la administración del country a implementar un sistema automatizado de identificación de personas y matrículas.
2- Se acordó revisar el protocolo de visitas al predio.
3- Se podrá realizar un relevamiento de las cédulas de identidad (los DNI uruguayos) y la libreta de propiedad de todos los vehículos de todos los residentes. Los vecinos deberán presentar fotos en la administración, con el objetivo de mejorar los controles de los habitantes del barrio.
4- Se podrá compartir información con la policía sobre los residentes del barrio, para garantizar la seguridad de todos.
5- Se contratará un abogado “para realizar una consulta en el expediente judicial sobre la situación jurídica y brindar asesoramiento sobre los pasos a seguir respecto a la situación” de Mastropierro, quien cumple prisión preventiva en ese barrio.
Estas resoluciones, también informadas por El País, no fueron bien recibidas por este joven que cumple la medida cautelar allí. Antes de la asamblea, envió una carta a los vecinos por WhatsApp en la que asegura que tiene una “conducta ordenada, discreta y respetuosa con el entorno”, que no interfiere “en la vida de nadie” ni genera “perturbaciones dentro del barrio”.
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