Un grupo de legisladores brasileños de ultraderecha afirmó este martes que impulsará en el Senado la destitución del magistrado de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, después de que este ordenara ayer el arresto domiciliario del ex presidente Jair Bolsonaro.
Los parlamentarios, reunidos en la rampa de la sede del Congreso en Brasilia, dijeron ante los medios de comunicación que presentarán lo que llamaron “paquete de la paz” para “pacificar” al país.
Esto incluye destituir a De Moraes, el instructor del caso contra Bolsonaro por un supuesto intento de golpe de Estado y que ayer le impuso la prisión domiciliaria por incumplir medidas cautelares previas sobre el uso de redes sociales durante las protestas del fin de semana pasado.
El senador Flávio Bolsonaro, uno de los hijos del ex presidente, señaló que la medida contra el mandatario era una “aberración jurídica” y atribuyó la decisión del magistrado a un deseo de “venganza”.
“La solución a los problemas de Brasil está aquí en el Congreso”, declaró.
Además, los parlamentarios volverán a proponer una amnistía “amplia” para los participantes en los eventos del 8 de enero de 2023, cuando miles de seguidores del ex mandatario invadieron de forma violenta las sedes de la Presidencia, la Corte Suprema y el Congreso en Brasilia para pedir una intervención militar contra el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
Los legisladores de ultraderecha defienden desde hace tiempo la amnistía, pero los proyectos propuestos con ese objetivo no han obtenido un apoyo suficiente en el Congreso ante la firme oposición del Gobierno de Lula.
El tercer elemento del paquete es una enmienda constitucional para acabar con la inmunidad parlamentaria, para que los legisladores sean juzgados por tribunales de primera instancia y no en el Supremo, como sucede actualmente.
Según el senador Rogério Marinho, lo que se concibió como un “escudo” para proteger a los parlamentarios ahora es un “arma de subordinación” ante la Corte Suprema.
Los legisladores ultra expresaron su frustración con el presidente del Senado, David Alcolumbre, un aliado de Lula que ha frenado hasta ahora la mayoría de estas propuestas, y amenazaron con obstruir la tramitación de proyectos si no son escuchados.
“Puede ser aliado del Gobierno, pero no puede quedarse de espaldas a la institución”, declaró.
Caso y evidencias
En julio, la Fiscalía General de Brasil remitió sus alegatos finales ante el Supremo Tribunal Federal (STF) solicitando la condena de Bolsonaro por una serie de delitos graves, entre ellos intento de golpe de Estado, abolición violenta del Estado democrático de derecho, pertenencia a organización criminal armada, y daños al patrimonio federal. En total, la acusación establece una posible pena superior a los 40 años de prisión.
Desde el punto de vista legal, este proceso representa un hito sin precedentes. En marzo de 2025, la primera sala del STF aceptó formalmente la denuncia de la Fiscalía. Se trata de la primera vez en la historia de Brasil que un ex presidente elegido está siendo juzgado por delitos dirigidos a subvertir el orden constitucional vigente desde 1988.
Entre la evidencia recolectada por la Policía Federal, además de la difusión de información falsa sobre fraude electoral que desacreditaba al Tribunal Supremo Electoral (TSE), se descubrió un borrador de decreto conocido como la “Minuta del golpe”, hallado en la residencia de Anderson Torres, entonces ministro de Justicia, que establecía un estado de excepción destinado a anular los resultados electorales y detener jueces del STF, incluido Alexandre de Moraes.
Testigos clave como Mauro Cid, teniente coronel y ex ayudante de Bolsonaro, han declarado en acuerdos de delación que el ex presidente sostuvo reuniones con altos mandos militares para evaluar la viabilidad del golpe institucional, incluso considerando una interpretación deliberada del artículo 142 de la Constitución brasileña para legitimar el poder moderador militar.
Los audios de aliados como Ailton Gomes también resultan impactantes: en grabaciones de diciembre de 2022, Gomes instruía al comandante del Ejército Freire Gomes a actuar bajo la orden de Bolsonaro si él mismo no lo hacía, sugiriendo un plan coordinado de presión militar. Investigaciones posteriores, como la Operación Contrataque en noviembre de 2024, revelaron planes de asesinato dirigidos a figuras como Luiz Inácio Lula da Silva y el juez de Moraes, planes supuestamente conocidos por Bolsonaro, según la Policía Federal.
(Con información de EFE)
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