La deportación masiva de ciudadanos colombianos recluidos en cárceles ecuatorianas ha provocado una reacción diplomática inmediata por parte del gobierno de Colombia, que tensa las relaciones con Ecuador. Mientras el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, defiende la medida como legítima y necesaria, Bogotá moviliza equipos para atender el regreso de sus connacionales y solicita información sobre los antecedentes judiciales de los deportados.
Durante una entrevista transmitida la mañana del lunes en Radio Sucre, el presidente Noboa respondió a las críticas del mandatario colombiano Gustavo Petro, quien calificó la devolución de presos como un acto indignante. “No creo que está bien, no estoy de acuerdo tampoco”, dijo Noboa, aunque insistió en que “se ha seguido los procedimientos legales” y que ha existido contacto con la Cancillería. Justificó la medida señalando que Ecuador no puede mantener a mil presos colombianos, pues los reclusos extranjeros, al ser considerados parte de un grupo prioritario, acceden a servicios por encima de los ciudadanos ecuatorianos.
“Un preso extranjero es grupo prioritario. Por ejemplo, en salud sobre un joven ecuatoriano de 20, 21 años”, explicó Noboa. “Un (preso) colombiano que tenga cáncer de páncreas se puede tratar en el sistema de salud antes que un joven ecuatoriano sano y que no sea delincuente”, agregó durante la entrevista. Con ello, el mandatario argumentó que los recursos del sistema penitenciario y de salud del país deben orientarse con prioridad hacia los ecuatorianos.
En respuesta, la Cancillería de Colombia emitió un comunicado el 26 de julio en el que informó que “adelanta las labores necesarias para garantizar la atención digna en el regreso de estas personas al país”. La canciller encargada, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, se trasladó al puente internacional de Rumichaca, acompañada de un equipo interinstitucional, para verificar la llegada de los deportados y garantizar el respeto de sus derechos durante todos los procedimientos, según informó la entidad.
El 26 de julio, la Cancillería de Colombia informó que habían ingresado al país cerca de 450 de los más de 600 ciudadanos colombianos expulsados por Ecuador, mientras que otros permanecían en la frontera. Sin embargo, indicaron que solo se disponía de los antecedentes judiciales de 348 personas, por lo que Colombia solicitó mediante nota verbal la información faltante.
La Cancillería de Colombia calificó la deportación como un acto unilateral y un “gesto inamistoso”, al tiempo que advirtió que el proceso se realizó sin un protocolo para garantizar condiciones dignas y seguridad de los deportados.
Ecuador, por su parte, señaló que informó a Colombia desde el 8 de julio sobre los casos individuales y que el procedimiento se ajustó a la ley, con resoluciones judiciales específicas y entrega individualizada, rechazando las acusaciones de una deportación colectiva.
Colombia también evalúa medidas diplomáticas en respuesta a lo que describe como una violación del derecho internacional, mientras Quito defiende la legitimidad jurídica de la acción.
Desde Bogotá, se critica que la medida se realizó sin establecer un protocolo bilateral previo para el traslado. Ecuador sostiene que todas las deportaciones fueron tramitadas “caso por caso”, mediante resoluciones individuales y boletas de excarcelación debidamente emitidas por autoridades judiciales, conforme a su ordenamiento legal interno.
La controversia destaca además tensiones sobre el debido proceso y cumplimiento del derecho internacional en materia de deportaciones. Por su parte, el ministro del Interior, John Reimberg, anunció en X: "Estos delincuentes tienen prohibido su ingreso al Ecuador por los próximos 40 años".
Los dos países comparten 586 km de frontera, integrándose desde hace décadas como socios regionales en organismos como la Comunidad Andina y otras instancias binacionales. No obstante, la historia reciente incluye episodios de desconfianza, como la crisis de Angostura en 2008, cuando un ataque militar colombiano en territorio ecuatoriano provocó una ruptura diplomática, retiro de embajadores y posterior intervención de la OEA.
Durante el estiaje de 2024, también se produjeron fricciones entre Ecuador y Colombia por la venta de electricidad, luego de que el gobierno colombiano limitara temporalmente el suministro contratado.
La relación bilateral se deterioró aún más tras las elecciones ecuatorianas de abril de 2025, cuando el presidente Gustavo Petro evitó reconocer el triunfo de Daniel Noboa y respaldó la narrativa de fraude impulsada por sectores del correísmo. Aunque finalmente asistió a la ceremonia de posesión en mayo, el mandatario colombiano declaró que su visita tenía como propósito solicitar la liberación de Jorge Glas, el exvicepresidente correísta condenado por corrupción, a quien calificó como un “preso político”.
