Más de 800 presos colombianos fueron deportados de Ecuador hacia su país a través del paso fronterizo de Rumichaca, en la provincia ecuatoriana de Carchi, tras una operación de traslado que generó tensiones diplomáticas entre los gobiernos de Gustavo Petro y Daniel Noboa.
La medida se llevó a cabo en medio de la protesta formal presentada por el gobierno colombiano, que consideró que la deportación se realizó sin acuerdo previo ni protocolo bilateral.
La Cancillería de Colombia emitió una nota de protesta diplomática el viernes contra Quito, señalando que la entrega de los reclusos colombianos se hizo “de manera unilateral” y “en incumplimiento del derecho internacional”. El organismo afirmó en un comunicado que “Colombia, haciendo uso de los canales diplomáticos, ha expresado su más enérgica protesta ante el Gobierno del Ecuador por este gesto inamistoso hacia nuestro país, y se encuentra evaluando las acciones pertinentes para atender la situación”.
De acuerdo con la gobernadora de la provincia ecuatoriana Carchi, Diana Pozo, que supervisó la operación en el puente fronterizo, “han sido deportadas más de 800 personas privadas de la libertad”. La funcionaria detalló, en declaraciones reproducidas por la prensa, que la acción se realizó bajo custodia de decenas de policías y militares ecuatorianos, quienes controlaron la marcha de los reclusos —vistiendo uniformes naranjas— hasta la frontera colombiana, a las afueras de Tulcán.
En la madrugada del sábado, algunos internos, cubiertos solo con camisetas y pantalones cortos, hicieron ejercicios físicos para soportar las bajas temperaturas de la región andina. A la espera de ser recibidos por funcionarios colombianos, exclamaron “queremos pasar, queremos pasar” ante las autoridades fronterizas.
Una fuente de la gobernación de Carchi explicó que el viernes comenzó la deportación de cerca de 870 presos colombianos, cifra que representa alrededor del 60% de los internos de ese país que permanecían detenidos en cárceles ecuatorianas. La gobernadora Pozo afirmó que la operación incluyó trabajo coordinado con migración de ambos países para evitar congestiones en el puente de Rumichaca.
A pesar de estas declaraciones, autoridades colombianas sostienen que no fueron informadas oficialmente de la repatriación masiva. El secretario de Gobierno del municipio colombiano de Ipiales, Juan Morales, manifestó: “El problema que hemos tenido es que al no informársenos, no teníamos un plan de contingencia para recibirlos”. Y señaló que debieron improvisar un dispositivo de atención humanitaria. Por su parte, el alcalde de Ipiales, Amilcar Pantoja, sostuvo que esperan acoger al menos a 1.061 colombianos en este proceso.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia advirtió que la decisión de Ecuador se tomó “desatendiendo las respetuosas y reiteradas solicitudes” para implementar un protocolo previo. También calificó la acción de Quito como un “gesto inamistoso”. El gobierno colombiano desplazó a la canciller encargada, Rosa Villavicencio, hasta Rumichaca para atender la emergencia.
El gobierno ecuatoriano respondió en un comunicado que las deportaciones fueron notificadas a Bogotá desde el 8 de julio y se han realizado, según su versión, “con respeto a los derechos humanos” y tras una revisión individual de cada caso. La Cancillería de Ecuador enfatizó que “el respeto al debido proceso se garantiza mediante la emisión de resoluciones individuales debidamente motivadas y la correspondiente boleta de excarcelación emitida por autoridad judicial”. Las autoridades ecuatorianas negaron que se tratara de una deportación colectiva y dijeron rechazar las afirmaciones en ese sentido.
En 2024, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa expresó reiteradamente su intención de deportar a los presos colombianos recluidos en Ecuador, señalando como objetivo la disminución del hacinamiento penitenciario. Los primeros traslados de presos se efectuaron en abril, en pequeños grupos.
El mandatario colombiano Gustavo Petro comunicó su desacuerdo y destacó la necesidad de establecer mecanismos conjuntos para garantizar los derechos de los connacionales.
La emisora colombiana Radio Caracol informó que la alcaldía de Ipiales reportó el envío de unos 700 colombianos a través del puente binacional sin una notificación formal previa.
El jueves, el gobierno colombiano sí reconoció que había recibido información de Ecuador sobre la intención de lanzar la deportación de nacionales detenidos en varias cárceles ecuatorianas, aunque insistió en la falta de acuerdos sobre los procedimientos. Las autoridades de ambos países continúan intercambiando comunicados en torno a la legalidad y legitimidad del proceso.
Las operaciones fronterizas y las posiciones de ambos gobiernos mantienen la atención internacional sobre las condiciones y garantías de los derechos de los presos repatriados y el futuro de las relaciones bilaterales en materia de cooperación penitenciaria y migratoria.
(Con información de AFP y Reuters)
