El sentenciado Daniel Salcedo vinculó el asesinato de Villavicencio con una red de corrupción hospitalaria en Ecuador

En una comparecencia ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional del Ecuador, el sentenciado Daniel Salcedo Bonilla sostuvo que el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio fue financiado con dinero proveniente de la corrupción hospitalaria. Su intervención, realizada de forma presencial en el Palacio Legislativo de Quito, estuvo marcada por acusaciones –sin sustento documental– sobre redes de contratación amañadas, financiamiento político irregular y amenazas contra su vida.

Salcedo, condenado por corrupción y delincuencia organizada, afirmó que su conocimiento sobre el funcionamiento de estas redes lo convirtió en un objetivo: “Dinero que se usó para matar a Fernando Villavicencio, dinero que se usó para atentar contra mi vida”, dijo aludiendo al atentado que sufrió recientemente en prisión, en el que su hermano Noé Salcedo recibió 11 puñaladas para salvarlo.

Según su testimonio, el esquema de corrupción hospitalaria operaba desde al menos una década. “Con Xavier Jordán más o menos empezamos a trabajar a raíz de 2015, si no me equivoco”, aseguró Salcedo indicó que las contrataciones públicas eran manipuladas desde las unidades requirentes de los hospitales, que son las áreas técnicas responsables de detallar las especificaciones de los insumos solicitados: “Yo hablaba directamente con las unidades requirentes y les decía que necesitaba que cambien ciertas cosas... para que el único que pudiera ganar fuera yo”, explicó.

Uno de los mecanismos consistía en alterar los términos de referencia para que solo sus empresas o las de sus socios pudieran cumplirlos. “Ponía que el agua tenga tres gotitas de limón. Entonces, la única agua que cumplía era la mía”, ironizó. A través de este sistema, dijo, se adjudicaron contratos en hospitales a nivel nacional y se generaron ganancias millonarias.

Salcedo mencionó que el dinero obtenido mediante este sistema no solo enriqueció a sus operadores, sino que también fue utilizado para fines políticos. En su comparecencia, afirmó: “Yo entregaba el dinero a Xavier Jordán… por boca de él, eso era para financiar campañas políticas del Partido de Revolución Ciudadana”, añadió que los fondos servían para entregar vehículos, por ejemplo. Además, indicó que Ronny Aleaga, prófugo, exlegislador correísta refugiado en Venezuela y Latin King, decía a Jordán: “‘Tranquilo que tienes todo el respaldo, nosotros te vamos a respaldar’. Nadie te va a tocar y lo ha cumplido. A Xavier Jordán nadie lo ha tocado”, aseguró.

En su comparecencia, también implicó directamente a varios actores que habrían formado parte de una red operativa que combinaba negocios ilícitos y protección política. “Éramos un solo equipo: Nain Massuh, Xavier Jordán, Ronny Aleaga, Pablo Mendoza, Leonardo Cortázar”, señaló Salcedo. El sentenciado dijo que se distanció del grupo cuando observó prácticas que no compartía y que desde entonces comenzaron los ataques en su contra.

Entre los nombres mencionados por Salcedo estuvo el del actual alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, del correísmo. Según su relato, fue presentado a él en una oficina en Ceibos, como parte de una empresa llamada Casa Bunces. No ofreció evidencia documental ni detalló el alcance de la supuesta relación. No obstante, según la información comercial pública disponible, Casa Bunces opera en el comercio al por mayor de medicamentos y productos relacionados sector médico.

Salcedo aseguró que el asesinato de Fernando Villavicencio se produjo porque el entonces candidato “les estaba tocando el bolsillo” al denunciar casos de corrupción vinculados a esa red. “Lo mejor era silenciarlo, y es lo mismo que está pasando conmigo”, dijo y contó que antes de ser atacado en prisión escuchó una amenaza directa: “Pepe te manda saludos”, el apodo “Pepe” presuntamente estaría vinculado al exministro del Interior del correísmo, José Serrano, quien ahora vive en Estados Unidos.

Además, identificó a dos operadores de Xavier Jordán: Juan Carlos Gómez (colombiano, ya fallecido) y Juan Pablo Jaramillo, quienes, según Salcedo, se encargaban de movilizar los recursos generados mediante contrataciones fraudulentas.

Aunque Salcedo reconoció haber participado en estos hechos —“fui parte de eso”– aseguró que ahora desea colaborar con la justicia y con el poder legislativo. Se comprometió a entregar en un plazo de diez días todos los documentos de pago, contratos adjudicados y subastas públicas vinculadas a las empresas involucradas.

El testimonio generó reacciones divididas. En la opinión pública cuestionaron que se haya dado tribuna a un condenado por corrupción sin contar con pruebas verificables. La Fiscalía General del Estado, a través de un oficio leído durante la sesión, recordó que Salcedo está acogido al Sistema Nacional de Protección de Testigos y que la información que ha proporcionado está sujeta a reserva judicial.

Pese a esas advertencias, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinand Álvarez, –antes del correísmo ahora del oficialismo y pareja de la exasistente de Jorge Glas que demandó al ex vice por intimidación– defendió la decisión de recibir a Salcedo. Indicó que toda la información deberá ser evaluada, contrastada y documentada antes de que la Comisión emita cualquier juicio.

La comparecencia fue interrumpida por razones de seguridad a las 17:11. Salcedo se retiró escoltado por personal del centro penitenciario y el acto fue clausurado sin nuevos puntos en agenda. Antes de irse, dejó una advertencia: “Me gusta que mi cabeza tenga precio... A mí no me da miedo”.

Tras la comparecencia, Xavier Jordán —mencionado repetidamente por Salcedo como operador financiero y político de la red— envió una carta desde Miami al presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, y al presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinand Álvarez. En el documento, Jordán expresó su “asombro” por la comparecencia de un sentenciado que, según él, “ha reconocido públicamente que no puede probar lo que ha dicho”. Solicitó ejercer su derecho a réplica en iguales condiciones, ya sea de forma presencial o telemática, para exponer “información documentada, veraz y verificable” sobre la estructura de corrupción hospitalaria y —según él— sobre el presunto financiamiento de la campaña del actual presidente de la Comisión.