La organización Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), con sede en Madrid, elevó este miércoles una “acción urgente” ante la Relatora Especial de la ONU sobre la Tortura por el “riesgo inminente para la vida” del disidente cubano José Daniel Ferrer. La petición exige intervención contra la escalada de abusos que enfrenta Ferrer desde su regreso a prisión en la cárcel de Mar Verde, en oriente de Cuba, tras revocarse su libertad condicional.
La ONG fundamenta su denuncia en “testimonios directos de sus familiares, quienes pudieron verlo brevemente el pasado sábado 5 de julio”, que dan cuenta de que se encuentra “extremadamente débil” como consecuencia de una huelga de hambre iniciada el 25 de junio. El activista, líder de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), cumple 54 años y es considerado preso de conciencia por Amnistía Internacional.
La denuncia del OCDH detalla una serie de violaciones: “violencia física sistemática, brutales y reiteradas golpizas por parte de funcionarios de la prisión”; instigación de reclusos comunes para agredirlo; torturas como “intentos de asfixia, torsión de dedos y extremidades”; y la “negación de alimentos, medicamentos y artículos de higiene personal” enviados por su familia. Alertan también sobre amenazas de muerte contra él y su entorno, y sobre una posible exposición a la tuberculosis, lo cual pone en grave riesgo su salud.
Unpacu coincide en la denuncia y califica sus padecimientos como “tortura sistemática”, al tiempo que advierte de que su vida está “en grave peligro” dentro de ese centro penitenciario de máxima seguridad. Sus familiares alertaron en redes sociales que, tras “once días de huelga de hambre bajo crueles torturas, golpizas, abusos y humillaciones”, su estado es crítico.
La agencia EFE menciona que la denuncia identifica a cinco presuntos agresores del personal penitenciario, incluido el jefe del centro. Entre estos, la denuncia ante la ONU menciona nombres que incluyen al subdirector Adalberto Abreu Chacón, señalado en redes sociales como responsable de los ataques desde el 25 de junio.
En abril, el Tribunal Supremo Popular de la dictadura cubana revocó la excarcelación que le había sido concedida en enero, dentro del acuerdo con Estados Unidos mediado por el Vaticano. En ese pacto, Cuba liberó a 553 presos políticos y EEUU aligeró su postura en la lista de países promotores del terrorismo. Según las autoridades, Ferrer no observó las condiciones legales de su libertad condicional; él sostiene que continuó su labor humanitaria entregando alimentos a casi un millar de personas en situación vulnerable.
No es la primera vez que desde la disidencia advierten sobre agresiones contra Ferrer en prisión. En noviembre pasado, su entorno y organizaciones como Human Rights Watch documentaron que tras una “brutal golpiza” fue hospitalizado, aunque la dictadura cubana y sus medios oficiales negaron los hechos.
Estas últimas revelaciones coinciden con una fuerte condena internacional. La Unión Europea, el Parlamento Europeo y Amnistía Internacional han advertido reiteradamente al régimen que sus detenciones arbitrarias, torturas y represión sistemática contra disidentes representan violaciones graves a los derechos humanos. El informe del Parlamento Europeo de septiembre de 2024 reclamó la liberación “inmediata y sin condiciones” de Ferrer y otros opositores, y denunció “torturas e inhumanos tratos” por parte de la dictadura cubana.
Desde Washington, el Departamento de Estado y congresistas como Rick Scott y María Elvira Salazar exigieron pruebas de vida y acceso a atención médica para Ferrer. El senador condenó el trato como “un acto bárbaro que expone la naturaleza criminal, violenta y cobarde de la dictadura cubana”.
El caso de Ferrer se inscribe en un contexto más amplio de represión. El informe del OCDH registró más de 250 acciones represivas solo en junio —detenciones arbitrarias, hostigamiento, actos de intimidación— y documentó un patrón creciente de presión sobre la sociedad civil y opositores. Freedom House y Human Rights Watch han señalado que la dictadura cubana mantiene restricciones severas a la libertad de expresión, asociación y protesta, y continúa utilizando la cárcel como herramienta de disuasión.
José Daniel Ferrer, nacido el 29 de julio de 1970 en Palma Soriano, simboliza décadas de disidencia. Dirigente del Proyecto Varela en los años 2000, fue condenado a 25 años de cárcel durante la Primavera Negra de 2003. Fue excarcelado en 2011 tras una huelga de hambre prolongada y permaneció en la isla, rechazando el exilio. En 2021, fue nuevamente arrestado tras su participación en las protestas del 11 de julio. Su liberación condicional en enero de este año provocó un nuevo capítulo en su enfrentamiento con la dictadura.
Organismos internacionales demandan ahora que se permita “acceso inmediato y seguro” a médicos y a sus familiares. Consideran que este caso no solo refleja un vacío humanitario, sino también la estrategia de control político del régimen. Proponen aplicar la sanción Magnitsky a quienes resulten responsables y analizar, en foros internacionales, la conducta de la dictadura cubana.
A pocas semanas de que Ferrer cumpla 55 años, el mundo observa con preocupación su estado de salud y la respuesta de la dictadura. Para su familia y aliados, su vida pende de decisiones políticas y judiciales que el régimen tome en los próximos días. En medio de gestos diplomáticos, recomposiciones políticas y el mediatismo del caso, el futuro del disidente cubano simboliza la tensión entre un sistema totalitario y la exigencia universal de derechos humanos.
