En una nueva acción del Gobierno ecuatoriano para desarticular las redes criminales que operan desde las cárceles, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) anunció el traslado de 26 presos desde tres centros penitenciarios de Guayaquil hacia otras cárceles del país.
Según el comunicado oficial emitido el 29 de junio de 2025, los internos fueron reubicados desde el Centro de Privación de Libertad Guayas No. 1, el CRS Guayas No. 4 y el CPL Guayas No. 5. La operación fue ejecutada por el bloque de seguridad del Estado, en coordinación con el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
El objetivo de este traslado estratégico es neutralizar estructuras delictivas que, desde el interior de los centros de reclusión, continuaban planificando y ejecutando delitos como secuestros, extorsiones y cobros ilegales, comúnmente conocidos como “vacunas”. El Gobierno sostiene que la acción forma parte de una estrategia integral para desmontar los núcleos operativos de la delincuencia organizada que, durante años, han utilizado las cárceles como centros de mando para actividades criminales dentro y fuera del país.
La medida se inscribe en un contexto complejo y sostenido de crisis carcelaria en Ecuador, que ha alcanzado niveles alarmantes en los últimos cinco años. Desde 2021, el país ha enfrentado más de una docena de masacres dentro de los centros penitenciarios, con cientos de muertos como resultado de enfrentamientos entre bandas rivales. Las organizaciones criminales han logrado tomar el control de varios pabellones, utilizando a los internos como fuerza de choque y a las cárceles como centros logísticos de operación, comunicación y extorsión.
El traslado de los 26 reclusos se presenta como una acción preventiva basada en labores de inteligencia e investigación que detectaron nuevas operaciones delictivas en curso desde estos tres centros penitenciarios de Guayaquil, ciudad que concentra la mayor parte del hacinamiento carcelario y también de la violencia asociada al narcotráfico.
Autoridades penitenciarias aseguran que la intervención fue realizada de manera segura, eficaz y con respeto a los derechos humanos, en coordinación con todos los entes de seguridad del Estado.
Desde el inicio del mandato presidencial de Daniel Noboa, las fuerzas de seguridad han intensificado su presencia dentro de las cárceles del país, en un esfuerzo por recuperar el control de los centros penitenciarios. La declaratoria de “conflicto armado interno” en enero de 2024, tras la fuga de alias Fito –que recientemente fue capturado– y una ola de atentados en varias provincias, marcó un punto de inflexión en la política penitenciaria y de seguridad del actual gobierno.
No obstante, expertos en seguridad y derechos humanos han advertido que los traslados por sí solos no resuelven el problema estructural del sistema penitenciario ecuatoriano. El hacinamiento —que supera el 120 % en varias cárceles—, la falta de personal penitenciario capacitado, la corrupción interna y la inexistencia de programas de rehabilitación efectiva, continúan alimentando el círculo vicioso de violencia y control criminal dentro de los recintos.
El sistema carcelario de Ecuador alberga a más de 31.000 personas privadas de libertad, muchas de ellas sin sentencia ejecutoriada. Las bandas criminales han aprovechado esa vulnerabilidad institucional para establecer jerarquías y operar como mafias internas, ejerciendo poder sobre otros internos e incluso sobre funcionarios del sistema, según se ha reflejado en informes como el de la CIDH. La violencia carcelaria ha repercutido directamente en el incremento de homicidios, secuestros y extorsiones en las principales ciudades del país.
Noboa reconoció públicamente que mantener al líder criminal Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, en una prisión ecuatoriana representa una exposición innecesaria para el país. En entrevista con CNN, el mandatario reiteró que su gobierno está listo para extraditarlo a Estados Unidos en cuanto llegue la solicitud formal.
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