El Gobierno de Panamá definió este viernes la suspensión de las libertades de reunión y movimiento en la provincia de Bocas del Toro, región caribeña considerada la principal zona bananera del país, debido a los disturbios, saqueos, destrozos a instalaciones aeroportuarias y bloqueos de carreteras perpetrados por manifestantes en el último tiempo.
La medida se estableció bajo “estado de urgencia” y, además, dejó sin efecto, temporalmente, varias garantías constitucionales, incluyendo aquellas que impiden la intervención en domicilios privados y la interceptación de comunicaciones personales.
El anuncio lo realizó el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, durante una conferencia en la que se presentó junto a todos los funcionarios del gabinete de José Raul Mulino.
Orillac declaró que “el gobierno ha decidido declarar la emergencia y suspender las garantías constitucionales en todo el territorio de la provincia de Bocas del Toro por el término de cinco días, a fin de restablecer la paz y el orden”.
“Esta medida la tomamos para evitar que grupos radicales y delictivos se reúnan para organizar actos de violencia, vandalismo, que pongan en peligro la propiedad y a las personas”, sumó.
Por su parte, el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, remarcó que si bien “con la suspensión de las garantías quedan prohibidas las reuniones y demás temas que alteren el orden público (...), las personas pueden ir de su trabajo a su casa sin ningún problema”.
Previamente, el Gobierno ya había impuesto el 27 de mayo un estado de emergencia en la misma provincia, aunque entonces no se habían limitado los derechos constitucionales. En esa ocasión, la decisión se tomó en respuesta a una huelga de trabajadores bananeros y al corte de vías, que formaron parte de las protestas por una ley que reformó el sistema de Seguridad Social.
Estas manifestaciones, que llevan cerca de dos meses, se radicalizaron la víspera, cuando se produjeron enfrentamientos y hechos de vandalismo, motivo por el cual el Ministerio de Seguridad destinó más de 1.500 agentes en la provincia.
Durante la conferencia, Orillac denunció que el jueves “grupos violentos de personas con capuchas protagonizaron actos criminales y de terrorismo urbano”, que incluyeron saqueos, destrucción parcial de un estadio de béisbol, ataques a comercios y severos daños en el aeropuerto de Changuinola.
Estos hechos dejaron un saldo de un muerto, más de 50 personas detenidas y decenas de heridos —entre ellos, varios policías— según informaron fuentes oficiales.
La politóloga Sabrina Bacal señaló que “estos son actos delictivos, no son una protesta”, asegurando así que las medidas de fuerza tienen un origen ideológico, aunque reconoció que el Gobierno ha mantenido “un discurso muy agresivo y sectario, pues se ha negado a escuchar lo que piensan otros grupos”.
Las manifestaciones originales surgieron en abril, tras la aprobación de una ley que reformó la Seguridad Social, y derivaron inmediatamente en protestas por parte de sindicatos de profesores y trabajadores de la construcción. A ellos se sumaron luego los trabajadores bananeros de Bocas del Toro, tras considerar que la nueva norma recortaba beneficios obtenidos bajo la Ley de 2017, que regulaba el sector.
La magnitud de los bloqueos convirtió a la provincia en el epicentro nacional de la protesta: la interrupción del suministro obligó al desabastecimiento de insumos básicos en la zona y se registraron pérdidas millonarias.
En ese contexto, esta semana entró en vigor una nueva ley especial diseñada para aumentar los beneficios laborales de los trabajadores del sector, producto de un acuerdo entre diputados y líderes sindicales, quienes anunciaron el levantamiento de bloqueos viales a cambio de su promulgación.
Sin embargo, diversos actores sociales y agrupaciones de profesores rechazaron ese pacto, lo que detonó una nueva ola de manifestaciones, enfrentamientos en las calles y cortes de carreteras, agravados por la respuesta policial desplegada esta semana.
(Con información de AFP, AP y EFE)
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