En un hecho inédito, este lunes la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó prisión preventiva para cuatro personas y solicitó a la Corte Suprema pedir la extradición desde Israel de una exjueza, todos miembros de una red que en tiempos de la dictadura de Augusto Pinochet vendió al extranjero, mediante adopciones irregulares, a niños chilenos en situación de vulnerabilidad por sumas que podían llegar hasta los USD 50 mil.
Este lunes, el ministro Alejandro Aguilar Brevis formalizó a Ivonne Gutiérrez Pávez, exmagistrada del Juzgado de Menores de la comuna de San Fernando (140 kms al sur de Santiago), y a Ismael Moisés Espinoza León, Carlos Sigisfredo Vega Segura, Laura Rosa Silva Sánchez y Sylvia Clara Vilches Rojas por los delitos de asociación ilícita, sustracción de menores y prevaricación dolosa en la adopción irregular de dos niños a matrimonios extranjeros.
Según la investigación, dicha red estaba formada por la mencionada exjueza, funcionarios de la salud, sacerdotes católicos, abogados y trabajadores sociales, operó en los años 80 y cobraba por buscar niños en casas “con piso de tierra”, asegurándoles a sus madres -algunas incluso menores de edad-, que sus hijos podían ser ingresados a centros donde iban a ser bien cuidados, para después enviarlos fuera del país.
Los casos
Dos son los casos que consigna el fallo del ministro Aguilar, el primero el de una niña de tres años identificada como “Andrea”, cuya tuición fue solicitada en 1983 por uno de los involucrados ante el tribunal de la exjueza Ivonne Gutiérrez, a fin de entregarla a una ciudadana extranjera de iniciales G.J.D.
No obstante, dicha adopción irregular fue evitada a tiempo por la madre de las niña, quien junto a familiares y Carabineros logró rescatarla desde “un recinto en donde había un mesón de atención al público”, reza el fallo.
El otro caso corresponde a la autorización “rauda y acelerada” que hizo la misma exjueza para permitir “la salida del país del hijo de la madre víctima de nombre A.A.R.R, con destino Estados Unidos el día 12 de marzo de 1983″.
De acuerdo al documento judicial, “se había conformado en el año 1982, una organización -con definidos roles criminales- en la ciudad de San Fernando, cuya lideresa e integrantes mantenían conexiones permanentes con la ciudad de Santiago (...) agrupación delictiva que tenía como objeto sustraer o robar infantes con ánimo de lucro dinerario (US 50.000) para sacarlos del país a diferentes destinos de Europa y EEUU“.
Delitos sin prescripción
Una vez acreditados los delitos, el magistrado Aguilar recordó que en estos casos no se aplica la prescripción, puesto que se trata de crímenes de lesa humanidad, “perpetrados en un régimen militar y que deben ser sancionados de acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Cabe señalar que las primeras denuncias sobre adopciones ilegales se conocieron en 2014 y fueron investigadas por el juez Mario Carroza, quien aseguró que los casos podrían elevarse a 20 mil. Actualmente alrededor de 1.000 causas se investigan en los distintos tribunales chilenos.
En los últimos años se han producido varios reencuentros en el Aeropuerto de Santiago entre niños adoptados irregularmente y sus familias reales, sobre todo gracias a la Fundación Connecting Roots, organización que se dedica a realizar trabajos de reconexión familiar, apoyo psicológico y reparación de las víctimas secuestradas y vendidas ilegalmente en Estados Unidos, fundada por Tyler Graf, un bombero de Houston que logró reunirse con su familia biológica en Chile años atrás.
“Una vez que aterrizamos, preparamos a los adoptados para encontrarse con sus familias por primera vez (...) Se puede ver el dolor en los ojos de los adoptados y de las madres, pero cuando salen por esa puerta y se dan abrazos, no es más que alegría. Todos merecen conocer su pasado, todos merecen conocer a sus padres”, señaló Graf en febrero del año pasado, cuando siete chilenos secuestrados en dictadura se reencontraron con sus familias en el Aeropuerto de Santiago.
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