El gobierno de Yamandú Orsi estableció como una de las líneas de la gestión el “compromiso” con la búsqueda de los restos de los detenidos desaparecidos de la última dictadura (1973-1985). Como la administración del centro izquierdista Frente Amplio lo marca como un tema relevante, al segundo encuentro del gabinete no concurrió la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo. A la misma hora, había ido a un predio en el que se presume que puede haber restos humanos.
Tras la reunión del Consejo de Ministros, el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, dio la información. El funcionario informó que la Justicia dispuso una medida cautelar en el predio del Comando General de la Armada, ubicado en el subsuelo del puerto de Montevideo.
En una conferencia de prensa, Díaz explicó la “importancia” que el gobierno le da al tema aunque no dio mucha más información por las reservas que implica este trámite judicial.
Díaz aseguró que muchas veces el gobierno recibe datos de este tipo, pero no siempre ofrece la misma “verosimilitud” y, en algunos casos, desvían el foco principal del Estado, que es ubicar los restos de las personas que fueron desaparecidas durante la última dictadura, expresó el prosecretario. “Es una obligación del Estado y este gobierno está dispuesto a cumplir hasta las últimas consecuencias”, expresó.
En este caso, tras analizar la información primaria, se entendió que había elementos en los datos que los hacían creíbles. Por ende, se dispuso la ejecución de este procedimiento con la intervención de la Justicia, que fue la encargada de cautelar el predio.
“Para la izquierda, el tema de los derechos humanos, del pasado reciente, de los desaparecidos es un eje vertebral, forma parte de nuestro ADN. Este tema nos moviliza profundamente y estamos dispuestos a poner toda la carne en el asador para encontrar hasta el último de nuestros desaparecidos”, señaló Díaz.
Entre quienes se dedican a buscar los restos de detenidos desaparecidos hay cautela. El fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, señaló que tuvo conocimiento de la información hace algunos días, informó a La Diaria. Los datos indican que habría varios cuerpos en la zona de un subsuelo de ese predio de la Armada, que no estarían enterrados, como sucedió con todos los hallazgos que se han dado hasta el momento. En este caso, se habría construido sobre ellos.
Esta información podría derivar en que se tenga que destruir parte de la pared del subsuelo, dado que el recinto tiene “lugares escondidos”, definió Perciballe.
Fue la antropóloga que lidera el Grupo de Investigación en Antropología Forense (GIAF), Alicia Lusiardo, quien llevó la información al Ministerio Público. En este momento es que se activa un protocolo definido por la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) y comienza el proceso judicial que terminó con la decisión de cautelar el predio.
La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, declaró a ese medio que es necesario tener “mucha cautela” al “generar expectativas” por esta información. Un eventual hallazgo implicaría “sentimientos encontrados”, señaló. “Deseamos éxitos en el trabajo , pero sabemos que ese éxito implica confirmar cosas muy dolorosas. Hay que dejar que trabajen tranquilos, [con] total confianza”, expresó.
El director de la Inddhh, en tanto, pidió “desdramatizar” y no “generar demasiadas expectativas” en este tema. Recordó que durante la dictadura militar allí funcionó el Cuerpo de Fusileros Navales del Uruguay y que hubo lugares de detención clandestinos. Sin embargo, aseguró que en la inspección de este martes no se vieron calabozos.
Tayler aseguró que probablemente los investigadores vuelvan al lugar. Explicó que hay una “zona muy grande” que no está siendo utilizada y que es objeto de investigación.
