La comunidad educativa de Cayambe, en la Sierra norte de Ecuador, enfrenta una de sus peores crisis tras revelarse un atroz caso de violencia sexual: dos adolescentes habrían sido víctimas de una violación grupal perpetrada por cuatro de sus propios profesores y un quinto cómplice. La denuncia, difundida por Sybel Martínez, del Grupo Rescate Escolar, ha sacudido al país y generado un clamor urgente por justicia.
Según la reconstrucción de los hechos relatada por Martínez en su cuenta de X, las jóvenes, estudiantes de último año de la Unidad Educativa Municipal Cayambe, fueron abordadas el pasado 28 de febrero cuando se dirigían a sus prácticas de enfermería. Cuatro docentes y un amigo de ellos las convencieron de acompañarlos a un lugar apartado, donde, tras ofrecerles una gaseosa adulterada, las adolescentes perdieron la conciencia.
A partir de ese momento, la pesadilla se profundizó. En la casa del quinto agresor, las obligaron a consumir alcohol a la fuerza. Una de las jóvenes intentó huir al ver cómo arrastraban a su amiga a una habitación, pero fue contenida, desnudada y brutalmente agredida. Permanecieron retenidas y abusadas durante más de cinco horas, incomunicadas y sin posibilidad de pedir ayuda, según relató Martínez.
La desesperación de sus familias, que ya las buscaban, se combinó con un breve momento de lucidez de una de las adolescentes, quien logró enviar un mensaje desde su celular antes de que los agresores se lo arrebataran. Ante el riesgo de ser descubiertos, intentaron reanimarlas con agua con sal y café, para luego trasladarlas a bordo de un vehículo hacia el lugar donde realizaban sus prácticas. Durante el trayecto, las adolescentes, todavía aturdidas, comenzaron a asimilar lo sucedido. Una de ellas notó que le faltaba el short que solía llevar debajo del uniforme.
Al llegar al lugar, se toparon con la Policía. Uno de los agresores huyó, pero otro se atrincheró en el automóvil con las víctimas. Fue detenido en delito flagrante, momento en el que ofreció “pagar todo” para intentar evitar las consecuencias de su crimen.
El examen médico legal confirmó la violación. En la audiencia de flagrancia se detuvo a cuatro implicados, mientras que días después se vinculó al propietario de la vivienda donde ocurrió el delito. Sin embargo, pese a la gravedad de los hechos y al evidente riesgo para las víctimas, los jueces no dictaron prisión preventiva contra los docentes involucrados.
El caso ha generado aún más indignación debido a los múltiples obstáculos que las adolescentes han enfrentado tras denunciar. De acuerdo con la narración de Martínez, los docentes, incluso después de presentar su renuncia, seguían ingresando a la unidad educativa, burlándose de las víctimas. La rectora habría apoyado una actividad para recaudar fondos destinados a la defensa legal de los agresores, mientras que la comunidad escolar, en lugar de proteger a las jóvenes, ha tomado partido por los victimarios.
La Ministra de Educación, Alegría Crespo, expresó su profunda consternación a través de un comunicado en sus redes sociales. “Nos duele, nos conmueve y nos indigna”, dijo, al tiempo que reafirmó el compromiso del Ministerio de erradicar toda forma de violencia en el sistema educativo. Informó que, tras conocer el caso, se activaron los protocolos de protección a las víctimas y que los docentes fueron separados de la institución. Además, instruyó que se colabore estrechamente con la Fiscalía para garantizar una investigación rigurosa y libre de dilaciones.
“Con firmeza reiteramos: ¡tolerancia cero! Y con convicción, ratificamos nuestro compromiso de erradicar toda forma de violencia en la comunidad educativa”, enfatizó la ministra.
Pese a las medidas anunciadas, el caso evidencia profundas fallas institucionales y una dolorosa revictimización de las adolescentes, quienes lejos de encontrar apoyo en su entorno, han sido objeto de desprestigio y amenazas. Mientras que la impunidad que rodea a los agresores y la complicidad de ciertas autoridades escolares agravan aún más el trauma de las sobrevivientes.
