Un diputado en Bolivia presentó una acción de inconstitucionalidad en relación a las elecciones generales previstas para el 17 de agosto y desató preocupaciones en la oposición sobre la posible retardación del proceso.
El ex presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, aduce que la convocatoria a elecciones no incluye la paridad de género en las candidaturas a la Presidencia y Vicepresidencia, y solicita al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que ordene al organismo electoral incluir el criterio de paridad en los binomios presidenciales.
Sin embargo, el alegato del Huaytari no tiene fundamento constitucional porque la Constitución Política del Estado solo establece la paridad de género para los cargos legislativos. El artículo 147 de la Constitución Política del Estado (CPE) establece que en la elección de asambleístas se garantizará la participación de hombres y mujeres a partir del criterio de alternancia y paridad, sin embargo no hace mención a los binomios del Ejecutivo.
Para algunos analistas y parlamentarios de la oposición, esta medida busca dilatar y entorpecer el proceso. “Lamentamos que un diputado que ha tenido la gestión más nefasta en la conducción de la Cámara de Diputados intente obstaculizar que los binomios sean electos de manera democrática”, manifestó la diputada Lissa Claros.
De igual forma, el analista político Marcelo Silva consideró que la medida es “extemporánea” y pone en riesgo la realización de las elecciones porque puede derivar en la postergación del proceso.
En medio de este debate, el vocal electoral Gustavo Ávila informó que hasta el miércoles no habían sido notificados con ninguna medida cautelar por lo que las actividades establecidas en el calendario electoral se estaban desarrollando con normalidad. Ávila aclaró que el recurso judicial no impediría el desarrollo ni la paralización del proceso.
El vocal explicó que el fallo del TCP debe ser emitido antes del 19 de mayo, fecha en la que se deben registrar los candidatos, para no afectar el calendario electoral y respetar el principio de preclusión. “El proceso electoral no va parar, no vamos a determinar un alto en nuestras actividades y tenemos el objetivo de realizar las elecciones el 17 de agosto”, declaró el vocal en entrevista con el canal Unitel.
Las susceptibilidades que surgen por la posible obstaculización del proceso no son injustificadas, existe el antecedente de la postergación de las elecciones judiciales que se celebraron con un año de retraso y de manera parcial, debido a fallos judiciales que entorpecieron el proceso.
La renovación de jueces de las altas cortes debía realizarse a finales de 2023 para que los nuevos magistrados asuman sus cargos el 2 de enero de 2024. Sin embargo, una seguidilla de recursos judiciales obligaron a modificar reglamentos y ajustar la normativa, lo que postergó por un año la elección. En paralelo, los jueces que emitían las normas para dilatar el proceso se “auto prorrogaron” en sus cargos, bajo el argumento de que no podían haber acefalías en el poder judicial. La extensión arbitraria de su mandato tuvo el respaldo del Gobierno de Luis Arce, pero restó legitimidad a sus disposiciones.
Cuando el proceso estaba encaminado, el TCP declaró desierta la convocatoria en algunas regiones por lo que la votación fue parcial y solo se eligieron 19 de los 26 puestos electivos, dejando a siete jueces de la gestión anterior aún en ejercicio del cargo.
El abogado constitucionalista, William Bascopé, teme que el recurso judicial que presentó Huaytari sea el inicio de una serie de acciones para posponer la votación. “Así comenzó de atropellada la elección judicial, una acción, otra acción y así sucesivamente se fue desplazando la elección de los jueces hasta una crisis total con auto prorrogados”, manifestó en entrevista con DTV.
Con base en esos antecedentes, los vocales del Tribunal Supremo Electoral han solicitado a los legisladores y al Gobierno la aprobación de una ley que obligue a respetar el principio de preclusión, es decir que no se pueda retroceder en los pasos del calendario electoral, con el objetivo de asegurar el proceso electoral.
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