La construcción de una megaobra en la costa del Río de la Plata para mejorar el abastecimiento del agua potable de Montevideo fue una de las polémicas de la transición entre Luis Lacalle Pou y Yamandú Orsi. A falta de poco más de un mes para el traspaso de la banda presidencial entre ambos, se concretó la firma entre el Estado uruguayo y un consorcio internacional por el Proyecto Neptuno. La renegociación de este contrato se convirtió en una de las prioridades del gobierno que asumió el 1° de marzo.
El Proyecto Neptuno está pensado para Arazatí (departamento de San José), a unos 100 kilómetros de Montevideo. La idea fue presentada por el consorcio Aguas de Montevideo (compuesto por las empresas Berkes, Saceem, Cimsa y Fast), y propone la instalación de una toma de agua sobre el Río de la Plata, una planta potabilizadora, una estación de bombeo y la tubería.
En el sistema político hay consenso en que es necesario hacer una obra para solucionar el abastecimiento del agua potable de Montevideo y el área metropolitana. El antecedente de 2023 todavía está fresco: la grave sequía que atravesó Uruguay provocó que durante algunas semanas el agua saliera salada de los grifos.
Pero en lo que no hay acuerdo es en el cómo. El gobierno de Orsi anunció que renegociaría lo que ya dejó firmado su antecesor. Y a fines de la semana pasada hubo novedades en ese sentido, luego de una reunión entre el Poder Ejecutivo y los representantes del consorcio internacional, que acordaron suspender la ejecución del contrato por 90 días.
En el encuentro, que tuvo lugar el viernes 11 en la casa de gobierno, estuvieron el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez (mano de derecha de Orsi, quien tiene un rol similar al de un jefe de gabinete), el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, y Pablo Ferreri, el presidente de OSE, la empresa estatal encargada del abastecimiento del agua.
En la reunión, el gobierno planteó al consorcio la necesidad de “frenar la ejecución” del proyecto por 90 días, como una forma de renegociar el contrato. Esto –explicó Sánchez en una conferencia de prensa– implica que “se congela todo lo que firmó el gobierno saliente” y que no se innovará en ninguna de las áreas que supone esta iniciativa. Las partes acordaron instalar una mesa de trabajo que funcionará de manera permanente para renegociar el contrato. El secretario de Presidencia reiteró la “visión crítica” que tiene el nuevo gobierno respecto a esta megaobra.
La administración de Orsi reconoce que son necesarias obras y acciones para garantizar el abastecimiento del agua potable para la población del área metropolitana hasta el 2035. Sin embargo, el programa del Frente Amplio establece que la prioridad es otra obra: la construcción de una represa en Casupá, en el departamento de Florida, sobre un afluente de agua dulce. Esta obra, según Sánchez, daría “suficiente agua bruta” para los habitantes de la capital uruguaya.
El ministro de Economía, Gabriel Oddone, admitió, en una comparecencia al Parlamento, que es necesario “reducir el riesgo de falta de abastecimiento de agua potable en el área metropolitana. Así lo planteó ante los legisladores, según consta en la versión taquigráfica de la sesión de la Comisión de Hacienda del miércoles 2.
“Todos conocen la agenda de proyectos que están sobre la mesa. Ese es un mandato de este gobierno; es imposible que deje pasar los cinco años sin haber tenido una solución para este tema, por lo que ya quedó de manifiesto en la crisis de sequía que tuvimos”, dijo Oddone.
El ministro señaló que OSE tendrá una “centralidad fundamental” en el actual período de gobierno y la definió como la “cenicienta de las empresas públicas”. Describió que la situación financiera de este ente es “muy, muy grave”.
