Luisa González, la apuesta del correísmo para regresar al poder en Ecuador

Luisa González es la carta más fuerte del movimiento Revolución Ciudadana desde que Rafael Correa dejó el poder en 2017. Ex asambleísta, ex cónsul en España y ex secretaria de la Administración Pública durante el correísmo, ha logrado posicionarse como la principal figura opositora al presidente Daniel Noboa. A sus 47 años, podría convertirse en la primera mujer en ser electa como presidenta del Ecuador, en un balotaje que se anticipa como uno de los más cerrados de la historia reciente del país.

Desde el inicio de su campaña, ha prometido “orden, trabajo y paz”, y ha defendido la gestión de Correa como un periodo de crecimiento y estabilidad. Sin embargo, su cercanía con figuras vinculadas a escándalos de corrupción, su respaldo explícito a la dictadura de Nicolás Maduro y los discursos ambivalentes dentro de su movimiento sobre la dolarización han generado cuestionamientos.

A continuación, cinco claves sobre la candidata del correísmo.

Luisa González, ex funcionaria del gobierno de Rafael Correa y actual candidata presidencial por el movimiento Revolución Ciudadana, enfrentará al presidente Daniel Noboa en el balotaje del 13 de abril. En la primera vuelta electoral obtuvo el 44% de los votos válidos, alcanzando un empate técnico con el actual mandatario. Representa el intento más sólido del correísmo por recuperar el control del Ejecutivo, tras dos derrotas consecutivas en 2021 y 2023, donde sus contendientes les ganaron el balotaje con 5% y 3%, respectivamente.

En la campaña, ha adoptado un discurso que mezcla crítica al gobierno actual y la promesa de “recuperar el país”, apelando a la memoria de la llamada Revolución Ciudadana. Su trayectoria está estrechamente vinculada al expresidente Correa, cuya década en el poder estuvo marcada por denuncias de corrupción, concentración del poder, persecución a opositores y limitaciones a la libertad de prensa.

En materia de seguridad, González plantea un modelo preventivo que incluye el restablecimiento del Ministerio Coordinador de Seguridad, inversión social y la incorporación de “gestores de paz”, figuras comunitarias que según su equipo se encargarían de mediar conflictos y prevenir delitos. Sin embargo, este último punto ha generado preocupación en sectores que temen que se conviertan en estructuras parapoliciales o redes de control político.

Durante el debate presidencial del 23 de marzo, la candidata insistió en que enfrentará el crimen organizado sin recurrir a la militarización generalizada. También criticó al presidente Noboa por sus alianzas con empresas de seguridad privadas como Blackwater. Su mensaje gira en torno a la idea de recuperar el control del Estado mediante la prevención social, aunque no ha detallado los mecanismos operativos ni el financiamiento de sus propuestas.

La propuesta económica de González sigue una línea de fuerte intervención estatal. Promete créditos baratos para vivienda y emprendimientos, el regreso a obras públicas emblemáticas y mayor inversión en salud, educación y protección social. Sin embargo, varios expertos han cuestionado la sostenibilidad de este modelo, ya que durante el correísmo fue financiado principalmente por deuda externa.

Uno de los puntos más controvertidos de su campaña ha sido la ambigüedad respecto a la dolarización. Aunque ha declarado públicamente que mantendrá el dólar como moneda oficial, su compañero de fórmula, Diego Borja, publicó en el 2000 un artículo titulado “Una vía ordenada para salir de la dolarización y no morir en el intento”. Además, dos legisladoras de su movimiento hablaron, recientemente, de una “dolarización a la ecuatoriana”, sugiriendo el uso de monedas paralelas o digitales.

Más recientemente, Rafael Correa y el asambleísta electo Ricardo Patiño cuestionaron la hegemonía del dólar durante una entrevista en el canal ruso Russia Today, lo que reactivó el debate. González intentó distanciarse de esas declaraciones, pero el tema sigue generando desconfianza.

En el debate presidencial, González confirmó que su gobierno reconocerá a la dictadura de Nicolás Maduro, a quien calificó como legítimo presidente de Venezuela. Dijo que tomará esa medida para “devolver a los venezolanos que nos quitan el trabajo”, en alusión a una política migratoria que busca limitar el ingreso de personas extranjeras, una postura que fue criticada por su tono excluyente.

La candidata también ha manifestado su intención de entregar un salvoconducto a Jorge Glas, ex vicepresidente sentenciado por corrupción, para que se traslade a México. Además, ha sido cuestionada por su cercanía con otras figuras del correísmo vinculadas a procesos judiciales, como Ronny Aleaga, implicado en el caso Metástasis. Aunque González afirmó que lo expulsó del movimiento –pese a que Aleaga anunció su desvinculación–, su salida formal se dio después de su fuga del país.

Durante su paso por el gobierno de Correa, participaron figuras hoy procesadas o condenadas por tramas como Odebrecht, Sobornos 2012-2016 y Petrochina. González ha sostenido que se trató de una persecución política, pero no ha presentado propuestas concretas para garantizar mecanismos de transparencia distintos a los del pasado.

A una semana del balotaje, los sondeos de intención de voto mostraban un escenario extremadamente cerrado. La firma Comunicaliza otorga a Noboa el 50,3 % frente al 49,7 % de González, mientras que Telcodata invierte la ventaja, con 50,2 % para González y 49,8 % para el actual presidente. Ambas mediciones se encuentran dentro del margen de error, lo que configura un empate técnico sin un claro favorito.

González tiene mayor respaldo entre las mujeres, los votantes jóvenes, zonas rurales y provincias costeras como Manabí. Su imagen ha transitado de una funcionaria de carácter rígido a la de una madre cercana y defensora del pueblo, estrategia que ha fortalecido su conexión con el electorado popular. Aun así, enfrenta resistencias en la Sierra y Amazonía, donde muchos identifican al correísmo con autoritarismo, corrupción e intolerancia hacia la disidencia.