Desde hace más de un año que los precios de la canasta básica en Bolivia se han incrementado de manera sostenida. Según el informe de marzo del Instituto Nacional de Estadística (INE), el Índice de Precios del Consumidor se elevó en 14,6% en su registro interanual. Según el informe, los productos que mayor incremento sufrieron en su precio fueron la carne de pollo y res, la cebolla y el tomate.
En el mes de marzo la inflación fue de 1,71%, la más alta correspondiente a ese mes en cuatro décadas, y la cifra acumulada de los primeros tres meses del año es del 5% lo que representa dos tercios de la proyección que tenía el Gobierno para todo el año (7,5%), por lo que los expertos prevén una tendencia inflacionaria alta para los próximos meses y que sobrepasará la previsión anual.
En ese marco, el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, anunció la creación de “comités barriales” que se tendrán la facultad de realizar controles en las tiendas de barrio para verificar los precios de los productos de la canasta familiar con el objetivo de frenar el agio y la especulación.
“Vamos a profundizar la participación ciudadana conformando los comités barriales de Defensa del Consumidor, con las juntas vecinales para que podamos denunciar el agio y la especulación en los barrios”, informó en entrevista con el canal estatal Bolivia Tv. Según el funcionario, estos comités empezarán a funcionar “en los próximos días”.
Silva explicó que esta medida se inspira en el Comité de Seguridad Alimentaria, conformado en 2024, que despliega personal a nivel nacional para verificar los precios en los mercados. Sin embargo, hasta ahora no se habían aplicado controles en las tiendas vecinales. “No siempre las autoridades pueden estar en el distrito, en los barrios”, justificó el viceministro.
Según el viceministro Silva, el incremento de los precios responde a una “ola de especulación” generada por los comerciantes. Esta versión coincide con la posición del Gobierno que desde finales del año pasado activó campañas para evitar el agio de productos y vetó temporalmente las exportaciones de algunos productos para regular el precio en el mercado interno.
En diciembre se prohibieron las exportaciones de aceite refinado de soya durante diez días y se intervino empresas productoras de arroz para garantizar la provisión local. Actualmente, desde el 5 de febrero, están suspendidas las exportaciones de carne de res para lograr la disminución de su costo a nivel nacional.
Estas disposiciones generaron rechazo de los sectores privados que consideran que atenta contra las empresas locales, que impide el ingreso de divisas y hace quedar mal al Estado boliviano al no cumplir con los contratos de provisión a mercados internacionales.
A estas medidas se suman controles militares en las fronteras para evitar la venta ilegal de productos a otros países, una práctica que el Gobierno denomina “contrabando a la inversa”. En medio de la crisis económica que enfrenta Bolivia, marcada por la escasez de dólares y el surgimiento de un mercado paralelo de divisas que devaluó de facto la moneda local, se incrementó el comercio fronterizo, donde los productos locales se venden a un precio más alto.
El año pasado la inflación rozó el 10%, fue una de las más altas de los últimas décadas y casi triplicó la proyección inicial del Gobierno. Frente a la evidencia del incremento en el costo de vida, el jefe de Estado responsabilizó en diciembre a algunos sectores de la población por lo que considera una “guerra especulativa”, que se sumaría, según él, a otros factores como la sequía, la inflación importada y los recurrentes bloqueos de caminos.
