La Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador, controlada por el correísmo, considera que la vicepresidenta Verónica Abad, suspendida por el Tribunal Contencioso Electoral dentro de un enconado enfrentamiento con el presidente Daniel Noboa y su Gobierno, sigue en el cargo al no haberse producido una destitución ni registrado una ausencia temporal.
En una carta publicada por Abad en su cuenta de la red social X, el secretario general de la Asamblea, Alejandro Muñoz, le certificó que hasta el 1 de abril pasado “no ha existido cesación del cargo ni se ha tramitado ni resuelto proceso alguno de cesación o terminación de funciones en su contra”, y que tampoco “se ha declarado causal constitucional que afecte la vigencia de su mandato” por parte del Legislativo.
Además, Muñoz le señaló que no existe, por parte de la Asamblea Nacional, una “resolución de destitución alguna ni se ha declarado falta definitiva, abandono del cargo, renuncia aceptada o ausencia por dictamen médico, conforme a las causales previstas constitucionalmente”.
Abad aseguró que, de esa forma, el Legislativo ecuatoriano certificó y reiteró su “actual condición legítima y legal ante los ecuatorianos como la vicepresidenta constitucional de la República”.
El oficio enviado a Abad responde a una solicitud que hizo la vicepresidenta el pasado 30 de marzo, después de que el TCE determinó que la suspensión por dos años de los derechos políticos impuesta a ella por parte de un juez del organismo, y ratificada por el pleno, implica su inmediata inhabilitación para ejercer cualquier cargo público.
Impedida de asumir temporalmente Presidencia
El pronunciamiento del TCE se dio en el marco de un pedido de aclaración formulado por la defensa de Abad sobre la sentencia de segunda y última instancia por violencia política de género, que le cerró las puertas para asumir temporalmente la Presidencia durante el periodo de campaña electoral en la que Noboa busca su reelección.
Según la normativa ecuatoriana, las autoridades que buscan una reelección inmediata deben pedir licencia del cargo, y en el caso del presidente delegar las funciones en la vicepresidenta, pero Noboa interpreta que su nueva candidata no constituye una reelección porque en 2023 fue escogido para completar el mandato 2021-2025 que le correspondía a Guillermo Lasso.
Tras la decisión del tribunal electoral, el Ministerio de Trabajo registró el impedimento de la vicepresidenta para ejercer cargos públicos y Noboa volvió a designar a la secretaria de la Administración Pública, Cynthia Gellibert, como su “vicepresidenta encargada”, al considerar que la suspensión de Abad provocaba una “ausencia temporal” en el cargo.
Así, Gellibert es quien, de manera implícita, ha asumido la jefatura de Estado durante la ausencia de Noboa, que anunció al Consejo Nacional Electoral (CNE) que se dedicaría hasta el 10 de abril a cumplir exclusivamente con actividades relacionadas a la campaña para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del próximo 13 de abril, en las que se enfrenta a la candidata correísta, Luisa González.
La delegación de las funciones presidenciales realizada por Noboa a Gellibert durante la primera vuelta del proceso electoral ya fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional, que pidió a los organismos electorales pronunciarse ante la posibilidad de que Noboa estuviese cometiendo una infracción electoral por no haber solicitado formalmente licencia del cargo.
Asamblea reclama licencia
La Asamblea le reiteró el lunes a Noboa que debía pedir licencia del cargo para poder participar en actividades proselitistas y que era el Parlamento “el único poder competente para otorgar licencia al mandatario”.
“Hasta la presente fecha, el Legislativo no ha recibido ni aprobado ninguna licencia por parte del presidente de la República”, añadió.
Y mencionó que “las acciones de proselitismo político realizadas por el jefe de Estado y candidato, durante la campaña electoral, sin contar con la licencia aprobada por la Legislatura (Parlamento), podría constituir una infracción electoral”.
El enfrentamiento entre Noboa y Abad se remonta a la campaña electoral de la segunda vuelta de las elecciones extraordinarias de 2023 y, desde que asumió el poder, el mandatario siempre ha buscado tener alejada del Gobierno a la vicepresidenta, que se ha convertido en una de las voces más críticas de su administración.
Más de 13,7 millones de ecuatorianos están convocados el próximo 13 de abril para decidir si reeligen a Noboa para un mandato completo (2025-2029) o llevan al correísmo a recuperar el poder de la mano de González, que se convertiría en la primera mujer en ganar unos comicios presidenciales en la historia de Ecuador.
(Con información de EFE)
