El asesinato de un dirigente campesino en la localidad de Ivirgarzama, en el bastión político y sindical de Evo Morales en Bolivia, ha abierto un nuevo frente de conflicto entre el ex presidente y el Gobierno de Luis Arce.
El domingo, Morales denunció que el Jhonny Cruz, integrante de la Confederación de Trabajadores Campesinos, fue baleado por agentes de la Policía cuando realizaban un operativo para detener a un presunto implicado en una red de secuestros y asesinatos.
Según la versión de Morales, Cruz fue acribillado cuando intentaba evitar la detención de la otra persona. El ex presidente acusó al Gobierno de enviar policías vestidos de civil en vehículos sin placa para asesinar al dirigente y dio un plazo de 48 horas para que se esclarezca el caso antes de iniciar movilizaciones.
La versión inicial de la Policía señalaba que los uniformaros actuaron en defensa propia al ser atacados por Cruz, quien supuestamente estaba armado y era parte de una red criminal.
El viceministro de Régimen del Interior y ex comandante de la Policía, Jhonny Aguilera, manifestó que el uniformado fue “agredido por disparos de arma de fuego y en defensa propia él también acciona su arma de fuego, provocando lesiones en la pierna. Producto del tiempo, la persona pierde la vida”.
Sin embargo, la versión oficial dio un giro en las últimas horas y provocó la aprehensión de tres policías que participaron en el operativo y que habrían disparado al joven por la espalda.
“Se informa a la población que debido a las múltiples contradicciones que se presentaron en la investigación del caso, se procedió a la aprehensión de tres efectivos policiales”, anunció el ministro de Gobierno (Seguridad), Eduardo Del Castillo, en sus redes sociales.
El ministro aclaró que el dirigente perdió la vida por un disparo de arma de fuego recibido por la espalda, lo que desvirtúa que se haya tratado de legítima defensa como se argumentó inicialmente. “Disparar a una persona por la espalda hace entrever que no se ha utilizado las normas, los procedimientos vigentes al interior de la Policía Boliviana”, señaló Del Castillo.
Las investigaciones preliminares señalan que tampoco se encontró el arma que supuestamente habría utilizado la víctima para atacar a los policías y se demostró, a través de un video, que los agentes policiales no cumplieron los procedimientos establecidos en esos casos. Adicionalmente, no se pudo comprobar la existencia de extranjeros con quienes habría existido un cruce de fuego como indicó la Policía en un informe.
Desde el velorio de Cruz, el diputado Gualberto Arispe denunció que el Gobierno ”amedrenta" a los dirigentes del Trópico de Cochabamba, la principal región cocalera del país. “El Gobierno prácticamente está buscando, de cualquier forma, que nos levantemos y con eso justificar una militarización en el Trópico“, sostuvo en entrevista con la radio Kawsachun Coca y exigió justicia por la muerte del “joven luchador social”.
Tras la aprehensión de los policías, Morales pidió la intervención de organismos internacionales para avalar el proceso de investigación. “Se confirma que policías torturaron a un hermano transportista y ejecutaron con dos balazos por la espalda al hermano Jhonny Cruz. Denunciamos a la comunidad internacional y exigimos la intervención de la CIDH y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para una investigación imparcial y transparente”, escribió el exmandatario en sus redes sociales.
