Cada 21 horas sucede un femicidio en Ecuador, así lo revela el más reciente informe del Mapa de los Femicidios elaborado por la Alianza Feminista para el Monitoreo de los Femicidios en el país, con cifras verificadas hasta el 15 de marzo de 2025. El informe detalla que, en los primeros 74 días del año, 82 mujeres fueron asesinadas por razones de género. Esta cifra alarmante incluye a niñas, adolescentes, madres y mujeres embarazadas.
De acuerdo con la información recopilada por organizaciones como Fundación Aldea, CEPAM Guayaquil, la Red Nacional de Casas de Acogida y la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (ALDEA), 12 de las 82 víctimas eran niñas o adolescentes, y al menos 28 eran madres. Cuatro de ellas estaban embarazadas. Además, ocho mujeres están actualmente reportadas como desaparecidas.
Los datos también revelan que al menos 25% de las víctimas mantenía un vínculo sentimental con su agresor. Esta estadística refleja la persistencia del femicidio íntimo, familiar y sexual, que representó 31 de los casos documentados en lo que va de 2025. A esto se suma un caso de transfemicidio.
El informe también destaca que 50 de los casos ocurrieron en contextos de criminalidad organizada, lo que agrava aún más la situación de violencia estructural que viven las mujeres en distintas regiones del país. En estos entornos, las mujeres son asesinadas como parte de dinámicas de control territorial o como represalia, y sus muertes quedan muchas veces impunes.
Según el registro de la Alianza Feminista, tres de las mujeres asesinadas ya habían reportado antecedentes de violencia, una tenía un botón de auxilio y cuatro fueron víctimas de abuso sexual. La más joven de las víctimas tenía apenas 11 meses y la de mayor edad, 62 años. La edad más frecuente entre las asesinadas fue de 19 años.
Entre los factores más recurrentes en los asesinatos, el tipo de arma utilizada sigue siendo un indicador preocupante. El 73% de las mujeres fue asesinada con arma de fuego, el 11% con arma blanca, el 5% con objetos contundentes y el 4% con otros métodos. Un 1% fue asfixiada y otro 1% asesinada con las manos. La proliferación de armas de fuego y su uso sistemático contra mujeres ha sido una constante desde 2014. De hecho, las provincias con más casos de mujeres asesinadas con armas de fuego en los últimos once años son Guayas (332), Manabí (132), Los Ríos (103), Esmeraldas (63) y El Oro (55).
La provincia con mayor número de casos de femicidio en lo que va de 2025 es Guayas, con 24 víctimas, seguida por Manabí con 19 y Los Ríos con 6. En El Oro se han registrado cinco asesinatos de mujeres, mientras que en Santa Elena y Esmeraldas se documentan seis casos cada una. Estas cifras corresponden a los registros por provincia del 1 de enero al 15 de marzo del año en curso.
Desde que se tipificó el femicidio en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) en 2014, se han contabilizado al menos 2.060 casos en Ecuador. Las cifras reflejan una situación estructural de violencia de género que, a pesar de los marcos normativos, continúa cobrando vidas de mujeres con alarmante regularidad.
Las organizaciones que integran el Mapa de Femicidios hacen un llamado a que se garantice la memoria, justicia y reparación para las víctimas y sus familias. Además, exigen medidas integrales de prevención, atención y sanción, así como un enfoque diferencial que considere la interseccionalidad y la situación de riesgo en zonas dominadas por el crimen organizado.
En reiterados pronunciamientos reclaman la necesidad de que el Estado asuma su responsabilidad en la erradicación de la violencia de género, y que los femicidios no sean considerados casos aislados, sino expresiones de una violencia estructural que debe ser enfrentada con políticas públicas eficaces, financiamiento suficiente y acompañamiento real a las víctimas.
Según el informe, 42 niños, niñas y adolescentes han quedado huérfanos o afectados por el femicidio de sus madres en lo que va de 2025. Desde 2014, esta cifra asciende a 1.895 menores, muchos de los cuales enfrentan condiciones de vulnerabilidad, pobreza y desprotección institucional.
