José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, líder de la organización criminal transnacional Los Choneros, fue acusado formalmente este 2 de abril en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York por cargos relacionados con el narcotráfico internacional y el tráfico de armas. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la acusación de siete cargos fue presentada como parte de una ofensiva contra organizaciones criminales violentas y su rol en el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense. El acusado no se encuentra bajo custodia estadounidense y está fuera del radar de las autoridades ecuatorianas desde enero de 2024, cuando se fugó de una cárcel de Guayaquil.
Infobae accedió a la acusación completa presentada por la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York contra alias Fito en la que se detalla que el acusado lideró desde 2020 una red de tráfico internacional de cocaína con destino a Estados Unidos, apoyada en una estructura de sicarios armados con fusiles de asalto, granadas y ametralladoras, además de una operación paralela de contrabando de armas desde territorio estadounidense hacia Ecuador. El documento también menciona a un co-conspirador cuya identidad permanece reservada por motivos legales.
Los fiscales sostienen que Macías Villamar ha liderado desde al menos 2020 a Los Choneros, considerada una de las organizaciones criminales más violentas de Ecuador. De acuerdo con la acusación, la banda tiene vínculos con el Cártel de Sinaloa de México y ha controlado rutas clave de tráfico de cocaína que atraviesan Ecuador y conectan Sudamérica con Centroamérica, México y Estados Unidos.
El fiscal federal John J. Durham afirmó que el acusado fue un “líder despiadado y traficante prolífico” que dirigió una red de asesinos, traficantes de drogas y armas, y que importó “cantidades potencialmente letales de cocaína a Estados Unidos”, causando un grave daño tanto a Ecuador como al país norteamericano, que era el principal destino de los cargamentos de droga.
La imputación incluye los delitos de conspiración para distribuir cocaína internacionalmente, distribución internacional de cocaína, uso de armas de fuego para apoyar el narcotráfico, contrabando de armas desde Estados Unidos y conspiración para adquirir armas a través de compradores testaferros. También se detalla que Los Choneros habrían adquirido armas de fuego y componentes en Estados Unidos a través de intermediarios que luego las traficaban de forma ilegal hacia Ecuador.
La acusación indica que Macías Villamar empleó a miembros de su organización para ejecutar actos de violencia dirigidos contra fuerzas del orden, políticos, fiscales, abogados y civiles en Ecuador. Además, se documenta el uso sistemático de sicarios armados con armas de grado militar, como fusiles AK-47, ametralladoras y granadas, para cometer homicidios, torturas y secuestros.
La imputación fue resultado de una investigación conjunta que incluyó la participación de la Administración de Control de Drogas (DEA), la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), el Departamento de Comercio, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el Comando Sur de Estados Unidos, el Grupo Conjunto de Tareas Interinstitucional del Sur, así como autoridades del Gobierno de Ecuador y la Policía del Estado de Nueva Jersey.
Derek Maltz, administrador interino de la DEA, destacó que la acusación envía “un mensaje claro” de que ninguna persona que alimente este comercio letal está fuera del alcance de la justicia. Aseguró que las autoridades continuarán trabajando en cooperación internacional para desmantelar redes violentas y criminales que afectan a comunidades de ambos países.
Por su parte, L.C. Cheeks, agente especial de la ATF, subrayó que este caso refleja el compromiso de las agencias estadounidenses en combatir el tráfico de drogas, la violencia criminal y la venta ilegal de armas, delitos que “desgarran el tejido social de nuestras comunidades”.
El agente especial Jonathan Carson, del Departamento de Comercio, señaló que Macías Villamar y Los Choneros habrían violado leyes de exportación estadounidenses al enviar armas hacia Ecuador para sus operaciones criminales. Afirmó que continuarán persiguiendo a quienes vulneren dichas leyes, sin importar su ubicación en el mundo.
La acusación también señala que Los Choneros fueron sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El caso forma parte de la operación “Take Back America”, una iniciativa del Departamento de Justicia destinada a combatir el crimen organizado transnacional y proteger a las comunidades estadounidenses.
Si es hallado culpable, Macías Villamar enfrenta una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión y un máximo de cadena perpetua. La causa está a cargo de la Unidad de Narcóticos Internacionales y Lavado de Dinero de la Fiscalía de Nueva York, dentro de la Fuerza de Tarea contra Organizaciones Criminales Transnacionales. Los fiscales federales Chand Edwards-Balfour y Lorena Michelen están a cargo de la acusación.
La presentación formal de cargos en una corte federal estadounidense abre la puerta para que, en caso de ser capturado, Estados Unidos solicite su extradición a fin de que Macías Villamar enfrente a la justicia por los delitos imputados.
