El Gobierno de Panamá anunció este lunes la extensión por 72 horas del salvoconducto otorgado al ex presidente Ricardo Martinelli (2009–2014) para su traslado a Nicaragua, donde recibió asilo en febrero de 2024.
La decisión se produce después de que el régimen nicaragüense suspendiera el viaje de Martinelli previsto para este lunes, al exigir garantías sobre la existencia de una orden de captura de Interpol.
Martinelli, de 73 años, permanece desde el 7 de febrero en la embajada de Nicaragua en Ciudad de Panamá, donde se refugió tras confirmarse una condena de casi 11 años de prisión por lavado de dinero en el caso conocido como ‘New Business’, que involucra la compra irregular de medios de comunicación con fondos públicos.
Su permanencia en la sede diplomática ha generado fricciones diplomáticas y reacciones internas por su constante presencia política y mediática desde el encierro.
El salvoconducto, inicialmente concedido por “razones humanitarias” relacionadas con su salud, vencía la noche del lunes. Sin embargo, a cuatro horas de su expiración, la Cancillería panameña anunció su extensión hasta el jueves 3 de abril, con el objetivo de facilitar su salida y evitar un mayor deterioro en las relaciones bilaterales con Managua.
En su comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que la alerta roja solicitada por una jueza panameña fue “rechazada por improcedente” debido a la condición de asilado de Martinelli. Sin embargo, la controversia estalló el domingo, cuando el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, confirmó que existía una notificación en trámite, lo que llevó a la dictadura de Daniel Ortega a suspender el traslado del ex mandatario.
Desde Managua, la número dos del régimen, Rosario Murillo, leyó un comunicado en el que denunció una posible “emboscada” contra Martinelli.
“Pareciera una trampa legal”, afirmó, y exigió garantías claras de que no se había solicitado una alerta internacional a Interpol. “Mientras ellos no resuelvan esta incongruencia, no podemos (...) aceptar lo que consideramos una emboscada”, añadió.
El presidente panameño José Raúl Mulino, ex ministro de Seguridad de Martinelli y su aliado político, había otorgado el salvoconducto, aunque expresó incomodidad con el activismo político del ex mandatario, quien desde su refugio ha hecho campaña en redes sociales y recibido constantes visitas.
Su respaldo fue clave para el triunfo de Mulino en las elecciones presidenciales.
En videos y publicaciones difundidas durante su estancia en la embajada, Martinelli ha aparecido cocinando, haciendo ejercicio, recibiendo tratamientos médicos y posando junto a su perro Bruno, en imágenes que contrastan con su condición de condenado. Sus selfis en hamaca o dentro de un jacuzzi fueron ampliamente viralizados.
Martinelli fue inhabilitado políticamente tras su condena, lo que lo obligó a ceder su candidatura presidencial a Mulino. También enfrenta un nuevo proceso judicial por el caso Odebrecht, cuya audiencia está prevista para noviembre de 2025. Dos de sus hijos ya cumplieron condenas en Estados Unidos por delitos relacionados con ese escándalo y actualmente, tanto él como su familia tienen prohibido el ingreso a territorio estadounidense.
En el pasado, Martinelli buscó protección legal como diputado del Parlamento Centroamericano, pese a haber calificado esa institución como “una cueva de ladrones”. Tras finalizar su mandato en 2014, se trasladó a una villa en Miami, desde donde fue extraditado en 2018 por otro caso de espionaje político. Aunque fue absuelto en un segundo juicio en 2021, su historial judicial continúa marcando su figura política.
La ex guerrillera y opositora nicaragüense Dora María Téllez, exiliada en España, acusó al régimen de Ortega de convertir a Nicaragua en un refugio para “delincuentes de saco y corbata”, en alusión directa a Martinelli y a otros exmandatarios centroamericanos procesados por corrupción que han recibido asilo en el país centroamericano.
(Con información de AFP)
