El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, anunció que este miércoles 2 de abril se reunirá con las principales operadoras de telefonía móvil del país para lograr un acuerdo que permita cortar la señal en los centros penitenciarios. El objetivo, según explicó, es frenar el uso de teléfonos móviles dentro de las cárceles, desde donde los reclusos continúan ordenando asesinatos, realizando llamadas extorsivas e, incluso, transmitiendo en vivo durante las masacres carcelarias.
“La seguridad de los ecuatorianos está primero y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que se cumpla. Este tema de la señal telefónica tiene muchos años y no se ha hecho nada al respecto. Ahora lo vamos a hacer”, declaró Reimberg tras una rueda de prensa en Guayaquil, en la que también se anunció que agentes de tránsito patrullarán de forma permanente los exteriores de las prisiones, según recogió EFE.
En entrevista con Radio Sucre, el pasado 26 de marzo, el ministro reveló que ya había emitido disposiciones formales a las empresas para cortar las antenas dirigidas a la Penitenciaría del Litoral. Sin embargo, denunció que las operadoras restablecieron el servicio dos días después. “Por escrito, por todos los medios, me la cortan dos días, el tercer día me la vuelven a prender. Y cuando mando a averiguar, me dicen que es porque están perdiendo clientes”, dijo con indignación. “No podemos permitir que dentro de las cárceles tengan señales. Estas cárceles no fueron hechas para este tipo de delincuente”, enfatizó.
Las principales compañías a las que se dirige este pedido son Claro (mexicana), Movistar (española) y CNT (estatal ecuatoriana). Pero también se ha solicitado colaboración a proveedores más pequeños. El ministro advirtió que, si las empresas no retiran voluntariamente sus sistemas de transmisión de las zonas consideradas de seguridad, se tomarán acciones legales.
En un contexto de creciente violencia criminal, el Gobierno ha identificado las cárceles como centros neurálgicos del crimen organizado. La Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Asetel) respondió que cortar completamente la señal afectaría a las comunidades cercanas y sus actividades productivas, pero ofreció “herramientas complementarias” para aplicar restricciones técnicas “dentro de los límites viables”.
En redes sociales, la exdirectora nacional de rehabilitación social, Alexandra Zumárraga, señaló que existe un informe donde se demuestra que las antenas en Guayaquil están dirigidas específicamente a los centros penitenciarios, y sugirió que las operadoras reciben ingresos de las mafias por mantenerlas activas: “Toda sanción que les imponga (Reimberg) a las empresas será poca comparada a lo que reciben de las mafias”, escribió en su cuenta de X.
En diálogo con Ecuadorradio el 1 de abril, Reimberg insistió en que “no hay ningún lugar en el país al que no puedan ingresar la Policía o las Fuerzas Armadas”. Dijo que los territorios controlados por bandas están siendo recuperados gracias al trabajo del Bloque de Seguridad y aseguró que “cada vez hay menos espacio para que los grupos delictivos operen”.
El ministro también hizo referencia a los operativos de alto impacto. Solo en la última semana, se realizaron 120 operaciones que resultaron en 141 detenidos. Desde enero, se han ejecutado más de 2.300 intervenciones, incautado más de 335 toneladas de droga, 478.000 municiones, y se ha capturado a varios objetivos de alto valor. Según Reimberg, este esfuerzo se está enfocando en “afectar las estructuras económicas” del crimen organizado.
En paralelo, el Ministerio de Defensa ha reforzado la estrategia de seguridad nacional mediante una nueva fase de cooperación con el empresario estadounidense Erik Prince, fundador de la firma Blackwater. Según el Boletín N.º 90, Prince brindará asesoría y entrenamiento especializado al personal ecuatoriano en combate terrestre, marítimo y aéreo. “Cuando tienes un enemigo en común, hace todo el sentido del mundo que tengas colaboración internacional para enfrentarlo”, expresó el ministro Gian Carlo Loffredo.
El ministro Reimberg también destacó la labor conjunta con la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), integrada al Bloque de Seguridad para reforzar el control en zonas sensibles, como los alrededores de los centros penitenciarios. Esto se suma a la presencia articulada de Policía y Fuerzas Armadas, que operan ahora sin las fricciones del pasado, según afirmó.
El funcionario reconoció el sacrificio de las fuerzas del orden, señalando que solo en 2025, más de 20 policías han muerto en servicio. Para incentivar su labor, el Gobierno ha otorgado un bono de eficiencia de USD 500 a cada uno de los 100.000 miembros de Policía Nacional y Fuerzas Armadas, con una inversión total de 49 millones de dólares.
