El régimen de Nicaragua anunció este lunes que no recibirá en su país al expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), asilado desde febrero de 2024 en la embajada nicaragüense en Panamá tras ser condenado por corrupción y que pretendía salir hacia Managua hoy tras concedérsele un salvoconducto, hasta que no se aclare una posible alerta de Interpol contra él.
La copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, leyó un comunicado de la Cancillería y dijo que el caso de Martinelli se trata de una “situación compleja contradictoria que llama mucho la atención” y que pareciera que se trata de una “trampa” o “emboscada” en contra del ex presidente panameño.
“Hemos comunicado a las autoridades panameñas que mientras ellos no resuelvan esta incongruencia, no podemos, como autoridades de un Estado responsable y humanista, aceptar lo que consideramos una emboscada, tanto al ciudadano ex presidente, en condición de asilo y refugio en nuestra sede diplomática, quien estaría expuesto a acciones agresivas, como al mismo Gobierno de Nicaragua, a quien se pretende generar un conflicto internacional que ni nos interesa, ni nos incumbe, ni nos pertenece”, señaló Managua.
“Denunciamos por lo tanto, las posiciones y actitudes absurdas de las autoridades de Panamá, posiciones que deberían enmendar de inmediato, ubicándose al lado de la corrección política y humanista”, agregó.
Murillo, esposa del copresidente Daniel Ortega, explicó que han “conocido, recientemente, con alarma, acciones violatorias del fuero diplomático y de la condición de asilo de parte de autoridades en distintos países que han asaltado e invadido embajadas, incluso agrediendo físicamente a embajador y secuestrando a asilados”.
En ese sentido dijo que Nicaragua no comprende “por qué las autoridades panameñas han otorgado salvoconducto y casi inmediatamente han emitido una solicitud de alerta roja por acciones criminales a Interpol”.
“En coherencia con nuestra vocación de buena vecindad y de correcta interpretación y aplicación de las legislaciones, convenciones y el Derecho Internacional, exigimos a las autoridades de Panamá, a su presidente, y a su Ministerio de Relaciones Exteriores, actuar como corresponde, y propiciar relaciones de respeto, entendimiento y hermandad entre nuestros países, porque nuestros pueblos sí saben ser hermanos”, concluyó.
Panamá le dio plazo al ex gobernante, de 73 años, hasta la medianoche de hoy para que deje la sede diplomática, que amaneció con más presencia de policías y un mayor movimiento de vehículos.
La víspera la cancillería envió un comunicado asegurando que Martinelli puede viajar “perfectamente” como asilado tras conocerse que una jueza pidió que se emitiera a través de Interpol una alerta roja de captura contra el ex gobernante.
El otorgamiento del salvoconducto por “razones estrictamente humanitarias”, según el gobierno, generó cuestionamientos de quienes consideran que promueve la impunidad de Martinelli. El ex mandatario fue condenado a 10 años de prisión por blanqueo de capitales en julio de 2023 en relación con la compra de un grupo editorial. Luego de la confirmación de esa sentencia, el ex líder se refugió en la sede diplomática nicaragüense después de que el régimen de Ortega le dio asilo.
Martinelli gobernó entre 2009 y 2014, un periodo de rápido crecimiento económico impulsado por la construcción de grandes obras como el primer metro en Centroamérica y la expansión del canal interoceánico. Pero su reconocido poder de ejecución se vio manchado por acusaciones de sobornos y sobrecostos en las obras. Fue sancionado por Estados Unidos por corrupción en enero de 2023.
El año pasado fue inhabilitado para buscar un segundo mandato en los comicios en los que se perfilaba al frente de los sondeos, por lo que su compañero de fórmula, José Raúl Mulino, ocupó la candidatura presidencial de su partido y terminó ganando los comicios.
El anterior presidente Laurentino Cortizo (2019-2024) se negó a otorgarle el salvoconducto y protestó varias veces contra el gobierno de Ortega acusándolo de permitir a Martinelli realizar actividades proselitistas dentro de la embajada durante la pasada campaña electoral.
Cortizo dejó ese asunto diplomático sin resolver a Mulino, quien durante su campaña había prometido ayudar a su promotor político a salir de sus líos con la justicia. Pero en diciembre el mandatario, quien enfrenta la presión del gobierno de Donald Trump que amenaza con retomar el canal y otros grandes asuntos internos por resolver, también expresó su molestia a Nicaragua por las reuniones políticas de Martinelli en la sede diplomática.
Martinelli también figura entre los 26 llamados a juicio por el caso de los sobornos entregados por la constructora brasileña Odebrecht para acceder a jugosos contratos públicos y otros favores en Panamá, cuyo inicio volvió a reprogramarse en enero.
Los expertos consideran que Martinelli puede ser enjuiciado en ausencia. Los abogados del ex presidente, en tanto, han presentado insistentes demandas de inconstitucionalidad contra esos procesos argumentando que violan un llamado principio de especialidad mediante el cual Estados Unidos repatrió a Martinelli en 2018 para que fuese procesado solamente por el caso de escuchas ilegales por el cual fue absuelto por segunda vez en 2021.
(Con información de AP)
