El Gobierno de Luis Arce en Bolivia minimizó un informe internacional que calificó como “arbitraria” la detención del líder opositor Luis Fernando Camacho y sugirió su liberación inmediata. El documento fue elaborado por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y fue dado a conocer el viernes pasado.
“Bolivia no reconoce ni admite la opinión del Grupo de Trabajo por considerarlo sesgado, con información parcial y desactualizada, más aún cuando la misma opinión señala de forma expresa que ‘Cualquier punto de vista y opinión presentados son exclusivamente los del autor y no representan necesariamente los de la ONU”, señala el comunicado que difundió el Ministerio de Justicia a través de sus redes sociales.
Para la administración de Arce, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria es “una instancia de asesoramiento consultivo cuyas recomendaciones no tienen carácter vinculante, obligatorio ni pueden sustituir los procedimientos judiciales internos de los Estados".
Camacho está detenido en la cárcel de Chonchocoro, en la ciudad de El Alto, desde finales de 2022 en el marco de una investigación por los sucesos previos a la renuncia de Evo Morales el 10 de noviembre de 2019. Como presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, el líder político comandó protestas masivas que se articularon con las de otras regiones y provocaron la caída del gobernante, en medio de acusaciones de fraude electoral, luego de un motín policial y la “sugerencia” de dimisión del Alto Mando Militar.
Un año después, Camacho se presentó como candidato a la Presidencia y obtuvo el tercer lugar, lo que le permitió tener representación en el Legislativo a través de senadores y diputados. En marzo de 2021 fue elegido gobernador de Santa Cruz, cargo del que está actualmente suspendido debido a su situación jurídica.
Según el informe del Grupo de Trabajo de la ONU, publicado este viernes, el organismo determinó que la privación de libertad del político viola “el principio de igualdad de los seres humanos” y que estuvo motivada por “su opinión política”. De igual forma, sostienen que la detención del gobernador suspendido de Santa Cruz vulnera ocho artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y cinco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En ese contexto, los expertos señalan que corresponde su liberación inmediata, además de indemnización y otras formas de reparación conforme al derecho internacional. Por otro lado, instó al Gobierno de Bolivia a tomar las medidas necesarias para alinear la situación con las normativas internacionales, incluidas las establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Según los medios locales, el juicio que involucra al líder opositor se encuentra en la etapa de declaraciones testificales de cargo y este lunes 31 de marzo comienza la etapa testifical de descargo, por lo que en las próximas semanas se va a concluir el juicio oral público y contradictorio. El Gobierno boliviano señaló en el comunicado que esperará las resoluciones del Órgano Judicial en los procesos legales, en un acto de “respeto a la independencia de poderes”.
Tras el rechazo del Gobierno a las conclusiones de la ONU, el ex presidente Carlos Mesa (2003-2005) dijo que constituye”una nueva evidencia de la naturaleza de Luis Arce, que la justicia internacional debe condenar y sancionar" y agregó que el opositor “es víctima de una persecución política que empezó con su secuestro y encarcelamiento ilegal”.
