Cada 2 de abril, el mundo recuerda la importancia de reconocer y respetar la neurodiversidad a través del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Sin embargo, en Ecuador esta fecha todavía visibiliza una deuda histórica del Estado hacia la población autista y sus familias. Las políticas públicas prometidas por gobiernos sucesivos se diluyen en discursos vacíos, mientras miles enfrentan la falta de acceso a servicios esenciales como diagnóstico oportuno, terapias especializadas, educación inclusiva y empleo digno.
Paulina Haro Ruiz, de Autismo Visible Ecuador, en declaraciones para Infobae, calificó la situación actual en el país como “alarmante”. Haro Ruiz explicó cómo los diagnósticos públicos son prácticamente inexistentes y en las pocas instituciones que ofrecen estos servicios, las listas de espera suelen durar meses. En el ámbito privado, los costos de diagnóstico y terapias especializadas son prohibitivos, especialmente para familias en situación de pobreza o pobreza extrema, quienes se enfrentan a la imposibilidad absoluta de cubrir estas necesidades.
Haro Ruiz enfatizó en que esta realidad profundiza desigualdades y provoca situaciones de violencia y exclusión. Además, alertó sobre el impacto emocional y psicológico que enfrentan cuidadores y familiares, sobre todo mujeres, que muchas veces asumen en soledad la crianza luego de que sus parejas abandonan el hogar al conocer el diagnóstico de autismo de sus hijos. Este escenario evidencia la profunda falta de apoyo institucional y redes de contención.
En el plano educativo, aunque Ecuador cuenta con una normativa sobre inclusión, Haro Ruiz señaló que la implementación real es deficiente. La educación inclusiva no se limita al ingreso a las instituciones educativas; implica procesos permanentes de sensibilización y formación de autoridades y docentes. En esto, sostuvo Haro, la deuda del Estado ecuatoriano sigue siendo “enorme”.
Muchas escuelas no disponen de recursos adecuados ni preparación suficiente para integrar plenamente a estudiantes autistas. Peor aún, el sistema educativo tampoco está preparado para responder cuando esos estudiantes se convierten en jóvenes adultos, dejando la educación superior y el mercado laboral fuera de su alcance.
Las demandas urgentes hacia el Estado ecuatoriano siguen sin cumplirse. Según Haro, no existe acceso real a servicios públicos especializados en salud mental, ni mecanismos efectivos que garanticen el derecho a la educación inclusiva. Tampoco hay acciones concretas para generar oportunidades laborales más allá del cumplimiento simbólico de cuotas en empresas, muchas veces sin apoyos reales.
Lo más grave es que Ecuador ni siquiera cuenta con estadísticas oficiales sobre autismo, lo que imposibilita la formulación de políticas públicas efectivas. Según referencias internacionales como Autism Speaks, aproximadamente una de cada 36 personas podría ser autista. Esta estimación contrasta radicalmente con las cifras oficiales ecuatorianas, evidenciando un preocupante subregistro.
Incluso el proceso oficial de calificación de discapacidad resulta insuficiente y arbitrario. Haro Ruiz afirma que obtener esta certificación se ha convertido en una cuestión de suerte, debido a la escasez de centros de atención, profesionales capacitados y procesos ágiles. En contraste, políticos y funcionarios involucrados en escándalos de corrupción accedieron a estos certificados rápidamente para obtener beneficios personales, lo que acrecienta aún más la indignación entre familiares que legítimamente necesitan apoyo estatal.
En paralelo al abandono institucional, Ecuador también enfrenta un problema adicional: la estigmatización política del autismo. Durante el reciente debate electoral presidencial, la candidata del correísmo, Luisa González intentó descalificar al presidente Daniel Noboa mencionando que el mandatario tiene “déficit de atención”. Este es un trastorno comúnmente asociado al espectro autista.
Estas declaraciones, advirtió Haro Ruiz, refuerzan prejuicios y aumentan la discriminación contra la comunidad autista, justificando exclusiones sociales, laborales y educativas, y afectando gravemente a quienes diariamente luchan por el respeto y reconocimiento.
Lamentablemente, este episodio no es aislado. En ocasiones anteriores, adversarios políticos intentaron desacreditar al presidente Noboa señalándolo como autista, utilizando el término como un insulto. Haro Ruiz subraya que estas acciones son ofensivas para toda la población autista y sus familias, generando un daño que debilita años de trabajo en sensibilización social sobre la neurodiversidad.
Frente a este contexto, activistas y organizaciones proponen un cambio estructural inmediato. Haro Ruiz reclama la creación de un sistema nacional articulado de apoyo integral en salud, educación y protección social para personas autistas, así como capacitación obligatoria para servidores públicos y campañas masivas que rompan prejuicios. También exigen mecanismos efectivos para controlar y sancionar actos discriminatorios en todos los niveles.
En comparación, países vecinos como Chile aprobaron recientemente leyes específicas sobre autismo, asegurando protección integral desde el diagnóstico hasta la adultez. Mientras tanto, Perú registra más del doble de casos oficiales diagnosticados respecto a Ecuador, reflejando mejores niveles de detección y registro.
Haro Ruiz indicó que, sin un compromiso real del Estado y una transformación profunda en la sociedad ecuatoriana, esta deuda con la comunidad autista continuará incrementándose. Cada palabra que se pronuncia públicamente construye o destruye realidades, y la responsabilidad del cambio recae en todos.
El Día Mundial del Autismo, más allá de ceremonias y discursos, debe convertirse en una fecha para exigir a los estados y a la sociedad que asuman su rol y cumplan con los derechos postergados de miles de ciudadanos autistas.
