La Fiscalía de Bolivia anunció el inicio de una investigación por el delito de tráfico de tierras y organización criminal en contra de los dirigentes indígenas implicados en los contratos de alquiler de tierras comunitarias a un estado ficticio denominado Kailasa.
El caso se dio a conocer gracias a una investigación del periódico El Deber que reveló los convenios entre dirigentes de los pueblos indígenas Cayubaba, Baure y Esse Ejja -los tres ubicados en los departamentos de Beni y Pando, en la Amazonía boliviana- con los representantes de Kailasa, en los cuales se les arrendaba un total de 481.000 hectáreas a cambio de una renta anual de entre 28.000 y 180.000 dólares. Según los documentos, los contratos serían renovados de manera automática y “a perpetuidad”.
En la denuncia realizada ante la Fiscalía General del Estado por la diputada Maria René Álvarez, se presentaron los “convenios bilaterales” entre Bolivia y el estado ficticio. Sin embargo, éstos no cuentan con el aval de la Asamblea Legislativa Plurinacional como corresponde para ese tipo de documentos, según explicó el fiscal departamental de Beni, Gerardo Balderas, a los medios locales.
Cinco días después de que se diera a conocer la existencia de los acuerdos de arrendamiento, la Cancillería boliviana emitió un comunicado en el que negó tener relaciones con el estado ficticio y aclaró que éste no está reconocido por la comunidad internacional.
Sin embargo, representantes de Kailasa estuvieron en un acto público con el presidente Luis Arce. De ese evento queda una fotografía en la que se ve al primer mandatario recibir un libro de manos de una mujer miembro de este grupo, durante la celebración de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) el pasado 3 de octubre. El Gobierno no ha hecho referencia a este encuentro.
Tras destaparse el escándalo por tráfico de tierras, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, indicó en una entrevista televisiva que “el gobierno nunca ha avalado ni lo hará este tipo de contratos ocultos” y, días más tarde, la Dirección Nacional de Migración deportó a 20 ciudadanos extranjeros, de diversas nacionalidades, que hacían parte de la organización Kailasa en Bolivia.
Según las leyes bolivianas, los pueblos indígenas tienen autonomía para gestionar su territorio pero las relaciones con otros estados y el resguardo de la soberanía nacional son competencia exclusiva del Gobierno central.
El supuesto estado se asemeja más a una secta religiosa que a un país. Según sus líderes, las tierras de “Estados Unidos de Kailasa” se perdieron bajo el océano Índico, lo que llevó a su gente a buscar nuevos territorios. Detrás de esta trama está el autoproclamado dios hindú Swami Nithyananda, quien se presenta como “fundador” del país desde 2019 y que estuvo involucrado en denuncias de violencia sexual en su país de origen.
En búsqueda de tierras, los miembros de la secta llegaron antes a Ecuador, Paraguay y Estados Unidos, donde también tuvieron encuentros con funcionarios públicos que desataron polémica.
Algunos expertos consideran que los miembros de la secta tenían intereses financieros en Bolivia vinculados a los bonos de carbono. El Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social publicó un informe en el que relaciona el “alquiler” de tierras con la mercantilización del medioambiente y de los recursos naturales como “una falsa solución a los impactos generados por el cambio climático y las actividades extractivas”.
