La crisis económica que enfrenta Bolivia ha incrementado la venta ilegal de productos en las fronteras, una práctica que el Gobierno de Luis Arce denomina “contrabando a la inversa” y a la que le atribuye parte del problema inflacionario que atraviesa el país desde hace más de un año.
En ese marco, las autoridades bolivianas intensificaron esta semana los controles en los pasos fronterizos no autorizados con Argentina, al sur del país, con el objetivo de frenar la venta de productos esenciales y garantizar “precios justos” en el mercado local. Efectivos de de la Policía Militar fueron desplegados en distintos puntos de la frontera, específicamente en los municipios de Villazón y Bermejo, en los departamentos de Potosí y Tarija, respectivamente.
Según los medios locales, el operativo se centra en evitar la venta ilegal de alimentos de la canasta básica, combustibles subvencionados y garrafas de Gas Licuado. En diciembre, el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, manifestó que Bolivia “alimenta” a ciudades fronterizas, a donde llega una gran variedad de productos locales.
“Los bolivianos no solamente estamos atendiendo la demanda de nuestro mercado, sino también estamos alimentando a las ciudades vecinas o fronterizas con nuestro país”, manifestó Silva, citado por el periódico Opinión. El funcionario explicó que los precios de los productos de la canasta familiar en Bolivia son más bajos que los de los países vecinos y eso incentiva a que los intermediarios desvíen aceite, arroz, huevo, gas y otros productos que son comercializados a un precio internacional.
El año pasado la inflación rozó el 10%, la cifra más alta desde 2008, lo que provocó el encarecimiento de algunos productos de la canasta familiar y llevó a la administración de Luis Arce a dictar algunas medidas como vetar las exportaciones de ciertos productos, realizar operativos para evitar el agio y la especulación, y reforzar los controles fronterizos mediante brigadas terrestres y vigilancia aérea.
Adicionalmente a los productos alimenticios, se evidenciaron redes de contrabando de combustible. El precio de la gasolina y el diésel en Bolivia es comparativamente más bajo que el de los demás países de la región debido a que el Estado subvenciona ambos productos. El litro de ambos carburantes tiene un precio aproximado de 0,53 dólares, lo que representa casi una tercera parte del precio internacional.
Según datos del Gobierno, Bolivia pierde 600 millones de dólares anuales por el “contrabando a la inversa” de combustible.
Este último año, la situación se ha tornado crítica debido a que el país atravesó varios periodos de desabastecimiento de carburantes que provocaron extensas filas en los distribuidores para cargar los tanques. El Gobierno admitió dificultades para la importación por falta de dólares y dijo que no podía abastecer el 100% de la demanda interna, por lo que también se establecieron controles para evitar la fuga de diésel y gasolina.
El viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Luis Amilcar Velásquez, informó que también se intensificó la presencia militar en otros puntos fronterizos para realizar un control más riguroso de la fuga de combustibles, que incluye la supervisión en estaciones de servicio y de cisternas.
