El presidente de Bolivia, Luis Arce, decretó este miércoles emergencia nacional para atender los efectos de las lluvias que golpean el país desde finales de noviembre y han cobrado desde entonces la vida de 51 personas.
Según los reportes oficiales, hay más de 368 mil familias afectadas y damnificadas por las lluvias, inundaciones, derrumbes y desbordes de ríos, de las cuales 818 han perdido sus viviendas. Los daños se han producido en los nueve departamentos y 99 municipios, de 342, se han declarado en desastre.
“Estas lluvias no se han registrado hace más de 40 años, por lo tanto estamos atravesando una situación complicada”, manifestó el primer mandatario rodeado de sus ministros la tarde de este miércoles.
La declaratoria de emergencia nacional permite agilizar la atención de los desastres, gestionar recursos de financiamiento externo, elaborar el plan post inundaciones y movilizar mayores recursos técnicos, logísticos y económicos a los lugares afectados.
Hace unos días, la Asamblea Legislativa aprobó un crédito de 75 millones de dólares de la Corporación Andina de Fomento (CAF) para la atención de desastres naturales y hay otro del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que aún está en proceso de aprobación y que otorgará 250 millones de dólares para los mismos fines.
El pronóstico del Servicio de Meteorología de Hidrología (Senamhi) activó la alerta roja para casi todo el país hasta el 5 de abril, por el riesgo de inundaciones y desborde de ríos. En ese marco, el Gobierno de Arce convocó a los nueve gobernadores a una reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Autonomías para este lunes, 31 de marzo, en la Casa Grande del Pueblo de La Paz.
En los últimos cuatro meses, se han desplegado a más de 4.000 militares, especialmente a las zonas más golpeadas por las lluvias y se ha entregado 234 toneladas de ayuda humanitaria, además de que se desplegaron brigadas médicas móviles y la activación de programas de salud.
Las lluvias han afectado a todo el país de diferente forma. En la zona occidental se han producido desbordes de ríos y deslizamientos de tierra, principalmente en ciudad de La Paz, que han puesto en evidencia la falta de planificación urbana y controles de las normas de construcción. Según el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, la mayoría de las viviendas afectadas estaban en lugares que no eran aptos para el desarrollo inmobiliario.
En noviembre, un deslizamiento de lodo agravado por los movimientos presuntamente ilegales de tierra en la parte alta de la zona de Bajo Llojeta, en la sede de Gobierno, sepultó más 40 viviendas y provocó el fallecimiento de una menor de edad. Semanas más tarde las autoridades locales tuvieron que realizar la evacuación del barrio Codavisa, donde más de 80 familias abandonaron sus viviendas por el riesgo de colapso.
En el área rural fueron más frecuentes los desbordes de ríos y las inundaciones de cultivos, donde varios productores han perdido todos sus sembradíos. “Estos fenómenos están golpeando a la gente más pobre, a los campesinos, los pequeños productores y son daños irreparables, están perdiendo toda su producción”, explicó Calvimontes.
En Santa Cruz, principal región agrícola del país, hay 32 municipios en alerta roja por las inminentes inundaciones y el Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Río Piraí (Searpi) reportó que los cultivos afectados por riadas e inundaciones suman una superficie de 101.000 hectáreas.
La temporada de lluvias suele terminar a finales de marzo, pero según los pronósticos de este año las lluvias se extenderán al menos hasta la primera semana de abril.
