Para quienes recuerdan los últimos diez años de la historia de Brasil, a muchos, la de ayer les pareció una película ya vista. Tras el impeachment de la expresidenta Dilma Rousseff en 2016, la detención de Lula en 2018 en el marco de la operación anticorrupción Lava Jato, ayer fue el turno del expresidente Jair Bolsonaro, acusado por el Supremo Tribunal Federal (STF) de intento de golpe de Estado.
Para el tribunal, Bolsonaro también tendrá que responder por abolición del estado democrático de derecho, organización criminal, daño al patrimonio de la Unión y deterioro de los bienes públicos protegidos por la superintendencia. Junto a él, irán a juicio siete personas o “el núcleo crucial” -como lo llamaron los jueces- de la presunta intentona golpista.
Según la acusación, el grupo también planeó el asesinato de Lula, de su adjunto Geraldo Alckmin y del juez del STF, Alexandre de Moraes, así como incitó al saqueo de los edificios institucionales en Brasilia el 8 de enero de 2023. Entre los acusados figuran los ex ministros de Justicia Anderson Torres, de Defensa Paulo Sérgio Nogueira y de la Casa Civil, Walter Braga Netto.
Comparado con el impeachment de Dilma y el encarcelamiento de Lula esta vez, sin embargo, Brasil no se ha parado. Incluso el despacho de la Cámara de Diputados del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula estaba completamente vacío a pesar de que se había instalado allí una pantalla para seguir la votación en directo. El presidente Lula, que se encuentra en Japón listo para viajar a Vietnam en visita oficial dijo que “no da palpite”, pero, si su antecesor es culpable, deberá ser castigado. “Es evidente que el ex presidente intentó dar un golpe al país. Es visible por todas las pruebas que él intentó contribuir a mi asesinato, al asesinato del vicepresidente y al asesinato del ex presidente de la Justicia Electoral brasileña. Todo el mundo sabe lo que pasó en este país”, dijo Lula. El presidente nacional del PT, Humberto Costa, habló de “un día histórico” y de que “se ha iniciado un proceso de justicia y reparación”.
En cuanto a los aliados de Bolsonaro, apuntan principalmente a la caravana de manifestaciones de apoyo a la ley de amnistía e indirectamente a Bolsonaro. La primera tuvo lugar en Río de Janeiro el 16 de marzo, pero en lugar del millón de manifestantes que se esperaba, sólo acudieron unos pocos miles. La próxima está prevista para el 6 de abril en San Pablo y de ahí en una gira que tocará todo Brasil.
Bolsonaro quiso asistir el martes al debate del STF, mientras que ayer siguió la votación desde el Senado. Antes de hablar con la prensa durante 50 minutos, comentó en sus redes sociales la decisión del tribunal, señalando la politización del juicio que ahora le espera y en el que se enfrenta a una pena de hasta 43 años de prisión. Refiriéndose a los jueces, el ex presidente escribió que “tienen prisa. Mucha prisa. El proceso contra mí avanza por lo menos 10 veces más rápido que el de Lula en Lava Jato. ¿Y la razón? Ni siquiera intentan ocultarlo. La propia prensa informa, abiertamente y sin ambages, que la motivación no es jurídica, sino política. El tribunal está tratando de evitar que yo sea juzgado en 2026, porque quieren evitar que salga libre en las elecciones. Saben que, en una competencia justa, no hay candidato que pueda vencerme”, escribió en su perfil X.
En realidad, Bolsonaro es, por la justicia electoral brasileña, inelegible hasta 2030, aunque el movimiento en curso para aprobar el proyecto de ley de amnistía podría beneficiarle. El proyecto de ley 2858/2022, redactado por el diputado Vitor Hugo, del Partido Liberal, el PL del ex presidente, pretende amnistiar especialmente a los condenados por las invasiones del 8 de enero de 2023 a los edificios institucionales de Brasilia, que se cuentan por centenares. El texto establece que serán amnistiados “manifestantes, camioneros, empresarios y todos los que participaron en manifestaciones en carreteras nacionales, frente a unidades militares o en cualquier parte del territorio nacional desde el 30 de octubre de 2022 hasta la fecha de entrada en vigor de esta ley”. Pero la amnistía también incluiría “delitos políticos o conexos y delitos electorales”. Aunque Bolsonaro y todos los demás acusados no participaron en los sucesos del 8 de enero, los delitos de los que se les acusa podrían calificarse de “conexos”. Según una encuesta reciente del diario O Estado de São Paulo, más de un tercio de los 513 diputados de la Cámara apoyan este proyecto de ley.
En su discurso de ayer ante el Senado, Bolsonaro volvió a defender la amnistía, argumentando que permitiría a Brasil “hacer borrón y cuenta nueva y volver a la normalidad” y dijo provocativamente que, si no puede presentarse a las elecciones presidenciales de 2026, la primera, segunda y tercera opción para el centro derecha son “Jair, Messias o Bolsonaro”. Luego atacó a los jueces y volvió a cuestionar el funcionamiento del sistema electoral brasileño. “La diferencia fue de 2 millones de votos y el Tribunal Superior Electoral (TSE) hizo campaña para que votaran los jóvenes, y los jóvenes votan a la izquierda”, afirmó. En cuanto a la decisión del STF, dijo que ya sabía cómo terminaría. “Parece que hay algo personal contra mí, y las acusaciones son muy graves e infundadas”, añadió.
Entre los puntos de la denuncia contra Bolsonaro considerados débiles por los expertos está la acusación de que quería que Lula, su adjunto Geraldo Alckmin y el mismo juez Moraes, en el momento de los hechos presidente del TSE, fueran asesinados. La acusación se basa en un mensaje del general Mario Fernandes, ex número dos de la Secretaría General de la Presidencia, al edecán de Bolsonaro, el teniente coronel Mauro Cid, cuya confesión es la parte principal de toda la acusación. Pero el propio Cid dijo desconocer si el ex presidente estaba al tanto del plan.
João Pedro Pádua, profesor de derecho procesal penal de la Universidad Federal Fluminense (UFF), dijo a BBC Brasil que “el hecho de que Cid no haya confirmado debilita esta acusación por falta de pruebas concretas”. También se considera frágil la implicación de Bolsonaro en los hechos del 8 de enero. “No tenemos pruebas muy convincentes de que él haya determinado, ordenado o de alguna manera participado en todo esto”, dijo Davi Tangerino, profesor de Derecho Penal de la Universidad Estatal de Río de Janeiro (Uerj), recordando que Bolsonaro ya no era presidente en ese momento. “Él ya no tenía el deber de impedir que los presuntos crímenes tuvieran lugar”, agregó, sobre todo porque el ex presidente estaba en Florida, EEUU, en ese momento.
En cambio, la narración de los hechos y el conjunto de pruebas son sólidos, según algunos expertos. En el derecho penal brasileño, una persona puede ser juzgada e condenada si existen pruebas explícitas de su participación en el acto delictivo, las llamadas pruebas circunstanciales. Es el caso, por ejemplo, según esos expertos, del testimonio del general Freire Gomes, entonces comandante del Ejército, que dijo haber rechazado la petición de Bolsonaro de apoyar el plan golpista. El general confirmó la declaración de Mauro Cid de que había asistido a una reunión con el entonces presidente, durante la cual se presentó un proyecto para declarar el estado de sitio en el país.
Y ahora, ¿qué escenarios se avecinan para Bolsonaro? La primera gran incógnita se refiere a su posible detención. Es cierto que, según la legislación brasileña, un acusado sólo puede ser detenido al final del proceso judicial, cuando se ha dictado sentencia y se han agotado todas las posibilidades de recurso. Sin embargo, en Brasil, una persona puede ir a la cárcel antes de una condena o incluso antes de que haya comenzado el juicio, si el tribunal considera que supone un riesgo para la sociedad o para el desarrollo del proceso. Y este podría ser un escenario posible para Bolsonaro. El ex ministro de la Casa Civil Braga Netto, por ejemplo, está en prisión preventiva desde diciembre, acusado de intentar obstruir investigaciones.
El juicio contra el ex presidente debe concluir a finales de año para evitar la “contaminación”, esta es la palabra utilizada por los jueces, con las elecciones presidenciales previstas para octubre de 2026. Bolsonaro no podrá apelar porque ha sido juzgado por el máximo tribunal del país, el STF. El otro escenario posible podría ser el de una huida del ex presidente a Estados Unidos. Objetivo: reunirse con su hijo Eduardo, que la semana pasada dimitió como diputado y salió de Brasil para pedir el apoyo de Trump a su padre. Paradójicamente, el juez Moraes citó ayer en la sala de audiencias a Donald Trump al afirmar que el presidente estadounidense había elogiado el sistema electoral brasileño, mientras que en Brasil, dijo Moraes, el ex director general de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) había desacreditado el sistema. El juez se refirió a una declaración de la Casa Blanca en la que se elogiaban los sistemas electorales de Brasil e India, y a la presencia de Alexandre Ramagem, ex director de Abin, entre los 7 acusados.
Sea cual sea el escenario, lo único cierto es que la polarización política crecerá aún más entre los ciudadanos brasileños, con el riesgo de que también aumente la desconfianza en el sistema judicial, como ocurrió con las condenas, la detención y la sucesiva liberación de Lula. Ayer, un camionero intentó atropellar una base de la Policía Federal de Carreteras en el Distrito Federal, no lejos de Brasilia, donde el STF decidía la suerte de Bolsonaro. En un video que circuló por la red, el hombre afirmó que su gesto tenía fines políticos porque estaba en contra del juicio contra Bolsonaro. El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Ricardo Lewandowski, ordenó a la Policía Federal investigar este caso.
Según datos recogidos por AP Exata - Inteligencia Digital, que analizó 212 mil publicaciones en X, Instagram y Facebook los días 25 y 26 de marzo, el 47,1% de ellas celebraron la decisión del STF. Otro 44,4% expresó su apoyo al ex presidente, mientras que el 8,5% se limitó a informar de la noticia sin tomar posición. El apoyo a Bolsonaro proviene principalmente de su núcleo más leal de partidarios, que insisten en la narrativa de la persecución política. Sin embargo, su número no parece aumentar. Por el contrario, los que aprobaron la decisión del STF son un grupo más diverso, que incluye tanto a fervientes partidarios del PT como a personas con posiciones más moderadas, que, aunque no estén cerca de Lula, ven la acusación contra Bolsonaro como un medio para proteger la democracia. “Mientras tanto, la vida cotidiana del país se impone. El ciudadano medio se preocupa por el supermercado, la seguridad del barrio y las facturas que pagar. Para mejorar la vida de la gente, necesitamos respuestas prácticas. Algo que ni el actual Gobierno, con su vacilante gestión, ni el anterior presidente, sumido en ilusiones egoístas, han sido capaces de ofrecer”, escribe Sergio Denicoli en O Estado de São Paulo.
