Un diputado boliviano reveló que una mujer visita la Asamblea Legislativa Plurinacional para ofrecer servicios sexuales de menores de edad a los legisladores. En una rueda de prensa, el diputado oficialista Rolando Cuéllar dijo que esta persona también obtiene los números telefónicos de los parlamentarios y los contacta directamente. “Nosotros fuimos víctimas, pero rechazamos las llamadas. Vamos a mostrar al país las fotografías, el nombre de esta proxeneta y coordinar con la Cámara de Diputados para que sea aprehendida en la puerta del Parlamento”, declaró.
La revelación generó el rechazo de varias parlamentarias por su falta de acción inmediata. La diputada Samantha Nogales expresó su preocupación por este caso y lamentó que su colega no haya presentando una denuncia ante las instancias correspondientes. “El hecho de que él haya recibido llamadas de una proxeneta y no la hubiera denunciado lo hace encubridor de este delito. Espero que se haga responsable de sus declaraciones”, manifestó en conferencia de prensa y anunció que llevará el caso ante la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados.
De igual forma, la diputada Elena Pachacute dijo que se siente “avergonzada” como mujer por la existencia de redes de proxenetismo en el Órgano Legislativo y dijo que es “indignante” que Cuéllar y los demás diputados que sabían de este caso no se hubieran pronunciado antes.
No es la primera vez que el primer órgano del Estado boliviano está envuelto en este tipo de controversias. En el año 2015, un reportaje periodístico del diario El Deber reveló la existencia de redes de proxenetismo en la Asamblea Legislativa en base al testimonio de nueve legisladores. Según esa publicación, los parlamentarios recibían tarjetas de locales nocturnos y “catálogos” de mujeres desnudas en sus escritorios.
El ex diputado Galo Bonifaz confirmó al periódico cruceño que algunos “malos diputados” avalaron el ingreso de las personas que ofrecían “sexo a la carta” para los asambleístas y el personal jerárquico. Tras la publicación del reportaje, los presidentes de ambas cámaras y los jefes de bancada, enviaron una carta para solicitar la aclaración de las“generalizaciones” que se hicieron en la nota periodística.
Investigación a un diputado
La declaración de Cuéllar se dio en medio de una investigación que la Fiscalía de Bolivia abrió en contra el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Juan José Jáuregui, por el presunto delito de violación sexual contra una menor de 12 años.
La denuncia fue presentada por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del departamento de Oruro, y señala que el legislador habría pagado el equivalente a 30 dólares para mantener relaciones con la víctima en noviembre de 2024. Según la acusación, la menor se negó en el interior del motel, pero habría sido golpeada por el legislador para obligarla a tener relaciones sexuales.
Es la segunda vez que Jáuregui es acusado por este tipo de delito. En el 2023, el legislador también fue denunciado por abuso sexual pero la Fiscalía rechazó investigar el proceso.
Con esos antecedentes, la diputada Nogales exigió que Jáuregui sea suspendido de sus funciones mientras dure la investigación, para evitar injerencias en el proceso judicial. “Un parlamentario no puede seguir ejerciendo sus funciones como si nada hubiera pasado cuando tiene una denuncia por segunda vez por delitos sexuales contra una menor de edad”, manifestó.
