La Corte Suprema de Brasil postergó para este miércoles su decisión sobre si acepta juzgar al ex presidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado, tras una primera audiencia celebrada este martes que contó con la inesperada presencia del ex mandatario en la sala del tribunal.
El magistrado Cristiano Zanin suspendió la sesión hasta las 09:30 locales del miércoles (12:30 GMT) para dar paso a la votación sobre la denuncia formal presentada por la Fiscalía General. La acusación, sustentada en manuscritos, archivos digitales, hojas de cálculo e intercambios de mensajes, sostiene que Bolsonaro lideró una organización criminal que planificó impedir la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva, ganador de las elecciones de octubre de 2022.
Bolsonaro, de 70 años, fue el único de los ocho acusados que asistió a la audiencia en Brasilia. Se sentó en la primera fila, frente al estrado de los magistrados, y escuchó las más de seis horas de deliberaciones con gesto serio. En una nota difundida previamente, afirmó que enfrenta “la mayor persecución político-judicial de la historia de Brasil”, motivada por intereses que buscan impedir su participación en los comicios presidenciales de 2026, a los que aspira pese a estar inhabilitado hasta 2030.
Durante la audiencia, el fiscal general Paulo Gonet reiteró que el objetivo de la supuesta conspiración era “mantener a Jair Bolsonaro en el poder”. Según el Ministerio Público, la trama incluyó la redacción de un decreto que declararía un estado de defensa para revisar el proceso electoral, y contemplaba incluso el asesinato del presidente Lula y del juez Alexandre de Moraes, quien instruye el caso.
“La organización tenía como líderes al propio presidente de la República y a su candidato a la vicepresidencia”, afirmó Gonet en referencia a Walter Braga Netto, general retirado y ex compañero de fórmula de Bolsonaro. Para la Fiscalía, hubo una “cadena de acontecimientos articulados” con el fin de impedir el traspaso de poder mediante la fuerza o la amenaza.
La denuncia también vincula al expresidente con la invasión violenta del 8 de enero de 2023 a las sedes del Supremo Tribunal Federal (STF), el Congreso y el Palacio del Planalto, una semana después de la asunción de Lula. En ese momento, Bolsonaro se encontraba en Estados Unidos.
La defensa del ex mandatario, encabezada por el abogado Celso Sanchez Vilardi, solicitó la anulación del principal testimonio del caso, prestado por el teniente coronel Mauro Cid, ex ayudante de órdenes de Bolsonaro. Vilardi denunció irregularidades en el interrogatorio y afirmó que Cid “se adaptó a las pruebas” presentadas por el Estado, sin declarar de forma espontánea como exige la ley en los acuerdos de colaboración premiada.
Vilardi sostuvo que “contra el expresidente no se halló absolutamente nada” y lo calificó como “el mandatario más investigado de la historia del país”. También negó que existan documentos que lo comprometan y rechazó cualquier implicación en planes para atentar contra Lula, el vicepresidente Geraldo Alckmin o el propio Moraes.
La primera sala del STF, compuesta por cinco magistrados, debe determinar si existen elementos suficientes para abrir un proceso penal contra Bolsonaro y otros siete acusados, señalados como “el núcleo crucial” de la conspiración. Entre los jueces que tomarán la decisión figuran el propio Moraes, el exministro de Lula Flávio Dino y Zanin, quien fue abogado personal del actual presidente.
El bolsonarismo denunció conflicto de intereses y pidió apartar a tres jueces del caso, lo que fue rechazado por el tribunal. En su defensa pública, Bolsonaro cuestionó la imparcialidad del juez instructor: “El juez pitó en contra antes incluso del inicio del partido. Y además es el VAR, el juez de línea, el técnico y el delantero del equipo adversario. Todo en una sola persona”, escribió en la red X.
Pese a su inhabilitación, el exmandatario mantiene aspiraciones políticas y ha expresado su intención de postularse en 2026. “Por el momento, soy candidato”, declaró este mes. Comparó su situación con la de Donald Trump, con quien busca identificarse, y dijo esperar que el mandatario estadounidense tenga “influencia” a su favor.
Mientras tanto, Lula, de 79 años, no ha definido si buscará la reelección en medio de una caída en su popularidad, lo que aumenta la incertidumbre sobre el escenario electoral de Brasil. La decisión de la Corte sobre Bolsonaro, prevista para este miércoles, marcará un punto de inflexión en esa disputa.
(Con información de AFP y EFE)
